El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, cambiará a su ministro de Economía, Simón Cueva, después de las protestas contra las políticas económicas del Gobierno lideradas por el movimiento indígena y campesino durante dieciocho días.
El cambio de ministro en la cartera de Economía y Finanzas fue confirmado este lunes a la agencia EFE por una fuente del Gobierno y se hará oficial en las próximas horas.
Cueva forma parte del gabinete de Lasso desde que comenzó su mandato presidencial hace algo más de 13 meses y se ha caracterizado por mantener una estricta disciplina fiscal y sólidos fundamentos macroeconómicos, incluida una reforma tributaria para aumentar la recaudación.
Con ello se ha buscado cumplir las metas del programa crediticio que Ecuador mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 6.500 millones de dólares, de los que ya se han desembolsado 5.800 millones de dólares.
La partida más reciente, de 1.000 millones de dólares, fue aprobada la pasada semana por el FMI después de que el Gobierno efectuase una serie de medidas correctivas solicitadas por la institución para subsanar varias observaciones que impidieron que recibiese antes ese dinero.
Entre esas observaciones estaba realizar auditorías a las petroleras estatales y reportar mayor exactitud en el gasto estatal de pensiones y salud respecto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
En el periodo que Cueva ha estado al frente del Ministerio de Economía y Finanzas, el producto interior bruto (PIB) de Ecuador registró en 2021 un crecimiento del 4,2% respecto a 2020, lo que le permitió avanzar en su recuperación económica pero sin alcanzar todavía los niveles previos a la pandemia de la covid-19.
Asimismo, en el primer trimestre de 2022 la economía ecuatoriana creció 3,8% respecto al mismo periodo de 2021 y 0,4% en comparación al último cuatrimestre del año pasado, impulsado por el consumo nacional y la inversión privada, tanto nacional como extranjera.
Sin embargo, los consumidores ecuatorianos también se han visto afectados por un fuerte incremento de los precios, en sintonía con la tendencia global, por lo que el aumento del coste de la vida fue uno de los motivos que llevó al movimiento indígena y campesino a convocar una movilización que se prolongó durante 18 días.
Esas movilizaciones, que se saldaron con 6 fallecidos y unos 500 heridos entre manifestantes y fuerzas del orden, acabaron el jueves pasado con un acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones convocantes a la protesta donde el Ejecutivo concedía parcialmente el pliego de diez demandas.
Entre las medidas más destacadas incluidas en el acuerdo está la rebaja de 15 centavos de dólar por galón (3,78 litros) en los combustibles subsidiados, la derogatoria de un decreto que promovía la actividad petrolera y el compromiso de no dar más concesiones mineras en zonas sensibles como reservas naturales y territorios ancestrales de indígenas.
Por su parte, el juicio impulsado por el Estado al máximo líder de las recientes protestas indígenas en Ecuador, Leonidas Iza, fue suspendido el lunes, por lo que está pendiente que se le juzgue por la acusación de paralización de servicio público, delito que la ley castiga con uno a tres años de prisión.
Uno de los abogados del dirigente, Raúl Ilaquiche, dijo a la red de televisión Teleamazonas que se presentaron argumentos conjuntos de los acusadores y los defensores para suspender la audiencia a fin de hacer consultas a la Corte Constitucional, a cuya consideración se remitió todo el expediente.
“Nos parece fundamental que la Corte Constitucional resuelva el tema del plazo (que debe durar el juicio) y también la imparcialidad con que debe actuar la jueza”, añadió. Ese organismo tiene un plazo de 45 días para dar una respuesta.
La decisión se adoptó tras dos horas de iniciado el proceso judicial.
El país estuvo al menos dos semanas virtualmente paralizado por férreos bloqueos de las principales carreteras del país, incluida la Panamericana.
El proceso se realizaba en la ciudad andina de Latacunga, 90 kilómetros al sur de Quito, en uno de cuyos sectores rurales fue detenido el dirigente el 14 de junio. Un día más tarde fue puesto en libertad, a partir de lo cual las protestas recrudecieron y se radicalizaron con acciones de violencia como agresiones y saqueos a pequeños comercios.
Antes de empezar el juicio, Iza había dicho que es necesario evitar cualquier acto “que vaya a indignar a la gente”. Agregó que “la gente no sale por violenta, sale frente a esta realidad y si hoy día se tiene una sentencia o alguna acción que sea desproporcionada... se bloquearía la posibilidad de avanzar en los temas centrales , sustanciales de este país”.
“Vamos a luchar por una verdad, por una justicia independiente, pueden decir lo que sea desde la justicia, pero está clarísimo que la justicia es controlada políticamente”, añadió.
La primera evaluación realizada la semana pasada por el gobierno señaló que la paralización de 18 días ha dejado pérdidas por 1.000 millones de dólares en diferentes sectores productivos, especialmente en agroexportadores.
(Con información de EFE y AP)
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