La Fiscalía General del Estado inició una investigación previa contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y dos de sus ministros, Patricio Carrillo del Interior y Luis Lara de Defensa, por el presunto delito de privación ilegal de la libertad. La denuncia fue presentada por Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), quien fue arrestado el 14 de junio de 2022, un día después de iniciadas las protestas en contra del gobierno que paralizaron al país por 18 días.
De acuerdo con el líder de la Conaie, su arresto tuvo irregularidades y violaciones a sus derechos.
El pasado 13 de junio de 2022, la Conaie inició una medida de hecho que implicó la movilización de sus bases para manifestarse en contra del gobierno de Guillermo Lasso y exigir el cumplimiento de una agenda de 10 puntos que incluye el subsidio a los combustibles fósiles, la moratoria de préstamos en la banca, derechos laborales, educación en todos los niveles, entre otros.
El gobierno no se ha pronunciado sobre este proceso judicial.
El arresto
Un día después del inicio de las protestas, que para ese momento ya registraron cierres de ruta, Leonidas Iza fue detenido en el sector de San Juan de Pastocalle a 100 kilómetros de Quito, a las 00:40 del 14 de junio. La Policía confirmó la detención por “presunción de comisión de delitos”, además señaló que Iza está en la sala de aseguramiento temporal, para la audiencia de calificación de flagrancia. Sin embargo, luego de casi 8 horas de la detención, la Fiscalía aseguraba que Iza no había sido puesto a órdenes de la Institución.
Apenas se conoció sobre la detención, la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, conformada por una docena de organizaciones de la sociedad civil, emitió un comunicado donde señaló que “agentes no identificados, presumiblemente de comandos élite de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional detuvieron a Segundo Leónidas Iza Salazar”. Además, indicaron que “cuatro horas después de su detención su paradero sigue siendo desconocido y no se ha presentado ante ninguna autoridad competente a efectos de garantizar su derecho a legítima defensa y tutela judicial. El dirigente Iza permanece desaparecido, incomunicado de sus familiares y sin patrocinio legal”.
Además, el auto donde Iza fue retenido, según señaló la Alianza, “no presenta distintivo de uso oficial y la placa no aparece registrada en servicios consultados, incluidos el Servicio de Rentas Internas (SRI), Agencia Nacional de Tránsito y Agencia Metropolitana de Tránsito”.
Ese 14 de junio, Leonidas Iza fue trasladado a Quito, bajo un fuerte resguardo policial, pero luego lo llevaron a Latacunga, a 108 km de la capital, en un helicóptero militar. Allí estuvo en el aeropuerto de esa ciudad hasta que lo trasladaron ante la justicia. La jueza a cargo del caso ordenó su inmediata liberación y le aplicó medidas sustitutivas. Actualmente hay un proceso en contra de Iza por la paralización de un servicio público.
La denuncia
La Conaie publicó en su cuenta de Twitter parte del escrito de la denuncia presentada ante la Fiscalía General. En el documento se lee que “los policías mediante golpes y agresiones verbales procedieron a desalojar a la víctima, así como a las personas mencionadas en el vehículo”.
Leonidas Iza ha declarado públicamente que el gobierno busca deslegitimar la lucha del movimiento indígena y también ha advertido sobre amenazas y atentados en su contra.
En una entrevista con Infobae, Iza contó que el día de su arresto “no hubo un delito flagrante” porque la Policía había interceptado sus comunicaciones una semana antes de la detención: “Si hubo un seguimiento a mis comunicaciones debían tener una orden de detención”, aseguró.
El presidente de la Conaie indicó que “hay un intento permanente de hacerme daño” y aunque no responsabilizó a un actor en específico, dijo que durante las movilizaciones tuvo que esconderse “porque hubo mensajes que se viralizaron y donde daban un cierto rubro por mi cabeza o si es que estaba muerto o si me llevaban detenido. Eso cruzó en todos los grupos, por lo que la gente me protegió”.
El delito por el que Iza acusa a Lasso y sus ministros está tipificado en el Código Penal Ecuatoriano. En la norma se explica que el funcionario público que prive ilegalmente de libertad a una persona, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años. En el caso de que el funcionario disponga la privación de libertad a una persona en lugares diferentes a los destinados para el efecto por la normativa vigente, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
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