Tras las masivas protestas en Ecuador, la oposición nombró a las autoridades de la Asamblea y toma fuerza frente al Gobierno de Lasso

El parlamento unicameral ecuatoriano, en el que el gobierno tiene minoría, eligió el jueves al primer y segundo vicepresidente: los legisladores Holguín y Darwin Pereira

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Guillermo Lasso
Guillermo Lasso

La Asamblea ecuatoriana eligió el jueves al primer y segundo vicepresidente de ese organismo, lo que dejó en evidencia una oposición más unida y fortalecida al gobierno del presidente Guillermo Lasso, a quien le quedan cerca de tres años para terminar su gestión.

La legisladora Marcela Holguín —del partido UNES, del ex presidente Rafael Correa (2007-2017)— fue designada con 90 de 137 votos como primera vicepresidenta, mientras que su colega Darwin Pereira, del partido indígena Pachakutik, llegó a la segunda vicepresidencia con 94 sufragios.

Los vicepresidentes de la Asamblea forman parte del Consejo de Administración Legislativa, por donde pasan todas los proyectos de ley y pedidos dirigidos por los legisladores y desde el exterior, por ejemplo, desde el Ejecutivo. El gobierno tiene minoría en este organismo.

Los nuevos dignatarios de la Asamblea reemplazan en esos cargos a Iván Saquicela, quien asumió la presidencia de ese organismo ante la reciente destitución de Guadalupe Llori, y poco después de la entonces segunda vicepresidenta Yesenia Guamaní.

Vista general de la Asamblea Nacional de Ecuador, en una fotografía de archivo (EFE/José Jácome)
Vista general de la Asamblea Nacional de Ecuador, en una fotografía de archivo (EFE/José Jácome)

El analista político y catedrático de la Universidad de las Américas, Alejandro Zabala, dijo a la agencia AP que el panorama pinta complicado para Lasso. “Van a enjuiciar políticamente a sus ministros para que no tenga estabilidad sin respetar el orden en que se han presentado los pedidos para ello y van a entorpecer cualquier iniciativa o proyecto del ejecutivo”.

Añadió que esto implica “una mayoría absolutamente hostil para Lasso”, que tendrá que bregar muy duro buscando su “supervivencia política, aunque al régimen le queda un par de recursos: disolver la Asamblea y convocar nuevas elecciones generales, o llamar a una consulta popular para buscar formas de romper el cerco legislativo”.

En junio esos mismo partidos y otros de minoría estuvieron a punto de lograr la destitución de Lasso, acusándolo de grave conmoción interna debido a las movilizaciones de los indígenas que por casi tres semanas mantuvieron el caos en buena parte de este país en demanda de la reducción de precios de los combustibles y la fijación de precios de los productos agropecuarios.

El riesgo país de Ecuador

Durante las protestas lideradas por el movimiento indígena, el riesgo país de Ecuador se elevó. Aunque luego de 18 días de la medida de hecho, cuando se firmó el acta entre el gobierno y el movimiento indígena, se registró un descenso de este indicador, actualmente no deja de incrementarse y ha alcanzado los 1.600 puntos. Durante el último año, el riesgo país en Ecuador se había mantenido entre los 700 y 800 puntos.

Durante las protestas lideradas por el movimiento indígena, el riesgo país de Ecuador se elevó
Durante las protestas lideradas por el movimiento indígena, el riesgo país de Ecuador se elevó

El riesgo país mide el todo riesgo relacionado con las inversiones y las financiaciones en un país en contraste con otro. En pocas palabras, mide las posibilidades de pago de la deuda externa de un país.

Los datos del Banco Central ubican el riesgo país en 1.562 puntos.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) inició una protesta en contra del gobierno de Guillermo Lasso el pasado 13 de junio. Cuando las manifestaciones iniciaron, el riesgo país de Ecuador era de 853 puntos. Sin embargo, durante las protestas que duraron 18 días, que incluyeron cierres de vías, afectaciones a zonas petroleras, daños en los espacios público y que dejaron al menos 8 muertos y alrededor de 300 heridos, el riesgo país fluctuó entre los 1.000 y los 1.210 puntos.

El 30 de junio, los representantes gubernamentales junto con los dirigentes indígenas, por mediación de la Iglesia Católica, firmaron un acta que puso fin a las manifestaciones y que estableció que, por 90 días, ambas partes trabajarían en mesas de diálogo para llegar a acuerdos sobre las 10 exigencias que la Conaie demanda del gobierno.

(Con información de AP)

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