Uruguay respondió el jueves a un pedido de información de parte de la Justicia argentina sobre los motivos detrás del veto, el pasado 8 de junio, al aterrizaje del avión de carga venezolano-iraní que finalmente descendió en Argentina, donde fue retenido.
En documentos judiciales a los que tuvo acceso Infobae, el ministerio de Defensa uruguayo, Javier García, asegura que fue informado a través del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, de que la aeronave con matrícula YV3531 —procedente de Argentina y con destino a Uruguay— poseía antecedentes y vínculos con organizaciones terroristas y se le solicita evitar que el mismo ingrese a espacio aéreo uruguayo.
Según la misma fuente, Heber había recibido la información a través del servicio de inteligencia de Paraguay. Tras esto, García, firmante del documento judicial, asegura que se comunicó con el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, pidiéndole que, si el avión aún no había ingresado a espacio aéreo uruguayo, que éste le negara la entrada.
La informanción desmiente, una vez más las alegaciones emitidas por el régimen de Venezuela, que en su reclamo denunció que la decisión uruguaya puso “en grave riesgo la vida de la tripulación” del avión, en el que viajaban cinco ciudadanos iraníes y 14 venezolanos.
En el pasado, en una aloución ante legisladores, García ya había explicado que la aeronave contaba con un resto de combustible que “triplica el combustible necesario para ir y volver de Montevideo a Buenos Aires”. Según dijo el ministro, el avión manejaba 17.000 litros de combustible, lo que se necesita para volar durante una hora y 10 minutos en este tipo de aeronave.
La aeronave ingresó en Argentina el pasado 6 de junio procedente de México, previa escala en Venezuela, con destino al aeropuerto internacional de Ezeiza, y dos días después despegó para ir a Uruguay a cargar combustible, pero aterrizó nuevamente en el aeropuerto argentino porque esta nación no habilitó su aterrizaje.
Tras estar retenido desde el 8 de junio en Ezeiza, la justicia argentina respondió favorablemente a un pedido de EEUU de incautación de la aeronave, en la que el magistrado autorizó “una evaluación inicial, la cual incluirá la inspección mecánica, la inspección del lugar de depósito y la subscripción de contratos de depósito y mantenimiento por parte del personal del USMS (Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos) y la empresa contratada al efecto”.
El magistrado a cargo también ordenó el registro del avión para secuestrar una serie de pruebas que ya fueron agregadas al expediente que tramita en su juzgado.
Según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, desde 2008 el Departamento de Comercio renueva todos los años una prohibición sobre Mahan Air para involucrarse en cualquier tipo de transacción que esté relacionada con commodities exportados desde Estados Unidos. Por eso, la aerolínea iraní habría violado esa prohibición cuando le entregó el avión a Emtrasur sin la autorización del gobierno que conduce Joe Biden. La situación se habría agravado cuando entre febrero y mayo de 2022 Emtrasur permitió que la nave volara desde Caracas a Teherán y Moscú.
En el avión de Emtrasur viajaron 5 iraníes y 14 venezolanos. Todos están imputados en la causa judicial, pero todavía no declararon en la Justicia. “Una de las hipótesis es que vinieron a realizar tareas de inteligencia, no es la única, pero hasta ahora no hay elementos para hablar de una operación terrorista”, dicen los investigadores.
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