Los testimonios de las crueles torturas en la cárceles de Nayib Bukele en El Salvador

Cuando la madre de Marcos* lo vio en un tribunal de El Salvador, después de varios días sin tener noticias de él desde que agentes de la policía se lo llevaron de la casa familiar, se dio cuenta que su hijo, de 14 años, tosía sangre. A la mujer le quedó el consuelo, aquel día, de que un juez no encontró méritos para que el joven siguiera detenido.

Marcos es una de las 2,077 personas cuyas capturas han sido denunciadas como detenciones arbitrarias por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) en el marco del régimen de excepción en que vive El Salvador desde marzo pasado. Esta semana, la Asamblea Legislativa, controlada por el presidente Nayib Bukele, decretó una quinta prórroga de este régimen, que limita libertades constitucionales de los salvadoreños.

Desde marzo, entre 45,000 y 50,000 personas han sido detenidas bajo acusaciones de pertenecer o colaborar con las pandillas MS13 y Barrio 18, aunque es imposible verificar de forma independiente la cifra exacta debido a que el gobierno ha cerrado todos los accesos a la información pública a través de medidas administrativas y reformas legales.

De acuerdo con un reporte que el Observatorio Universitario de Derechos Humanos publicó en julio pasado, a propósito de los 100 días del régimen de excepción, 251 detenidos han denunciado golpizas y a tratos crueles e inhumanos que la Organización de Naciones Unidas (ONU) entiende como tortura. El de Marcos es uno de esos casos.

Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) visitaron la casa de Marcos por primera vez a finales de abril. Lo capturaron el 3 de mayo. Cuando sus familiares preguntaron la razón del arresto, los policías dijeron: “Lo sabrán en su momento”. A partir de entonces, el adolescente se enfrentó, solo, al terror que se esconde tras el régimen de excepción apadrinado por el gobierno de Nayib Bukele.

Las torturas, según el relato que el adolescente compartió luego con trabajadores del IDHUCA, empezaron cuando Marcos llegó a la delegación policial donde lo mantuvieron por un tiempo. Los policías lo vapulearon y, usando las mismas técnicas que escandalizaron al mundo a principios de siglo cuando soldados estadounidenses las usaron contra detenidos en la bahía de Guantánamo, lo sumergieron en un depósito de agua hasta casi dejarlo sin respiración.

El catálogo, según el testimonio del joven, también incluyó las macabras técnicas que usaron las dictaduras suramericanas de los 70. A Marcos le apretaron las uñas con pinzas y alicates. La PNC, dice el informe universitario, ocupó las torturas para obligar al joven a confesar que era miembro de las pandillas.

A las vejaciones que sufrió en el recinto policial siguieron, durante 12 días, más maltratos en el centro de resguardo juvenil a donde lo enviaron luego. Ahí, a Marcos lo metieron en una pequeña celda junto a otros 12 jóvenes, estos sí miembros de pandillas. Custodios del resguardo y pandilleros se turnaron durante este tiempo para propinar golpizas a Marcos.

De acuerdo con una investigación reciente del periódico salvadoreño El Faro, cientos de las capturas que ha hecho la policía salvadoreña durante el régimen de excepción no están basadas en investigaciones previas, ni siquiera en indicios mínimos de prueba, sino en protocolos antojadizos, como que los policías pueden detener a jóvenes que se muestren “nerviosos”.

En este contexto, parece que para los policías no está de más llevar ante los jueces confesiones forzadas, como la que los agentes pretendieron sacar a Marcos a fuerza de torturarlo.

A principios de junio, La ONU pidió al Estado salvadoreño explicaciones de lo que está pasando en sus centros de detención por “la posibilidad de un patrón de detenciones arbitrarias, así como eventuales abusos que pueden ser constitutivos de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes”. El gobierno de Bukele respondió con un reporte que no reconoce los abusos, oculta cifras y está lleno de ambigüedades.

La tortura no es una acusación nueva contra la PNC de El Salvador: es una denuncia que acecha a esta policía desde que fue fundada hace 30 años como parte de los Acuerdos de Paz firmados entre el gobierno del país y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en 1992. Pero nunca, como ahora, las denuncias aparecieron de forma tan clara como parte de un patrón de abusos a los derechos humanos de los salvadoreños, como lo reconoce la misma ONU.

Ya a mediados de la década 2000 la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) había documentado que algunos oficiales de policía, junto a agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), utilizaban torturas para extraer confesiones de sospechoso que, luego, intentaban utilizar para ganar casos en los tribunales. En su momento, la PDDH no denunció a esos agentes del Estado con nombres y apellidos, pero estos se conocerían en investigaciones posteriores.

Dos de esos funcionarios, señalados por torturas entonces, ocupan puestos de poder en el gobierno de Nayib Bukele. Uno de ellos es Rodolfo Delgado, el fiscal general elegido por los diputados del presidente, y el otro es Douglas Omar García Funes, subdirector de la PNC, también nombrado por Bukele. Otro oficial con una hoja de vida manchada es Mauricio Arriaza Chicas, el director de la Policía. Delgado y Arriaza son, junto al ministro de seguridad Gustavo Villatoro, los rostros visibles del régimen de excepción. García Funes es, según dos oficiales de la PNC consultados por Infobae, el que maneja los operativos de detenciones masivas desde las sombras.

A Rodolfo Delgado lo nombró torturador en 2015 Wilfredo Rivera Torres, un indocumentado salvadoreño detenido en Estados Unidos. En documentos judiciales anexos a un proceso de refugio solicitado por Rivera Torres a las autoridades migratorias estadounidenses, de los que Infobae tiene copia, consta que este hombre denunció a Delgado por someterlo a torturas para que confesara su participación en El Salvador en el asesinato de Gilberto Soto, un sindicalista salvadoreño-estadounidense.

Congresistas estadounidenses que se interesaron por el caso de Soto, como el demócrata de Massachussets James McGovern, pidieron a tres fiscales generales de El Salvador que investigaran todas las acusaciones que surgieron en torno al asesinato del sindicalista, incluidas las que apuntaban hacia Delgado, entonces fiscal especializado en crimen organizado. La investigación nunca ocurrió y Delgado siguió haciendo carrera en la FGR. Hoy es el fiscal general.

A García Funes, quien en 2010 fue investigado por posibles nexos con el narcotráfico, agentes de la PDDH lo ubicaron también como parte de una estructura de la PNC que, algunos años después de la fundación de la policía, recurrían a la tortura para extraer confesiones.

En el reporte de 2007, la procuraduría recogió datos sobre denuncias de torturas que había recibido a inicios de la década. “En el período 2001-2003, la PDDH también identificó el resurgimiento de prácticas de tortura por miembros de la PNC, principalmente en casos en que intervinieron unidades especializadas, bajo la dirección o anuencia de las altas autoridades de la policía”, dice ese informe. Dos investigadores que trabajaron en el reporte, y quienes hablaron con Infobae desde el anonimato por seguridad, confirmaron que el nombre de García Funes aparece en esa investigación.

A Arriaza Chicas, el director policial, le persigue desde 2017 el señalamiento de que toleró y encubrió el asesinato de una agente a manos de un oficial de los grupos especializados de la policía. El crimen ocurrió cuando Arriaza era el máximo responsable de las unidades especiales. Aquel año, la ONU también mostró preocupación por denuncias de que esas y otras unidades de la PNC estaban embarcadas en ejecuciones extrajudiciales.

En la actualidad, durante el régimen de excepción de Bukele, hay denuncias similares.

El reporte del Observatorio Universitario de Derechos Humanos habla de 123 muertes violentas registradas desde que inició el régimen de excepción, y dice que las mismas ocurrieron en supuestos enfrentamientos entre policías y pandilleros, como producto de golpizas y otros abusos en las cárceles o a manos de grupos de exterminio en los que es posible que hayan participado agentes del Estado.

Empezó como suele empezar cada vez que la Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por diputados bukelistas, se disponen a aprobar una nueva prórroga al régimen de excepción. Empezó con los diputados de Bukele utilizando redes sociales para justificar la medida, para alabar la política de seguridad del presidente y para atacar, acusando de aliarse con las pandillas, a quienes se oponen a ella.

El siguiente acto: Gustavo Villatoro, el ministro de seguridad, aparece en la Asamblea junto a Ernesto Castro, el presidente legislativo, y se fotografían con el documento que justifica la prórroga. Luego, los diputados de Bukele votan y todo queda arreglado. Así se aprobó, el martes 16 de agosto, la quinta extensión del régimen de excepción. Ese mismo día, el historiador salvadoreño Héctor Lindo recordó que Maximiliano Hernández Martínez, uno de los dictadores más sanguinarios en la historia salvadoreña, renovó un estado de excepción similar al de Bukele 13 veces.

La propaganda de Bukele se ha concentrado, desde que el régimen inició, en destacar la baja de homicidios. El mismo presidente ha proclamado que, desde marzo pasado, El Salvador ha vivido 77 días sin asesinatos, algo que es cuestionado por analistas. Edwin Segura, jefe de la unidad encuestadora y de análisis de datos del periódico La Prensa Gráfica, tuiteó al respecto: “¿77 días sin homicidios? Eso dice el gobierno, y no hay forma de constatarlo. La cantidad de homicidios ha bajado constantemente desde 2015. Del resto de delitos, algunos muy graves -extorsiones, violaciones y asaltos había poca reducción o aumento”.

De lo que no habla la propaganda de Bukele es del pacto que el presidente y su gobierno hicieron con los líderes pandilleros de la MS13 y el Barrio 18, el cual según han reconocido investigadores estadounidenses y salvadoreños ha sido esencial para la baja de homicidios y también sirvió de apoyo electoral al partido del presidente.

Uno de los principales beneficios del pacto para reconocidos líderes pandilleros solicitados en extradición por la justicia de Estados Unidos, donde se les acusa de terrorismo y otros crímenes, es que funcionarios del gobierno les han ayudado a salir de prisión, huir de El Salvador y evitar así el viaje a una cárcel estadounidense. Tales son los casos de Élmer Canales Rivera, alias Crook, y de Moisés Humberto Rivera Luna, alias Viejo Santos.

Mientras los líderes de la MS13 se escabullen con la ayuda del gobierno Bukele, su policía persigue a jóvenes como Marcos, el adolescente que denunció haber sido vapuleado una y otra vez y haber sido sometido torturas como la asfixia con agua y la aplicación de alicates en su cuerpo. Luego de que su madre lo vio toser sangre en el tribunal del juez que finalmente lo dejó libre por falta de pruebas, el suplicio continúo: la PNC que obedece al presidente de El Salvador siguió acosándolo en su casa. Marcos y su madre tuvieron que irse, huir del Estado.

*Los nombres en esta historia se han cambiado por seguridad.

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