El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura urgió hoy al régimen de Nicaragua a investigar las denuncias de torturas perpetradas por funcionarios estatales contra miembros de la oposición, en especial los participantes en las protestas de abril de 2018.
En la segunda revisión periódica de la situación en el país, que se llevó a cabo sin la presencia de responsables del Gobierno por la negativa de éste a participar, el presidente del comité, Claude Heller, afirmó que Nicaragua “ha violado sistemáticamente los derechos humanos” y la Convención de la ONU contra la Tortura.
Heller recordó que en las protestas de 2018 al menos 355 personas perdieron la vida debido al uso indiscriminado de la fuerza por parte de grupos parapoliciales, otras 1.600 resultaron heridas y 1.614 fueron privadas de la libertad, denunciando en algunos casos torturas en centros estatales y clandestinos.
Un 97 % de las torturas denunciadas se produjeron en centros de detención policiales, donde los arrestados fueron privados de libertad sin juicio previo, afirmó el presidente del comité.
Otro miembro del organismo de la ONU, Erdogan Iscan, añadió que agentes estatales son sospechosos de haber secuestrado defensores de derechos humanos y periodistas críticos con el régimen de Daniel Ortega.
Además, policías antidisturbios han atacado a periodistas, ocupado medios de comunicación, e incluso causaron la muerte de un informador en 2018, añadió Iscan.
Heller urgió a las autoridades de Nicaragua a sancionar a los oficiales responsables de los abusos denunciados, restablecer la independencia del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y reanudar el diálogo con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.
El presidente del comité, que emitirá sus conclusiones finales sobre la actual sesión el próximo 29 de julio, indicó que a finales de 2021 se contactó con el régimen de Nicaragua para intentar preparar el diálogo de hoy.
El Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense respondió a través de una misiva en la que consideró ciertas cuestiones presentadas por el comité “viles ataques contra el Estado” y calificó al organismo de “cámara de eco de la retórica imperialista”.
La respuesta de las autoridades nicaragüenses al comité “mostró una profunda falta de conocimiento de la Convención de la ONU contra la Tortura y de nuestros métodos de trabajo”, aseguró Heller.
Por otra parte, el régimen de Ortega canceló este jueves las personalidades jurídicas de otras 100 ONG, con lo que suman 1.058 las organizaciones de este tipo disueltas tras la revuelta popular de abril de 2018, calificada como intento de golpe de Estado por el Gobierno del presidente Daniel Ortega.
La ilegalización de esas 100 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), a petición del Ejecutivo a través del Ministerio de Gobernación, fue aprobada con carácter urgente por los 75 diputados sandinistas y sus aliados.
Otros 16 legisladores, de los 91 que integran el Congreso, se abstuvieron de votar.
Por segundo día consecutivo, los legisladores sandinistas y sus aliados cancelaron la personalidad jurídica de 100 ONG. Por lo que en lo que va de año, el Parlamento ha liquidado 859 ONG y un total de 1.058 desde diciembre de 2018.
En la nueva lista de ONG afectadas hay asociaciones de defensa de los derechos humanos, medioambiente, periodistas, salud, desarrollo comunitario, asistencia social, ciencia y tecnología, entre otras.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
Ortega, de 76 años, lleva 15 años y 5 meses consecutivos en el poder, en medio de denuncias de autoritarismo y fraude electoral.
(Con información de EFE)
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