Algunas escuelas de Panamá volvieron a impartir clases pese a que se mantiene una huelga docente iniciada hace tres semanas como parte de las protestas nacionales contra el alto costo de la vida y la corrupción, impulsadas por gremios y sindicatos que ya negocian con el Gobierno una salida a la crisis.
En Panamá hay alrededor de 3.000 escuelas públicas con más de 840.000 alumnos inscritos en el año lectivo 2022-2023 que comenzó en marzo pasado, según datos del Ministerio de Educación (Meduca).
Una fuente del Meduca dijo este martes a EFE que se calcula que “el 40 % de las escuelas a nivel nacional” están recibiendo alumnos, aunque no hay una cifra oficial de asistencia.
Es el caso de una escuela situada en Los Andes 2, en el populoso barrio de San Miguelito, en la capital panameña, donde se están impartiendo “clases parciales”, pues solo una parte del profesorado y del alumnado está asistiendo.
La huelga “es justa” pero se ha extendido demasiado, explicó a EFE una maestra de sexto grado que está dando clases en Los Andes 2, que pidió mantener en reserva su nombre.
Destacó que “el tiempo no se recupera” y los niños “no podían quedarse en el aire” debido al paro “que se sigue alargando” en perjuicio de unos estudiantes que arrastran deficiencias en el aprendizaje debido a la educación que se impartió a distancia durante 2 años debido a la pandemia.
“No es amor al arte pero sí mi responsabilidad, para esto nos pagan, para que esos niños sean pensantes, para que sepan escoger no a los que creen que el país es una finca de ellos, no por un tanque de gas (subsidiado) o un empleo, (sino para que sepan que) lo único que te puede salvar es lo que estás estudiando aquí, ahorita”, añadió.
En total, una docena de maestros están acudiendo “por ayudar a sus niños” a la escuela de Los Andes 2, afirmó a EFE la directora del centro educativo, Alba Marina Villaleira.
Villaleira explicó que hay maestros que se mantienen en el paro y hay padres de familia que no han enviado a sus hijos a la escuela porque apoyan la medida de fuerza decretada a nivel nacional por la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) el pasado 6 de julio.
La Asoprof y otros gremios docentes mantienen la huelga indefinida y protestas en las calles de todo el país, al tiempo que desde el pasado jueves negocian en una “mesa única de diálogo” con el Gobierno junto a otros sindicatos, gremios y organizaciones indígenas una solución a la crisis.
Hay desabastecimiento de alimentos, combustible y otros productos en los centros urbanos debido a los bloqueos en la principal carretera del país, que además lo une con Centroamérica, por lo que el comercio intrarregional se ha visto afectado.
Las protestas, las más importantes en años en Panamá, comenzaron contra el alto costo de los combustibles y alimentos, y derivaron en un clamor general contra la corrupción que denuncian los manifestantes, analistas y políticos de oposición.
El Gobierno de Panamá, en un intento fallido de sofocar las protestas, subsidió el precio del combustible a 3,25 dólares y anunció un “plan de austeridad” entre otras acciones.
Este martes en la mesa de diálogo se lograron los primeros consensos en relación a la canasta básica, el primero de los ocho puntos en discusión en esa instancia.
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, urgió al diálogo durante un mensaje a la nación ante la grave crisis social que vive el país con protestas masivas desde hace más de tres semanas.
El diálogo “es la mejor fórmula para entendernos, resolver nuestros problemas y que todos contribuyamos a la paz social que nos caracteriza”, dijo Cortizo en un discurso televisado tras una reunión con empresarios que pidieron ser incluidos junto con los productores en la mesa de conversaciones.
El mandatario panameño instó a “aquellos sectores de la sociedad que han manifestado su interés de participar” en la mesa de diálogo a que se integren “cuanto antes” para buscar una “solución a la crisis”.
El jefe de Estado panameño remarcó que el Gobierno “respeta el derecho a manifestarse, tal como lo establece nuestra Constitución Política, sin alteraciones del orden público o violación de los derechos de terceros, y mucho menos actos de vandalismo o delincuencia que atentan contra la seguridad y la vida de los ciudadanos”, señalando que “en estos casos, las autoridades aplicarán las sanciones contempladas en la ley”.
(Con información de EFE)
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