El Gobierno de Estados Unidos mantuvo este martes a Cuba, Venezuela y Nicaragua en su “lista negra” de tráfico de personas al considerar que incumplen los estándares marcados por la ley estadounidense contra este fenómeno, que establece métodos para evitarlo y proteger a las víctimas.
Así lo señala el Departamento de Estado en su Informe de Tráfico de Personas de 2022, donde revisa la situación a nivel mundial.
Junto a Cuba, Venezuela y Nicaragua, hay otros 19 países en la “lista negra”, como China, Corea del Norte, Siria, Irán, Rusia y Bielorrusia.
De esas tres naciones latinoamericanas, el informe es más contundente con Venezuela, al señalar que “no reúne en absoluto los estándares mínimos para eliminar el tráfico y no está haciendo ningún esfuerzo para hacerlo”.
EEUU apunta que el régimen de Nicolás Maduro no ha informado de ningún tipo de ayuda a las víctimas de este fenómeno, ni de esfuerzos para enjuiciar a los traficantes.
Destaca que el Ejecutivo venezolano “continuó proporcionando apoyo y mantuvo un ambiente permisivo a grupos armados no estatales que reclutaron y usaron niños soldados para conflictos armados y colaboraron en el tráfico sexual y trabajos forzosos mientras operaban con impunidad”.
Estados Unidos afirma que, pese a estas denuncias, los representantes gubernamentales venezolanos no hicieron los “esfuerzos suficientes” para detener el reclutamiento de grupos armados no estatales”.
Sobre Cuba, el reporte indica que, “pese a la falta de esfuerzos significativos”, la dictadura cubana ha adoptado algunos pasos para abordar el tráfico de personas, como la investigación, el enjuiciamiento y la condena de traficantes.
Aun así, destaca que durante el periodo estudiado hubo una “política del Gobierno o patrón de beneficio” de los programas de exportación de trabajadores “con fuertes indicios” de trabajo forzoso.
En este punto, el Gobierno de EEUU menciona las misiones médicas cubanas en otros países y asegura que La Habana “siguió desplegando trabajadores cubanos en países extranjeros empleando tácticas engañosas y coercitivas” y sin abordar “violaciones laborales y delitos de tráfico”.
En ese sentido, destaca “el creciente número de alegaciones” por parte de ONG, ex participantes en esas misiones y Gobiernos extranjeros sobre la presunta implicación de funcionarios cubanos en esos “abusos”.
EEUU acusa a Cuba de no informar a los participantes en esos programas sobre los términos de sus contratos, que variaron de país a país; de confiscar sus pasaportes, acreditaciones profesionales y salarios; y de amenazar a los profesionales sanitarios y sus familiares si abandonaban esas misiones.
Y asegura que la dictadura cubana no ha informado de haber hecho ningún esfuerzo de cumplimiento de la ley para luchar contra el tráfico de seres humanos.
Al igual que en los últimos cinco años, EEUU afirma que los traficantes de personas “explotan” a víctimas nacionales y extranjeras en Cuba.
Respecto a Nicaragua, el informe dice que el régimen de Daniel Ortega ha “minimizado” la gravedad de este fenómeno, pese a haber llevado a cabo algunas medidas para abordarlo, como el enjuiciamiento y la condena de cuatro traficantes de personas para explotarlas sexualmente.
En concreto, EEUU señala que las autoridades nicaragüenses no han dispuesto refugios ni han destinado fondos para ayudar a las víctimas y consideró “nimios” los esfuerzos llevados a cabo para atajar el tráfico de trabajadores, aunque ha seguido siendo “una preocupación grave”.
EEUU se hace eco en el texto de las denuncias de grupos de la sociedad civil de un aumento de casos de trata de personas durante la pandemia.
El reporte indica que Nicaragua no ha informado de ninguna investigación, enjuiciamiento o condena de empleados gubernamentales cómplices en “ofensas de tráfico” de seres humanos, pese “a la corrupción endémica y la amplia complicidad de funcionarios”, ni ha cooperado con las ONG que protegen a las víctimas.
EEUU apunta que “observadores” han cuestionado la validad de que el Ejecutivo nicaragüense documente el tráfico de personas, citando como ejemplo los datos de las fuerzas de seguridad, ya que algunos de esos “observadores” han apuntado que el Gobierno “oscureció o clasificó erróneamente y de forma intencionada los casos de trata para minimizar las estadísticas”.
(Con información de EFE)
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