Quién es Ricardo Méndez Ruiz, el empresario guatemalteco que está detrás de los arrestos de periodistas y fiscales anticorrupción

A Leily Santizo la fotografiaron, sin que ella lo supiera, durante la única hora del día en que sus carceleros le permitían tomar el sol en Mariscal Zavala, la prisión en que el gobierno la había metido en febrero de este año como represalia por los casos en los que trabajó cuando era investigadora de redes de corrupción en Guatemala.

Santizo, abogada, fue mandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el organismo supranacional que llegó al país centroamericano en 2007 tras la firma de un convenio entre la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el gobierno guatemalteco para apoyar a la fiscalía local en casos complejos de crimen organizado. CICIG tenía independencia para investigar y sus agentes podían acompañar a los fiscales del Ministerio Público (MP) en las cortes. Para ello se creó la figura de mandatarios, que eran estos agentes que investigaban y litigaban.

Tras la salida de CICIG del país, en 2019, el mismo MP, controlado ya por funcionarios afines a las redes de corrupción que la comisión había investigado, inició una cacería de brujas contra investigadores como Santizo.

El 10 de febrero de este año, por orden del MP de la fiscal general Consuelo Porras, designada por Estados Unidos como funcionaria corrupta y antidemocrática, Santizo fue arrestada bajo cargos de colusión y obstrucción a la justicia. Los fiscales pidieron la reserva del caso, con lo que hasta ahora es imposible saber a ciencia cierta de qué la acusan, y ella, bajo riesgo de acumular más procesos legales, tampoco puede comentar al respecto.

La investigadora se dio cuenta de que la habían fotografiado cuando, durante una audiencia judicial, alguien le mostró las imágenes que circulaban en redes sociales. Algunas de las cuentas de Twitter en las que se habían publicado las imágenes de Santizo en Mariscal Zavala están relacionadas con la Fundación Contra el Terrorismo, una organización no gubernamental guatemalteca, creada en 2013 por el activista y empresario de ultraderecha Ricardo Méndez Ruiz. Las descripciones no son gratuitas; así se nombra él mismo en la mini-biografía en su cuenta de Twitter: Empresario. Activista de ultraderecha, dice la bio, que añade otra medalla: “Incluido en la lista Engel por defender a nuestros veteranos”.

A Méndez Ruiz, en efecto, el Departamento de Estado de los Estados Unidos (DOS en inglés) lo incluyó el año pasado en la primera entrega de la “Lista de extranjeros implicados en acciones en detrimento de los procesos democráticos o las instituciones, corrupción significativa o en la obstrucción de investigaciones de esa corrupción” en el Triángulo Norte de Centroamérica, conocida en los pasillos diplomáticos en Washington como Lista Engel por Elliott Engel, el congresista neoyorquino que le dio vida.

Los motivos para listarlo en la Engel, según la comunicación oficial de DOS el 1o de julio de 2021, son que el activista “intentó dilatar u obstruir procedimientos criminales contra oficiales del ejército que cometieron actos de violencia, acoso o intimidación contra investigadores anticorrupción…” Investigaciones como las que estaban a cargo de Leily Santizo, la mandataria de CICIG cuyas fotos encarcelada terminaron en redes sociales cercanas al círculo político de Méndez Ruiz. La Fundaterror de Méndez se presentó como querellante particular en el caso.

Cuando fue mandataria de CICIG, Santizo estuvo a cargo de expedientes que tocaron de cerca el poder político y militar al que la fiscal general Porras ha protegido y del que Méndez Ruiz es cercano, “los veteranos” a los que el activista dice defender. Uno de los expedientes más relevantes involucró, entre 2017 y 2019, a los hermanos Melgar Padilla, uno de ellos militar y ambos cercanos al entonces presidente Jimmy Morales, acusados de participar en un complot para asesinar a su padre por una herencia. Desde entonces, recuerda Santizo, la sombra de Méndez Ruiz y Fundaterror la empezaron a acechar.

El presidente Morales, harto de las investigaciones promovidas desde la CICIG, decidió en enero de 2019 dar por zanjado el asunto y terminó unilateralmente con el convenio internacional que daba vida a la comisión. Todas las alarmas se encendieron entre los mandatarios de CICIG, los fiscales que habían trabajado con ellos y el colombiano que entonces era el jefe del ente supranacional, el exmagistrado Iván Velásquez, actual ministro de defensa del presidente Gustavo Petro en Colombia.

Después de eso, cuenta un exempleado de CICIG que habló con Infobae desde el anonimato por temor a represalias, hubo pláticas para considerar la posibilidad de que los mandatarios de la comisión abandonaran algunos casos sensibles, como el de los hermanos Melgar Padilla. “Era un caso bastante complejo que había despertado al peligro en contra de todo el equipo que trabajo en él, las difamaciones en redes sociales. Fue entonces que aparecieron los ataques en los net centers (granjas de troles cibernéticos). En ese momento nos convertimos en objeto de odio para toda esta gente”, dice este exinvestigador de CICIG, quien no duda en identificar a dos de las personas que estaban detrás de las hordas de troles encargadas de los ataques y las amenazas: Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla, abogado de Fundaterror.

En los últimos meses, Fundaterror, como se le conoce en Guatemala, se ha presentado como querellante particular en casos como el que el Ministerio Público abrió contra Leily Santizo. Si Méndez Ruiz y su fundación intervienen, estos casos contra los investigadores anticorrupción toman velocidad.

Fundaterror también se ha presentado como querellante en el caso contra Jose Rubén Zamora, director de El Periódico y uno de los periodistas más críticos del gobierno del actual presidente, Alejandro Gimmattei. A Zamora, quien fue detenido por la policía guatemalteca el 31 de julio pasado, el Ministerio Público le preparó el caso en apenas 72 horas, según un artículo del periódico salvadoreño El Faro. La fundación de Méndez Ruiz acompañó la querella contra el periodista, acusado de una camándula de delitos, entre ellos lavado de dinero.

Cuando un juez confirmó, el 9 de agosto, que Zamora debe de seguir preso mientras la justicia guatemalteca resuelve su caso, Méndez Ruiz no dudó en colgarse medallas en el pecho. El 10 de agosto, en su cuenta de Twitter, el presidente de Fundaterror escribió: “Va uno. La Fundación contra el Terrorismo se hará cargo de lo que hace falta” como epígrafe de una foto en que Jose Rubén Zamora aparece marcado con una “x”. En la imagen también está Helen Mack, presidenta de la Fundación Mack, uno de los principales rostros de la lucha anticorrupción y por los derechos humanos en Guatemala y hermana de Mirna Mack, una antropóloga asesinada por el ejército guatemalteco el 11 de septiembre de 1990.

Helen Mack tuvo que salir de Guatemala hace unos meses, luego de que arreciaron las amenazas en su contra y las advertencias de que el MP de la fiscal general Consuelo Porras, cercana a Méndez Ruiz, preparaba una persecución penal.

La animadversión de Méndez Ruiz a Mack tiene que ver con los orígenes políticos del primero y explica cómo ha crecido la influencia de Fundaterror y de la derecha guatemalteca tras la salida de CICIG del país.

Cuando fue inscrita a través de la escritura pública número 8 del 5 de julio de 2013 por el notario Moisés Galindo Ruiz, la Fundación contra el Terrorismo presentó como presidente a Méndez Ruiz y como vicepresidente al capitán del ejército Óscar Platero Trabanino. El capitán Platero trabajó en la Regional de Telecomunicaciones del Estado Mayor Presidencial, una unidad de contrainteligencia militar conocida como “El Archivo”, donde fue subalterno del mayor Juan Valencia Osorio y el capitán Juan Oliva, ambos acusados de ser los autores intelectuales del asesinato de Mirna Mack.

Méndez Ruiz también tiene pasado militar; fue cadete y paracaidista. En 1982, en pleno conflicto interno entre el ejército y la guerrilla guatemalteca, fue secuestrado por un frente guerrillero. Su padre, Ricardo Méndez Ruiz Rohrmoser, fue ministro de Gobernación del dictador Efraín Ríos Montt, durante cuyo gobierno el ejército masacró a centenares de indígenas mayas de quienes decía eran aliados de la guerrilla. Ruiz Rohrmoser fue comandante de la zona 21 en el departamento de Cobán, en el centro del país, donde investigadores forenses encontraron 565 osamentas. En enero de 2016, apoyado por CICIG, el MP ordenó la captura de varios militares involucrados en desapariciones en Cobán; Ruiz Rohrmoser había fallecido poco antes de las capturas.

Poco antes de inscribir formalmente a la fundación en 2013, Ricardo Méndez Ruiz hijo dio al medio Plaza Pública una de las pocas entrevistas que ha concedido a la prensa guatemalteca independiente. Ahí, el activista delinea sus objetivos políticos, que pasan por apoyar la defensa legal y pública de militares de alto rango acusados de crímenes de lesa humanidad y contrarrestar la narrativa que, a partir del juicio al dictador Ríos Montt, reivindica la existencia del genocidio de indígenas del pueblo Maya Ixchil a principio de los años 80.

Casi una década después de inscribir la fundación, el discurso de Méndez Ruiz y Fundaterror es más beligerante, y su influencia sobre las instituciones guatemaltecas mucho más evidente.

Aun hoy, a propósito de los casos contra periodistas, exinvestigadores y defensores de derechos humanos en los que Fundaterror es querellante, Méndez Ruiz invoca la memoria de su padre. “Se está haciendo justicia papá. Por respeto a su memoria. No olvidamos, no nos reconciliamos y no perdonamos”, tuiteó Méndez el 9 de agosto pasado luego de que el juez confirmara que el periodista Zamora debe permanecer en prisión.

Infobae habló, durante varios meses, con cuatro investigadores guatemaltecos y dos agentes federales estadounidenses que trabajaron de cerca con CICIG para conocer detalles sobre las maniobras políticas de Méndez Ruiz, así como de las investigaciones que en su momento la comisión y la justicia guatemalteca abrieron contra él. Ni el activista ni la fundación respondieron de inmediato a peticiones de comentar.

Bastaron cuatro días para que, en el caso de Leily Santizo, una demanda construida por Fundaterror se convirtiera, como en el caso del periodista Zamora, en una denuncia penal. Fue Raúl Falla, el abogado de la fundación nombrado en la Lista Engel, quien puso la denuncia contra la investigadora el 1º de febrero de 2022. El cuatro de ese mes, el MP tenía ya lista una orden de aprehensión. El arresto ocurrió el 10 de febrero.

Dos días antes del arresto, policías llegaron a la casa de Leily Santizo a hacer preguntas que no estaban relacionadas con la investigadora ni con sus casos. Era un aviso. A las seis de la mañana del 10 de febrero, finalmente, agentes de la Policía Nacional Civil llegaron a la casa de Santizo y anunciaron que iban a hacer un allanamiento. Lo único que requisaron fue el teléfono celular de la abogada.

No pudieron arrestarla enseguida porque en la orden que había preparado el MP aparecía el nombre de la madre de Leily Santizo, no el de ella. Fue hasta la una de la tarde, cinco horas después de iniciada la requisa, que los agentes la llevaron ante un juez. Y fue ella quien pidió que la trasladaran a Mariscal Zavala, pensando que ahí estaría más segura. Pero, desde que entró, la muerte acecharía a Leily Santizo en los días siguientes. Una de las coordinadoras del penal le advirtió, primero, que no comiera nada de lo que le dieran en la cárcel porque la seguridad del recinto no podía evitar la posibilidad de un envenenamiento a través de los alimentos. Le permitieron que, de afuera, le llevaran comida, lo cual trajo un susto más serio.

Cuando, el 15 de febrero, Leily Santizo salió de Mariscal Zavala para asistir a la primera audiencia judicial en su contra, aprovechó a los periodistas que cubrían para denunciar que miembros de la seguridad carcelaria habían vapuleado al trabajador de una organización humanitaria que había ido a la cárcel a dejarle comida. La golpiza llegó con un mensaje de la familia Mendoza, el clan de narcotraficantes al que Santizo había investigado a principios de la década pasada. Le habían dicho que la iban a encontrar en pedacitos.

Ya en agosto de 2018, Santizo había recibido un primer mensaje, mucho más fuerte, de Los Mendoza. El 27 de ese mes, la investigadora había estado todo el día en una audiencia por el caso de los hermanos Melgar Padilla cuando se enteró de que el entonces presidente Jimmy Morales acababa de declarar non grato al comisionado colombiano Iván Velásquez, con lo que arrancaba toda la ofensiva en contra de la CICIG y sus mandatarios. Ese mismo día, tras salir de la audiencia, un vehículo embistió la camioneta en que viajaba Santizo. Un abogado del clan Mendoza dirigía el carro que provocó la colisión. A Santizo le quedaron dos cervicales dislocadas y la certeza de que la persecución apenas empezaba.

El 15 de febrero de 2022, luego de que denunció la amenaza que había recibido a través del vapuleado que le llevaba comida, a Santizo le fue otorgada protección especial en Mariscal Zavala. La trasladaron a una celda aislada de la que solo salía una hora al día. Fue en una de esas salidas que alguien le tomó las fotos que luego aparecieron en cuentas de redes sociales afines a Méndez Ruiz.

Al director de Fundaterror, Santizo lo veía cada vez que la llevaban a los tribunales. En una ocasión, confirmó un abogado que estaba en una de las audiencias, Méndez Ruiz se le acercó a la exinvestigadora de CICIG. “Yo a usted no la quiero, sino que a quien quiero es a Juan Francisco Sandoval, pero él es un cobarde”, le dijo en referencia al exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del MP (FECI), la unidad especializada que trabajó junto a CICIG los casos más sensibles antes de la llegada de la fiscal general Porras y de la expulsión de la comisión. Hoy, Sandoval vive exiliado en Washington, y desde la capital estadounidense sigue media docena de casos judiciales abiertos en su contra por Porras, varios de ellos promovidos por Méndez Ruiz y Fundaterror.

Para Méndez cada persecución penal en contra de los investigadores, fiscales y jueces que llevaron adelante casos contra élites económicas y políticas o contra exmilitares es una medalla, una victoria. Y un ejemplo para quienes, en su momento, se embarcaron en la cruzada anticorrupción que lideró la CICIG. Así lo ha dicho el activista en sus redes sociales.

Junto a Santizo, a principios de año, el MP de Porras capturó a otras cuatro abogadas que habían trabajado en casos de corrupción y contra militares en colaboración con CICIG. Una de ellas, Virginia Laparra, sigue presa, sometida a torturas por agentes del Estado guatemalteco según sus defensoras, y acosada en redes sociales y en las cortes por Ricardo Méndez Ruiz y su abogado Raúl Falla. En su cuenta de Twitter, Falla se ha referido a Laparra como “la desmayada”, luego de que la abogada sufrió un ataque de ansiedad tras varios meses presa sin recibir atención médica adecuada.

A Leily Santizo le concedieron medidas sustitutivas al arresto, pero su caso sigue pendiente en los tribunales por los que Ricardo Méndez Ruiz y Falla se pasean y acusan sin obstáculos. Hace unos años, la relación del activista de ultraderecha con la justicia era más complicada. En 2018, la CICIG lo investigó por una posible conexión con traficantes nicaragüenses de metanfetaminas importadas desde Bangladesh. La salida apresurada de CICIG y el desmantelamiento de las oficinas que investigaban el crimen organizado y la corrupción en Guatemala dieron respiro a Méndez Ruiz en este caso.

Tania Salenzka Solís estaba presa en Nicaragua cuando la visitaron los agentes que le pidieron información sobre el extremo guatemalteco de la operación de tráfico internacional de metanfetaminas por el que la mujer fue condenada a 28 años de prisión en agosto de 2018. Los hilos de este caso llegaron hasta Ricardo Méndez Ruiz.

A Solís la justicia nicaragüense la acusó de dirigir una red que movía metanfetaminas y precursores químicos entre Bangladesh, su país y Guatemala para “crear un laboratorio artesanal y crear un mercado local”, según documentos judiciales de Nicaragua de los que Infobae tiene copia. Cuando capturaron a varios miembros de la banda en Managua en 2009, los policías decomisaron cerca de US$26,000 en efectivo y 117 kilos de efedrina valorados en la actualidad a unos US$350,000.

La investigación nicaragüense identificó a Solís como el nexo con Guatemala. Entre las pruebas más importantes de la operación internacional había contratos para el arrendamiento de una de las casas que la banda de Solís ocupó para mover las drogas. El arrendante era Eduardo Ruiz Umaña, un guatemalteco emparentado con Méndez Ruiz. En su investigación, los fiscales de Nicaragua identifican a Ruiz Umaña como el líder de la operación en Guatemala.

El de Ruiz Umaña no era un nombre desconocido para la justicia guatemalteca. En 2012, la policía de Guatemala detuvo, en la capital del país, al narcotraficante mexicano Ramón Antonio Yánez Ochoa, alias Rayo, por sospechas de que movía droga para el cartel de Sinaloa. Uno de los investigadores que allanó propiedades a Rayo contó a Infobae que en un apartamento encontraron libros contables y libretas en las que aparecían los nombres de Tania Salenza Solís y Eduardo Ruiz Umaña.

Con el tiempo, CICIG y el MP de Guatemala abrieron una investigación más compleja para atar cabos: Ruiz Umaña, además de la presunta relación con el narco mexicanos, es padre de los hermanos Carlos Raúl y Jorge Eduardo Ruiz Vásquez, conocidos como Los Fuchos, cuyos nombres saltaron a la luz cuando CICIG los relacionó con uno de sus casos emblema, el llamado Cooptación del Estado. Los Fuchos, según estas investigaciones, pagaron sobornos al expresidente Otto Pérez Molina y a Roxana Baldetti, su vicepresidenta, ambos presos en Guatemala por este y otros casos de corrupción.

Un primer cruce de datos en las investigaciones de CICIG y el MP arrojó relaciones entre Los Fuchos, Ruiz Umaña y Ricardo Méndez Ruiz. Un documento de la comisión al que Infobae tuvo acceso detalla que el director de Fundaterror aparecía en 2007 como representante de Melpo’s Candy una empresa azucarera de la que Ruiz Umaña era socio. Méndez Ruiz también fue gerente general de Químicos del Caribe, empresa registrada por Carlos Raúl Ruiz, uno de Los Fuchos.

La investigación de la CICIG abrió varias líneas que apuntaban a Méndez Ruiz y a posibles relaciones con nombres importantes en el bajomundo guatemalteco. Una de ellas tiene que ver con empresas azucareras en las que el director de Fundaterror ha tenido participación. Algunas de esas empresas compartían sede, en Guatemala, con Maya Quetzal, propiedad de un narcotraficante llamada Walterio Iten Rodríguez, quien actualmente está en prisión con otros empresarios de Guatemala que participaron en los movimientos políticos para expulsar a la CICIG del país, según consta en archivos internos de la comisión.

Una de las líneas de investigación en torno a estos casos llevó a los investigadores guatemaltecos hasta Nicaragua para hablar con Tania Salenzka Solís. Infobae tuvo acceso a memos elaborados por la CICIG tras las charlas con la nicaragüense, según las cuales Eduardo Ruiz Umaña y Ricardo Méndez Ruiz formaron parte de la operación montada en Guatemala para mover las metanfetaminas desde Nicaragua. Solís también confirmó que toda la droga se movía para el cartel de Sinaloa.

El director de Fundaterror, sin embargo, nunca fue investigado formalmente en su país por estos señalamientos. Y hoy, más que antes, es poco probable que una investigación al respecto vea la luz. Hoy, Ricardo Méndez Ruiz tiene la sartén por el mango.

Hoy, la buena relación de Méndez Ruiz con el MP de Consuelo Porras y la justicia guatemalteca es una mala noticia para quienes como Leily Santizo, Virginia Laparra o Juan Francisco Sandoval investigaron a los grupos de poder político y económico cercanos a la Fundación contra el Terrorismo. Y es una buena noticia por él: por ahora, el activista y su fundación parecen blindados a cualquier investigación.

Ese blindaje es bueno, por ejemplo, para que las autoridades guatemaltecas no indaguen por qué Ricardo Méndez Ruiz no declara todos sus impuestos desde 2018, según consta en documentos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de Guatemala.

En 2020, Miguel Ángel Gálvez, juez de un tribunal de alto riesgo en Ciudad de Guatemala ordenó al Ministerio Público investigar a Méndez Ruiz por “filtrar información” en relación a Alejandro Sinibialdi -un exministro acusado de corrupción- en un proceso en que ni él ni la Fundacion contra el Terrorismo eran querellantes y el cual estaba en reserva. Sin embargo, “Consuelo Porras -la fiscal general- ordenó a la Fiscalía Especial contra la Impunidad que remitiera el caso a otra fiscalía para que no fuera investigado”, según contó a Infobae un investigador del Ministerio Público que conoció ese expediente.

En 2020 el juez Galvez ordenó a la fiscalía investigar a Mendez Ruiz por filtrar información del sistema penitenciario en relación a Alejandro Sinibaldi, en un proceso en el que Mendez no era parte y estaba en reserva. Consuelo Porras ordenó a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, que entonces aún dirigía Juan Francisco Sandoval, que lo remitiera a otra fiscalía para que no fuera investigado

No. Por ahora el activista de ultraderecha está blindado.

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