El gobierno de El Salvador pidió este martes al Congreso la aprobación de una quinta prórroga del estado de emergencia para combatir las pandillas que, según las autoridades, son las responsables de la mayoría de los crímenes registrados en los últimos meses en el país centroamericano.
“Hemos impactado fuertemente a las estructuras terroristas, estamos finalizando la cuarta prórroga y hemos sido testigos de cómo los salvadoreños lograron disfrutar de las vacaciones más seguras de la historia”, alardeó el Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, al presentar la solicitud de prórroga por otros 30 días.
Más temprano, familiares de los detenidos por el estado de excepción, vigente desde fines de marzo, se concentraron en las adyacencias del Congreso para exigir la libertad de las que llamaron “víctimas del régimen” e intentaron ingresar al recinto legislativo para presentar un pliego de demandas, pero fuerzas de choque de la policía montaron barricadas con púas y les cerraron el paso, sin que se registraran incidentes.
De acuerdo con un balance ofrecido por las autoridades, la policía de salvadoreña ha detenido hasta el momento a 50.000 personas como parte de la política contra la criminalidad del presidente Nayib Bukele.
Este sistema, que permite detenciones sin orden judicial, se instauró en respuesta a una escalada homicida que cobró la vida de 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo.
Para albergar a parte de los detenidos, Bukele ordenó la construcción de una cárcel para 40.000 pandilleros en un área rural de la ciudad de Tecoluca, en el centro del país, que debe estar lista antes de fin de año.
Según el Ministro para la Defensa de El Salvador, René Merino, en los 142 días que lleva el régimen de excepción, se contabilizan 77 días sin homicidios, “lo que representa un promedio de 0.77 de homicidios (por día) durante la implementación de la medida de seguridad”.
El pasado mes de marzo el Congreso aprobó el estado de excepción que limita, entre otras cosas, la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de arresto, así como la asistencia de un abogado. Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.
“A mi esposo lo fueron a sacar de la casa y él no es delincuente... no tiene antecedentes penales, no está manchado y se lo llevaron porque le pusieron el dedo (denunciaron) de colaborar con las pandillas”, dijo a The Associated Press Virginia Guadalupe Solano López, de 25 años.
A su marido José Alfredo Vega, de 26 años, lo arrestaron la noche del 27 de marzo cuando descansaba en su casa junto a su esposa y su hija de cuatro años en el cantón Sisiguayo del municipio de Jiquilisco, en el departamento de Usulután en el oriente del país.
Junto a Vega se llevaron a uno de sus hermanos. “Nosotros lo que le pedimos al presidente es que lo liberen porque él no es nada de lo que lo acusan, él trabajaba como pescador y hacía cosas de albañil. Se han llevado gente inocente”, aseguró su esposa.
Entre tanto, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron reiteradas irregularidades, entre ellas, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso.
El movimiento Alianza por la Paz recibió 500 denuncias de arrestos arbitrarios mientras que el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, informó que la institución tiene abiertos 28 expedientes para investigar las muertes de privados de la libertad durante el régimen de excepción.
Las llamadas maras o pandillas, que se estima que tienen unos 70.000 integrantes, tienen presencia en populosos barrios y comunidades del país y están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado. También extorsionan a comerciantes y empresas de transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar.
(Con información de The Associated Press y AFP)
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