![Policías antimotines impidieron que monseñor Rolando Álvarez saliera de su casa a oficiar una misa este jueves, un día antes del arresto (Foto Diócesis de Matagalpa)](https://www.infobae.com/new-resizer/VrAOlqWXri7MX_hGvkALG5Pxhrc=/420x236/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/PHVSNSSHD5EHZL4CMTT3NG3OT4.jpg 420w)
Ante la renovada embestida del régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica, en un recrudecimiento de los derechos en Nicaragua, crecen los reclamos para una mayor acción internacional que evite una profundización de la crisis.
La ONG Save Democracy emitió un comunicado en el que destacaron que “En Nicaragua la separación entre poderes ha sido borrada, no existe la libertad de expresión, y la opinión y el disenso se encuentran absolutamente criminalizados”, en especial tras el arresto del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, por parte de agentes policiales.
“Hacemos un llamado a la comunidad democrática internacional, al Papa Francisco y, de manera solidaria, a todas las iglesias para que a través de su intervención se establezca una mesa de diálogo que conduzca a la liberación de los cientos de presos políticos, que culmine con los procedimientos ilegales y abusivos como las detenciones arbitrarias e injustamente prolongadas, y para que se ponga fin a toda violación de derechos humanos”, indicó la organización.
Al respecto, este domingo el papa Francisco manifestó su “preocupación y dolor” por la “situación que se ha creado en Nicaragua”, pero evitó mencionar puntualmente la detención del obispo.
Save Democracy agregó que “el régimen Orteguista ha optado de manera creciente por radicalizar y extremar la represión para neutralizar toda oposición sea esta militante, partidaria o discursiva”.
Por ello, la misiva pide acciones “para evitar un derramamiento de sangre”. Según delinearon, la acción debe realizarse “en atención a los distintos mandatos jurídicos, éticos y morales que recaen sobre las distintas instituciones aludidas, en favor de una salida humanitaria para el conjunto de las mujeres y hombres nicaragüenses, sean de la religión o ideología que fuere, en la defensa de sus derechos humanos”.
La ONG apuntó que en Nicaragua hay una “agudización de un patrón autocrático que se repite en todo régimen populista autoritario”, en el que identifican también al presidente salvadoreño Nayib Bukele. “Este patrón autocrático debe ser advertido y condenado por la comunidad democrática internacional, so pena de aceptar que se extienda su irrefrenable toxicidad antidemocrática a toda la región, como consigna de impunidad en sus acciones para mantener el poder a toda costa”.
En lo que va de año las autoridades han encarcelado a sacerdotes y expulsado del país a otros incluyendo a monjas de las misioneras de la orden Madre Teresa de Calcuta. El régimen sandinista también ha cerrado ocho radioemisoras católicas y sacado de la programación de la televisión por suscripción a tres canales católicos.
![Arresto del obispo, el viernes](https://www.infobae.com/new-resizer/jNHXeCTh38eJA9flBrVsazRT1xM=/992x606/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/TE3WH77HSJC55CMG6VCZA54TH4.jpg 992w)
Rolando Álvarez, crítico de Ortega, fue detenido el viernes y trasladado a su residencia familiar en Managua donde permanece privado de libertad, en el último episodio del enfrentamiento entre el gobierno y la Iglesia católica. La Policía precisó que tomó la decisión de trasladar a Álvarez debido a que persistía en sus actividades “desestabilizadoras y provocadoras”.
Álvarez, de 55 años, estaba sitiado en la curia de Matagalpa por la policía desde el 4 de agosto en el marco de una pesquisa por “organizar grupos violentos” e incitar al “odio” para “desestabilizar al Estado de Nicaragua”.
El obispo había denunciado el cierre por parte de las autoridades de cinco emisoras católicas y había reclamado al gobierno de Daniel Ortega respeto a la “libertad” religiosa.
Ortega califica de “golpistas” y “terroristas” a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional para buscar una salida pacífica a la crisis que vive el país desde abril de 2018.
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