Como parte del acuerdo alcanzado por el gobierno de Ecuador y el movimiento indígena se estableció que, durante 90 días, se realizarán mesas de seguimiento a las resoluciones suscritas en el acta de la paz, que puso fin a las protestas en contra de Guillermo Lasso que paralizaron al Ecuador por 18 días.
Entre los principales acuerdos alcanzados en la sesión del pasado 30 de junio, están la reducción de los precios de los combustibles fósiles en USD 0.15, la derogación del decreto presidencial sobre la política petrolera y la modificación del decreto referente a la política de extracción minera.
Para revisar el cumplimiento de los compromisos, el acta señala, en su punto VI, que “los comparecientes acuerdan instalar una mesa de diálogo con la presencia de los garantes, con una metodología definida por las partes para el seguimiento de acuerdo y la resolución de los temas pendientes presentados en los 10 puntos, que tendrá una duración de 90 días. Se garantizará la presencia de las funciones del Estado relacionadas con los puntos tratados”.
La Conferencia Episcopal Ecuatoriana actuó como mediadora y garante del diálogo que permitió el fin a las medidas de hecho. Por tal razón, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, que actuó en representación del Ejecutivo, envió una carta dirigida a monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. En la misiva solicitó a los mediadores que se convoque lo antes posible a las partes para la primera reunión de coordinación, seguimiento de acuerdo y resolución de los temas pendientes relacionados con las movilizaciones iniciadas el pasado 13 de junio.
Jiménez pidió que en esa primera reunión se determine una metodología de trabajo, que se elabore una hoja de ruta para los siguientes 90 días y que se designe a los delegados de cada organización.
Monseñor Luis Cabrera indicó que la Iglesia no formará parte de las mesas y que estas deberán funcionar según decidan las partes: “Somos garantes, pero nuestra garantía no es técnica o jurídica, es moral. Nuestra presencia es para recordarles el compromiso asumido entre ellos y con el país. En 90 días tendremos las respuestas”, aseguró.
El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), Gary Espinoza, ha señalado que esperan que en el transcurso de esta semana se celebre el primer acercamiento con el gobierno.
De acuerdo con Espinoza, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana deberá convocar a las partes para que puedan construir el cronograma de trabajo y hoja de ruta. El dirigente señaló que su organización ya tiene listo el equipo técnico y de representantes que participarán en las reuniones: “Estamos listos para el momento en que nos llamen a instalar la mesa técnica”, dijo.
Según Espinoza, las propuestas legislativas deberán tratarse con los asambleístas, sobre todo para resolver algunos temas de interés para la agenda del movimiento indígena, como la condonación de deudas en la banca pública y privada hasta los USD 10.000. Según Espinoza, “el Estado debe asumir esa responsabilidad”. Sobre este punto, durante las paralizaciones, el gobierno de Guillermo Lasso anunció que la banca pública condonará las deudas de hasta USD 3.000, pero esta medida es insuficiente para las organizaciones indígenas que lideraron la protesta.
Un proceso de reconciliación
En su primera intervención, luego del fin del paro nacional, el presidente Guillermo Lasso aseguró que el campo y la ruralidad serán la prioridad nacional. “Vamos a emprender juntos la tarea de transformar la paz que hoy hemos conseguido en progreso, bienestar y oportunidades para todos”, dijo el mandatario, a la vez que reconoció el abandono estatal que los sectores rurales han tenido por más de 40 años.
En su mensaje, Lasso también hizo un llamado a la reconciliación en Ecuador: “Es momento de curar heridas, de superar la división entre ecuatorianos y unirnos por un solo objetivo: reconstruir el Ecuador”.
Las movilizaciones iniciaron el pasado 13 de junio y fueron lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que exigieron al gobierno de Guillermo Lasso que cumpla con una agenda de 10 peticiones. Las manifestaciones dejaron al menos 8 muertos, alrededor de 300 heridos y pérdidas millonarias para el Estado y los sectores productivos.
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