Tensión en Ecuador: Leonidas Iza no descartó una posible candidatura presidencial y aseguró que sufrió dos atentados durante las protestas

Desde el 13 hasta 30 de junio, Ecuador vivió un estallido social liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que exigían a la administración de Guillermo Lasso el cumplimiento de una agenda de 10 puntos que contemplaba el precio de los combustibles, la política petrolera y minera, los derechos laborales, la seguridad, la educación, una moratoria en el sistema financiero, entre otros.

El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, lideró la medida de hecho e incluso fue arrestado al inicio de las protestas. Ahora, enfrenta un proceso judicial por paralizar servicios públicos. En una entrevista exclusiva con Infobae, Iza aseguró que hasta no culminar su periodo como presidente de la Confederación, en 2024, no evaluará convertirse en una opción electoral, pese a que se ha convertido en un actor político importante luego de liderar las manifestaciones de junio de 2022. Incluso el presidente Guillermo Lasso, a inicios de su mandato, vinculó a Iza con políticos como Rafael Correa y lo tildó de conspirador.

El líder indígena también dijo a Infobae que la versión oficial sobre las protestas busca deslegitimar la lucha del movimiento indígena y reveló que el Estado interceptó sus comunicaciones. Además, denunció atentados en contra de su vida.

—Durante los 18 días de paro nacional, algunos voceros del gobierno dijeron que detrás de la protesta legítima, había otras agendas e incluso dijeron que hubo vínculos entre las manifestaciones y el crimen organizado. Desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas también hablaron de infiltrados. ¿Cuál es su percepción sobre esas acusaciones?

—Rechazamos categóricamente la versión que ha instalado el gobierno nacional para deslegitimar nuestra lucha. Hubo tres condiciones para sostener esta lucha por 18 días: primero, el 11 de junio de 2021, hace un año, entregamos al gobierno nuestra propuesta; también hemos ido a dos diálogos, el 4 de octubre y el 10 de noviembre de 2021; la tercera condición fue que la convocatoria a la movilización del 13 de junio de 2022 se hizo de manera pública, no hubo nada oculto, no hubo ningún punto de desestabilización. En estos 18 días, el Gobierno Nacional es responsable de posicionar, para dañar la movilización del movimiento indígena, el relato de que había financiamiento del narcotráfico, que había financiamiento de grupos políticos nacionales, que había financiamiento de grupos políticos internacionales. Eso es una total falacia, una mentira. Los únicos financistas en este proceso de lucha de 18 días fueron los ciudadanos que tenemos situaciones económicas similares. La comunidad internacional debe conocer que jamás aceptaríamos un centavo que venga del narcotráfico. El gobierno nacional intentó dañar la movilización de forma intencional y sistemática. La infiltración vino desde el mismo gobierno.

—Durante el paro nacional hubo un intento en la Asamblea Nacional de activar la muerte cruzada para destituir al presidente Guillermo Lasso. ¿Cree que el correísmo, a través de la bancada Unión de la Esperanza, intentó apropiarse de la lucha del movimiento indígena para sus objetivos políticos?

—Luego de la primera parte de lucha que fue en el territorio, en las provincias, la gente empezó a indignarse más, por eso los manifestantes decían que el gobierno nacional debía irse porque no ha respondido a los puntos centrales. En condición de dirigente jamás emitimos un criterio, por más fuerte que gritaran en las calles “fuera Lasso, fuera”. Como dirigentes jamás permitimos que se empañe una lucha de reivindicación de derechos, una lucha de reivindicación económica con una agenda política. Incluso después de que sucedió la votación en la Asamblea Nacional, nosotros nos mantuvimos en la necesidad de resolver los 10 puntos. La lucha que llevamos desde el día 1 hasta el 18 se mantuvo por las 10 demandas que resolvimos con las estructuras organizativas de nuestras bases y las organizaciones fraternas. En ese contexto, en la Asamblea Nacional se intentó forzar esta posible muerte cruzada o la destitución del Presidente de la República. Nosotros como dirigentes no hicimos vocería porque cada función del Estado tiene su autonomía y su independencia, si es que esa era la vía democrática. Nosotros no hemos tenido relación con ninguna agenda en el Legislativo. Lo único que habíamos exigido a nuestros asambleístas [se refiere a Pachakutik, el ala política de la Conaie], es que demuestren si están con el movimiento indígena, con las luchas, con los muertos de esta movilización o si es que van a defender la actitud de un gobierno que ha criminalizado la lucha. No hemos tenido incidencia ni coordinación con lo que hayan hecho los diferentes movimientos o partidos políticos dentro de la Asamblea. Hemos respetado la autonomía, la independencia de las funciones y que eso se garantice en la vía constitucional.

—En algunas declaraciones ha denunciado que hay amenazas en contra de su vida, incluso ha advertido de posibles atentados, espionaje y sabemos que durante las protestas se hackearon las cuentas electrónicas del encargado de comunicación de la Conaie. Sobre estas persecuciones, ¿tienen sospecha de alguien? ¿han investigado quién o quiénes estarían detrás?

—Hay tres cosas que hemos sufrido: un hackeo de las cuentas de los más cercanos, que derivaron en publicaciones que son mentiras, un proceso de intervención de nuestros teléfonos móviles y amenazas de muerte, de hacer daño físico. Sobre el hackeo, se debe tener vergüenza de lo que hacen en materia política. Han dicho que la manifestación está financiada por la señora Pabón (prefecta de Pichincha afín al correísmo) o por actores políticos. Esas son falacias, mentiras y especulaciones para dañar la lucha del movimiento indígena… En el juicio que hay en mi contra (por paralización de un servicio público) nos hemos enterado de que nuestros teléfonos móviles fueron intervenidos desde el 6 de junio. Además de la intervención hubo seguimiento e infiltración con agentes de la policía. Cuando me arrestaron el 14 de junio no hubo un delito flagrante. Si hubo un seguimiento a mis comunicaciones debían tener una orden de detención.

Sobre las amenazas de muerte, un atentado se dio el 10 de junio, luego de una reunión. Eran aproximadamente las 11 de la noche y un vehículo se colocó frente al auto en el que nos movilizábamos, cuando intentamos rebasar por la izquierda el carro ingresó a toda velocidad a la entrada de la parroquia Cangahua (al sur de Quito). Por esa maniobra, considerando la velocidad en la que íbamos, por poco vamos a la quebrada. Luego de ese incidente, como mi teléfono estaba intervenido, empezaron a llegar mensajes de “a este indio le vamos a matar”, “te estamos mirando indio, hijo de tal y cual”, palabras que no quiero repetir. Fue claro que el vehículo que se puso delante nuestro nos intentó botar a la quebrada. También, el 18 de junio, hubo un atentado cuando bajé del vehículo en la provincia de Cotopaxi e ingresé a las oficinas. En las cámaras de seguridad, que por suerte hay en la organización donde nos reunimos, se puede visibilizar a un sujeto con armas y un radio, que rodeó al vehículo en el que yo viajo por dos minutos, creyendo que yo ya salía de la reunión. En ese momento el sujeto se acerca y dispara al vehículo. Sabían exactamente en dónde estaba. Entonces hay un intento permanente de hacerme daño. En el proceso de la movilización prácticamente yo tuve que esconderme porque hubo mensajes que se viralizaron y donde daban un cierto rubro por mi cabeza o si es que estaba muerto o si me llevaban detenido. Eso cruzó en todos los grupos, por lo que la gente me protegió.

—¿Quién cree que está detrás de ese de ese proceso? ¿el gobierno, otros actores políticos?

—Yo no sé de quién sospechar. La intervención de nuestros celulares está claro que es la Policía Nacional. Sobre los atentados, creo que aquí se ha profundizado el racismo. Se ha pasado de una diferencia étnica, de una diferencia política, a una realidad fascista. Yo atribuiría (los atentados) a un cierto sector de la población que están en contra del movimiento indígena.

—Sobre los 10 puntos de la agenda del movimiento indígena, ¿qué significa para ustedes haber alcanzado algunos compromisos estatales sobre el cumplimiento de su agenda y cuáles son los puntos que quedan por resolverse y que serán decisivos en las mesas de seguimiento que tienen que hacer en estos 90 días?

—Hay algunos puntos que ya tienen un sustento jurídico como son los decretos, como el control de precios, pero en la realidad no pasa nada, entonces hay que darles seguimiento para que tenga efecto. También tenemos la derogatoria del Decreto 95, la reforma al decreto 151 referente a minería, necesitamos dar seguimiento y sobre los conceptos que fueron incluidos en este Decreto sobre la no minería en zonas de recarga hídrica y la no minería en territorios ancestrales de pueblos indígenas que no están constando en el decreto. Luego hay acciones puntuales como en lo decretado sobre la condonación de las deudas hasta los 3.000 dólares y la otorgación de créditos hasta 5.000; la duplicación del presupuesto de la educación intercultural, el tema del 50% del precio de la urea, en todos estos temas necesitamos ver que se efectivicen. Necesitamos canalizar para que eso se concrete. Ese sería el primer bloque de resoluciones.

Hay un segundo grupo de demandas de estos 10 puntos que aún no han sido abordadas ni desarrolladas, como la focalización de los combustibles, que hay que dilucidar ya en el proceso de las mesas técnicas. También el tema de los créditos, no solo del sector público, sino del sistema financiero, en instituciones privadas, públicas y cooperativas de ahorro y crédito. Hemos pedido un año de moratoria y la revisión de todos los créditos para que se limpie toda la usura, todo el abuso que se tiene y que garanticen que nuestra gente pueda pagar de acuerdo a sus condiciones económicas. Hay un tercer bloque de los puntos fuertes, los puntos rojos. Ahí están el tema minero y petrolero. El jueves nos instalaremos en las mesas para dar seguimiento de acuerdo la capacidad técnica, para que no queden estos 90 días simplemente en un análisis, sino que realmente podamos dar una salida.

—En las negociaciones para llegar a la firma del acta por la paz, ¿hubo otros actores involucrados? Me refiero a Antonio Ricaurte, ex alcalde y ex concejal de Quito, que se ha presentado como “el poder detrás del poder” en una reciente entrevista. El canciller Holguín ha dicho que Ricaurte actuó como vocero suyo. ¿Es verdad?

—Lo que tiene que saber el Gobierno y la sociedad es que (Antonio Ricaurte) no ha sido mi vocero. Con el señor Ricaurte hemos tenido una amistad y dentro de esa amistad me ha preguntado cuáles son las demandas. A todos quienes me preguntaban les he dicho cuáles son nuestros 10 puntos y les he dicho que se los debe canalizar de manera oficial. Que el señor Antonio Ricaute haya tenido vínculo con el gobierno nacional sobre esos mensajes es respetable, pero no ha sido determinante. Mis diálogos de amistad se han confundido en un escenario político y complejo, por lo tanto respetaré lo que diga el señor Antonio Ricaute pero no ha sido determinante en la mesa.

—¿Considera que el movimiento indígena se ha fortalecido luego de las protestas?

—El movimiento indígena no depende de un liderazgo, como ahora en los procesos judiciales se pretende probar, que fue un presidente el que ordena las estructuras y que no son decisiones desde las bases. Que el movimiento no dependa de un liderazgo es lo que nos ha permitido mantenernos unidos orgánicamente. Si hay demandas desde las bases, los dirigentes estamos obligados a atender esas demandas, lo que nos ha permitido tener fortaleza, tener unidad y tener todas las condiciones de lucha en este país. El movimiento indígena, desde 1990, ha aparecido como un sujeto político fuerte, un sujeto organizativo, un sujeto de derechos dispuestos a cambiar… Los objetivos mayores son construir una sociedad intercultural, que no estemos viviendo como en este momento donde se ha profundizado el racismo, en una sociedad cómoda que no está dispuesta a criticarse así misma sino a trasladar la responsabilidad supuestamente a los violentos, que no se ha preguntado por qué el movimiento indígena sale, por qué hay un nivel de pobreza absoluta…

—¿Cuál es su futuro político?

—No puedo especular ni adelantarme a lo que sucederá en mi futuro luego de mi periodo como presidente de la Conaie, que termina en el 2024. Hasta ese momento no quiero mezclar escenarios electorales. Hay momentos muy dolorosos como 2019, como el de ahora, donde tenemos muertos. No me parece ético ni moral que, en base al dolor de la gente, se me catapulte para un escenario electoral. En este momento respondo como autoridad comunitaria, autoridad de los pueblos y nacionalidades, por lo tanto mi accionar será en ese campo.

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