La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE por sus siglas en español) demandó la renuncia de los ministros del Interior y de Defensa en el Ecuador en un comunicado recientemente divulgado. La organización indígena además pidió que los secretarios de estado sean interpelados en un juicio político por la Asamblea Nacional y acusó al Gobierno de Guillermo Lasso de ser el responsable del asesinato y la criminalización de los líderes indígenas que participaron en el reciente paro nacional.
La CONFENIAE es la organización regional de pueblos indígenas del Ecuador asentados en la región amazónica ecuatoriana llamada también región oriental. Nueve pueblos indígenas integran la organización: Kichwa, Quijos, Shuar, Achuar, Huaorani, Siona, Secoya, Shiwiar, Andoa, Zápara y Cofán.
Esta confederación de indígenas amazónicos es uno de los tres principales grupos regionales que constituyen la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la principal organización de movimientos sociales indígenas y líder del reciente paro nacional que duró 18 días consecutivos entre e l13 y el 30 de junio de 2022.
Tras una semana de la finalización de las protestas, la CONFENIAE se reunió para discutir los resultados de las movilizaciones. En su asamblea general extraordinaria, la confederación amazónica decidió exigir la renuncia de dos ministros, declarar personas no gratas a un grupo de legisladores y reconocer como héroes a los fallecidos durante los enfrentamientos.
En la resolución, la CONFENIAE solicitó la renuncia del ministro del Interior, Patricio Carrillo, y del ministro de Defensa, Luis Lara y demandó una interpelación política en la legislatura de Ecuador a estos funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso. Ninguno de ellos se ha pronunciado oficialmente sobre el asunto.
La solicitud de renuncia forma parte de la segunda resolución del Parlamento de la Amazonía, que atribuye la responsabilidad sobre la violencia durante las protestas al Gobierno Nacional. El órgano de la sociedad civil asegura que esto se debe al uso excesivo de la fuerza, lo que habría provocado “asesinatos, heridos, detenciones, persecución y criminalización” de los líderes sociales.
La CONFENIAE pide una reparación integral a las víctimas y el cese de la persecución a los líderes que participaron en el paro cuyo saldo económico para el país ha sido calculado en mil millones de dólares, según el Gobierno Nacional. Se estima que USD 750 millones son pérdidas del sector no petrolero y USD 250 millones son pérdidas del sector petrolero.
La Confederación amazónica aclaró que las movilizaciones fueron sostenidas “con la inmensa solidaridad del pueblo ecuatoriano” y rechazó la alianza con el correísmo y con el narcotráfico que recientemente fuera anunciado por el presidente Guillermo Lasso en una entrevista con Infobae. La organización calificó las acusaciones como calumnias.
Además, decidieron declarar como personas no gratas a los asambleístas Guadalupe Llori, ex presidenta de la Asamblea; a los legisladores oficialistas Elías Jachero, elegido por la provincia amazónica de Pastaza, y Washington Varela, elegido por la provincia amazónica de Napo. Los tres fueron acusados de oponerse a las demandas populares.
Durante las intervenciones en el Parlamento Amazónico se pidió también declarar a estos legisladores como personas no gratas por sus votaciones en las sesiones para la aprobación de la ley del uso progresivo de la fuerza, de derogación del estado de excepción durante el paro y en el intento de destitución al presidente Lasso.
La CONFENIAE pidió sanciones contra los asambleístas del Movimiento Pachakutik, el brazo electoral del movimiento indígena y, principalmente, de la CONAIE que hayan permanecido al margen de las movilizaciones. La organización amazónica ordenó a sus delegaciones en cada provincia que presenten un informe sobre las actividades de los legisladores de Pachakutik durante el paro y aseguró que buscará imponer sanciones.
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