La Casa Blanca suma presión sobre Bukele y Giammattei por corrupción y enciende una alerta con Xiomara Castro

Uno de los asesores de comunicaciones más cercanos a Nayib Bukele. Un vicepresidente legislativo que es pieza clave de la presidenta Xiomara Castro en el congreso hondureño. El fiscal guatemalteco que ha emprendido investigaciones penales contra opositores a Alejandro Giammattei y sus aliados. El gobierno de Estados Unidos publicó el miércoles 20 de julio una actualización de la llamada Lista Engel, en la que nombra a individuos centroamericanos implicados en corrupción. En esta ocasión, la lista viene cargada de advertencias a los gobernantes de los tres países del llamado Triángulo Norte y, en el caso de Guatemala, a algunos de sus empresarios más poderosos.

La Lista Engel es el nombre coloquial que se ha dado en Washington y el mundillo diplomático relacionado con Centroamérica a una herramienta política creada por la Ley de Compromiso Ampliado entre Estados Unidos y el Triángulo Norte, que fue aprobada en diciembre de 2020 a iniciativa del excongresista demócrata de Nueva York, Elliott Engel. La ley, luego, fue incluida como parte de otra legislación que regula las operaciones extranjeras del Departamento de Estado.

Lo que esta legislación manda es que el Secretario de Estado debe de enviar al Congreso, dos veces por año, una lista de “individuos que, con conocimiento de causa, se han involucrado en actos que amenazan procesos o instituciones democráticas, que se han involucrado en corrupción significativa o que han obstaculizado investigaciones de dichos actos de corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador”. Quienes son listados pierden el derecho de obtener visas para viajar a Estados Unidos y son sujetos a que se bloqueen activos financieros o propiedades que tengan en territorio estadounidense.

La publicada el 20 de junio pasado es la tercera actualización de la lista. Y, esta vez, los mensajes políticos que con ella legan a Ciudad de Guatemala, San Salvador y Tegucigalpa podrían tener consecuencias más claras que en ocasiones anteriores. Como dijo un funcionario diplomático estadounidense a Infobae: “No es tanto el tema de las visas ni siquiera de las posibles sanciones económicas, es lo que se está diciendo al oído de los (que están) en la lista y de sus socios”.

El mensaje a la gobernante hondureña es, acaso, el más claro esta vez. “La luna de miel con Castro parece haber terminado con esto”, dijo un diplomático centroamericano basado en Washington que conoce detalles sobre la confección de esta lista y quien habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hacerlo en público.

En esta versión de la Engel, el Departamento de Estado incluye a exfuncionarios del gobierno de Manuel “Mel” Zelaya (2006-2009), expresidente y esposo de Xiomara Castro. Entre ellos hay dos diputados del Partido Libre, controlado por Zelaya, quienes han sido piezas clave de la presidenta en el congreso hondureño durante los primeros meses de gestión.

Uno de ellos es Rasel Antonio Tomé Flores, vicepresidente del Congreso, a quien Washington señala por “participar en corrupción significativa cuando usó su posición como presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para malversar aproximadamente US$327,000 de fondos públicos”.

Tomé fue uno de los principales operadores en la reciente aprobación de una polémica ley especial para regular la nominación de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que abre la puerta para que personas con investigaciones o procesos judiciales abiertos puedan postularse para el máximo tribunal.

Tomé y su partido Libre también aprobaron, en febrero pasado, una amnistía legislativa a exfuncionarios del gobierno de Mel Zelaya que salieron del país tras el golpe de Estado que depuso al expresidente en 2009. La amnistía, según una nota del periódico de investigación Contracorriente, fue interpretada como “un pacto de impunidad” general que permitirá a funcionarios de Zelaya investigados por corrupción o incluso narcotráfico evadir a la justicia. Tomé fue el diputado que dio impulso legal a la amnistía en el Congreso.

La Lista Engel incluye también a Enrique Flores Lanza, exministro de la presidencia de Zelaya y quien fue procesado por malversación de fondos públicos en un caso conocido como El Carretillazo. A poco de la aprobación de la amnistía, Flores quedó absuelto de todos los cargos en su contra y es, hoy, asesor de la presidenta Castro.

Ya antes de la publicación de esta versión de la lista, voces en Washington habían advertido de que la influencia de Zelaya en el gobierno de su esposa podría ponerla a ella en aprietos con Estados Unidos. “Los principales problemas políticos de la presidenta pueden derivar de esa dualidad. Por ahora todo el gobierno (en Washington) está del lado de Castro y de lo que ella intenta hacer, pero también hay que tomar en cuenta la influencia política y poder que tienen Zelaya y sus círculos cercanos”, dijo en una entrevista reciente Ana María Méndez-Dardón, directora para Centroamérica de la influyente Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA en inglés).

Hasta ahora, Castro había navegado sobre estas dudas e incluso había salido bien parada tras no asistir a la IX Cumbre de las Américas organizada por la administración Biden. La vicepresidenta Kamala Harris, cuestionada por la ausencia de la hondureña, se apresuró a decir que las relaciones con Honduras eran muy buenas.

El martes 20, sin embargo, Castro y su cancillería reaccionaron indignadas por la inclusión de miembros de LIBRE y aliados políticos de Mel Zelaya en la Lista Engel; acudieron los hondureños a la misma fórmula que han ocupado los vecinos salvadoreños y guatemaltecos cuando Washington les cuenta las costillas: acusar a los estadounidenses de intervencionismo.

“El Gobierno de la República desea expresar su rechazo categórico a la Lista Engel, publicada recientemente por el Departamento de Estado… por tratarse la misma de un documento motivado políticamente e injerencista. Honduras es una nación soberana y seguirá defendiendo el principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos”, dice una nota publicada por Exteriores desde Tegucigalpa.

Dos funcionarios diplomáticos consultados por Infobae, un estadounidense y un centroamericano, ambos en Washington, coincidieron en que esta tensión, que ha alcanzado nivel público con la publicación de la Lista Engel pero inició en privado tras la aprobación de la amnistía a los funcionarios de Zelaya, podría poner en riesgo el apoyo estadounidense a una eventual Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH). Ya en el proyecto de asignaciones presupuestarias para el año fiscal 2023, el Congreso estadounidense advirtió que aún las condiciones no estaban dadas en Honduras para asignar fondos a esa comisión.

“Una de las principales alianzas con el gobierno de Estados Unidos es de cara a la instalación e la CICIH. La presidenta ha demostrado apertura… pero hay que esperar, porque ya han pasado varios meses desde que se anunció esta comisión y no hay aún algo que podamos llamar un avance real”, advirtió, por su parte, Méndez-Dardón, de WOLA.

Ya en 2021, con su primera versión, la Lista Engel había provocado terremotos políticos en el entorno cercano al presidente salvadoreño Nayib Bukele. En julio de aquel año, Washington nombró a varios de los funcionarios más cercanos al mandatario, entre ellos su jefa de gabinete, su secretario jurídico, su ministro de trabajo y su exministro de agricultura, quien es además amigo de infancia. La reacción del gobierno, entonces, fue de acusar a Estados Unidos de hacerle el juego a la oposición y emprender, desde la Fiscalía General y la Asamblea Legislativa, persecución política contra opositores y periodistas.

Esta nueva versión de la lista es, en el caso salvadoreño, más somera, pero también llega hasta la entraña de los círculos de poder que rodean a Bukele.

Uno de los listados es Ernesto Sanabria, secretario de prensa del presidente, uno de sus colaboradores más cercanos durante la campaña presidencial y su amigo cercano. A Sanabria, el Departamento de Estado lo acusa de “socavar procesos e instituciones democráticos, utilizando su posición y su influencia con el presidente para presionar de forma inapropiada a funcionarios en partidos de oposición para que renuncien bajo amenazas de ser sujetos a procesos criminales”.

Antes de ser secretario de prensa, Sanabria estuvo relacionado con una cuenta de Twitter desde la que el entorno de Bukele lanzaba campañas masivas de difamación y ataques a opositores y periodistas, según reveló una investigación del periódico El Faro.

Después de que Bukele asumió como presidente, Sanabria fue uno de los encargados de montar Diario El Salvador, un periódico financiado con fondos públicos que ha servido de plataforma a la propaganda oficial y, también, como arma de ataque político a opositores, periodistas y medios de comunicación críticos.

En febrero de 2021, Carmen Rodríguez, periodista salvadoreña radicada en Washington acusó a Sanabria de difamarla y amenazarla luego de que ella publicó que el secretario de prensa fue investigado en El Salvador por ejercer violencia de género contra su exesposa.

También fue listado en la Engel Christian Guevara, jefe de la bancada de Nuevas Ideas, el partido de Bukele, en el Congreso. Washington lo acusa de “socavar el proceso democrático” porque fue él quien introdujo legislación que persigue criminalizar a periodistas que informen sobre el pacto del gobierno de Bukele con las pandillas MS13 y Barrio 18.

En esta ocasión, a diferencia de las anteriores, Bukele apenas se ha pronunciado sobre la Lista Engel. Guevara se ha defendido diciendo que lo incluyeron por “hacerles la guerra a las pandillas”. Sanabria ha guardado silencio.

De El Salvador llama la atención que una versión preliminar de la lista, filtrada a periodistas a finales de la semana anterior, incluía al ministro de hacienda de Bukele, Alejandro Zelaya, investigado por actos irregulares durante la pandemia de Covid-19 y señalado por Washington de hacer uso político del desembolso de fondos públicos a alcaldías del país para beneficiar electoralmente a Nuevas Ideas.

En la versión final publicada por el secretario de Estado Anthony Blinken, Zelaya no aparece. Una fuente diplomática estadounidense confirmó a Infobae que el nombre del ministro estuvo en las versiones preliminares de la lista. Otra fuente diplomática centroamericana en Washington aseguró que la exclusión de Zelaya es una especie de mensaje de armisticio de la administración Biden en el caso específico de las negociaciones estancadas entre El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en las que este funcionario ha sido central.

“Parece que Estados Unidos está más enfocado en el tema económico en el caso de El Salvador y creo que sí hubo cabildeo (en el caso de Zelaya) … Es significativo que la lista no hace ninguna referencia al régimen de excepción (decretado por Bukele y ampliado por su congreso desde marzo pasado, y el cual ha generado múltiples denuncias de violaciones a derechos humanos y de provocar la muerte a una sesentena de salvadoreños encarcelados), pero que sí hay un interés en la posibilidad de que haya default”, consideró una de las fuentes diplomáticas consultadas en referencia a que la negociación con el FMI, presidida por Zelaya, es clave para que El Salvador no caiga en impago, posibilidad que ya ha sido advertida por varias casas analistas de riesgo, como Moody’s y Fitch.

A Guatemala y al gobierno del presidente Alejandro Giammattei la Lista Engel los pilla en medio de un pleito público con la Casa Blanca, del final de una purga impulsada desde el gobierno de jueces y fiscales que investigaron a políticos y empresarios cercanos al poder y de un creciente cabildeo del sector privado en Washington contra estas investigaciones.

Pero, en esta ocasión, los colmillos del Departamento de Estado enfilaron más a los socios privados del gobierno que a los funcionarios públicos. De estos últimos destaca la inclusión de Rafael Curruchiche, un abogado al que la fiscal general Consuelo Porras -ella misma incluida en una versión anterior de la lista- nombró jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en sustitución de Juan Francisco Sandoval, hoy exiliado en Washington por haber llegado cerca de Giammattei en una investigación que involucraba al presidente con un millonario soborno de mineros rusos.

A Curruchiche lo señalan por “obstruir investigaciones de actos de corrupción, por malograr casos de alto nivel contra funcionarios del gobierno y montar aparentes casos espurios contra investigadores de FECI, abogados privados y miembros de la extinta CICIG”.

La gran novedad, sin embargo, es la inclusión de Ramón Campollo Codina, Ramiro Mauricio López Camey y Mauricio López Oliva, tres empresarios vinculados al CACIF, la gremial del sector privado, conocida en Guatemala por su influencia extensiva en los asuntos políticos del país. A los tres los señala Washington de pagar sobornos para que sus empresas fueran favorecidas con millonarios contratos públicos. La extinta CICIG y la FECI de Sandoval investigaron múltiples esquemas de corrupción que involucran a empresarios como estos, pero Washington había sido esquivo en nombrarlos públicamente. Hasta ahora.

La Lista Engel, a la que algunos achacan poca efectividad a la hora de pedir cuentas a los centroamericanos, parece haber lanzado, esta vez, mensajes más concretos y fuertes a los pasillos del poder en la región. Está programado que el Departamento de Estado publique una nueva versión antes de que termine este año.

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