El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, el juez Edson Fachin, dio cinco días al presidente, Jair Bolsonaro, para que responda por los ataques que propagó sobre el sistema electoral y las urnas electrónicas en un acto con embajadores extranjeros que tuvo lugar esta semana.
La orden de Fachin parte como consecuencia de una demanda presentada por varias fuerzas de la oposición, entre ellas el Partido Laborista Democrático (PDT) y el Partido de los Trabajadores (PT), en la que acusaban al jefe de Estado de varios delitos, entre ellos los de propaganda electoral anticipada, abuso de poder y crímenes contra el Estado democrático.
En la demanda presentada este martes, la oposición solicitaba a Facebook e Instagram que eliminaran de sus plataformas los videos en los que se ve a Bolsonaro arremeter una vez más sin pruebas contra las urnas electrónicas, con las que mantiene una particular cruzada desde que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva recuperó sus derechos políticos y se colocara como favorito para las elecciones.
El PDT pide además al Tribunal Electoral que multe al “máximo nivel” a estas plataformas mientras los videos continúen en línea, así como a Bolsonaro y su Partido Liberal (PL) por la difusión de noticias falsas .
“Esta situación caótica provoca efectos nocivos al proceso electoral, en especial en lo que se refiere a su integridad, por lo que la Justicia Electoral ha actuado de manera hercúlea para remover todas estas imprecisiones y demostrar a la población que el sistema electrónico es honesto y confiable”, remarcó el PDT.
Por su parte, el PT solicitó al TSE que ordenara eliminar todos aquellos “contenidos con desinformación” de los perfiles en redes sociales de Bolsonaro, bajo pena de multa, ya que “los impactos negativos siguen siendo evidentes, llegando a un número inestimable de votantes para influir directamente en su elección, violando el derecho a votar libremente”.
La denuncia se suma a otras ya presentadas por la oposición en diversas instancias, como la Corte Suprema y la Fiscalía General, por supuestos delitos cometidos por Bolsonaro al volver a sembrar desconfianza en las instituciones del país.
Siete partidos opositores acudieron al Supremo para denunciar a Bolsonaro por usar “la estructura del Estado en forma ilícita”, así como por “propaganda electoral anticipada, abuso de poder político y económico y atentar contra el Estado democrático de Derecho”.
Este lunes, Bolsonaro congregó a decenas de embajadores y otros representantes de delegaciones diplomáticas extranjeras para presentarles sus dudas acerca de la fiabilidad del sistema electoral brasileño. Sin embargo, las fuentes allí presentes a las que tuvo acceso el diario O Globo coincidieron en señalar que el presidente no presentó prueba alguna sobre sus teorías conspirativas.
En esa cita, celebrada el pasado lunes, el mandatario dedicó 45 minutos a su campaña de descalificación de las urnas electrónicas que se usan en el país desde 1996, sin que desde entonces haya habido una sola denuncia de fraude.
En su exposición ante los diplomáticos, Bolsonaro también sugirió que algunos miembros del TSE “conspiran” para favorecer en las elecciones de octubre próximo al ex presidente Lula da Silva, favorito para ganar unos comicios en los que el líder de la ultraderecha busca su reelección.
También volvió a mostrar supuestas pruebas de “irregularidades” en las elecciones de 2014 y 2018, pese a que ya fueron investigadas y descartadas tanto por la Justicia como por la Policía Federal.
La cita con los embajadores generó una enorme ola de críticas al gobernante, tanto en toda la oposición como en la Justicia electoral y el Parlamento, que defendieron a las instituciones brasileñas ante lo que llegó a ser considerado como un “ataque a la democracia”.
El propio TSE reaccionó el mismo lunes y afirmó que ese organismo “no puede tolerar acusaciones de fraude o mala fe” y pidió al país que le diga “basta” al “inaceptable negacionismo electoral”.
Bolsonaro ya es objeto de una investigación en el Supremo por su dura campaña contra las urnas electrónicas, a la que se lanzó ya a mediados del año pasado, cuando todas las encuestas comenzaron a señalar a Lula como claro favorito para las próximas elecciones.
Según la oposición, esa campaña, en la que cuenta con respaldo de algunos sectores de las Fuerzas Armadas y los grupos de ultraderecha que lo apoyan, podría esconder la supuesta intención de desconocer el resultado de los comicios en caso de que Lula se imponga.
(Con información de Europa Press y EFE)
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