El presidente de Chile, Gabriel Boric, firmó este viernes una reforma tributaria que incluye una nueva regalía para la actividad minera y un impuesto a la riqueza, destinados a financiar el programa de ampliación de derechos sociales de su gobierno.
“El objetivo de la reforma tributaria es avanzar en mayor equidad, mayor igualdad y cohesión social para que todos estemos un poquito más protegidos”, afirmó Boric, tras el anuncio de un paquete de reformas que buscan recaudar 4,1% del PIB cuando esté vigor, uno de los proyectos centrales de su gobierno.
La reforma tributaria es parte del plan de transformaciones incluidas en el programa del izquierdista Gabriel Boric para financiar la ampliación y mejora del sistema de salud y el aumento de una pensión básica universal, entre otros.
Según el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el nuevo sistema busca un estado social mucho más moderno y solidario, en la línea de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una mayor recaudación y una mejor distribución de los ingresos.
“No busca separar al país entre buenos y malos”, sino generar recursos para financiar proyectos sociales, de descentralización, dijo Marcel en una ceremonia en el palacio de La Moneda, a la que asistió el presidente Boric.
“Hemos llegado después de meses de arduo trabajo a presentar estas propuestas para una reforma tributaria, que ocupa un lugar central en la agenda del gobierno. Responde a la idea de un pacto fiscal que aporte al desarrollo del país, que modernice el sistema tributario y le dé más justicia, así como más eficiencia tanto en la recaudación como en el uso de recursos”, señaló.
“Sabemos que la reforma tributaria busca generar recursos para financiar buena parte de la agenda de ampliación de derechos sociales, de diversificación de la productividad y descentralización, pero al mismo tiempo mejorar el sistema tributario”, recalcó.
La propuesta, que va a ingresar en cuatro proyectos de ley separados al Congreso, incluye un impuesto a las personas con un patrimonio mayor a los 5 millones de dólares (unas 6.300 personas) y un aumento de los impuestos personales que afectará sólo al 3% de asalariados, con sueldos a partir de los 4 millones de pesos (4.275 dólares).
Se establece también un nuevo régimen tributario para la gran minería, con una producción mayor a las 50.000 toneladas métricas de cobre fino, del que Chile es su principal productor mundial. La propuesta establece un incremento de las tasas efectivas al valor de entre 1 y 4% y otro sobre la renta minera, con tasas de entre 2% y 32% sobre la rentabilidad operativa en dependencia de los precios del cobre, cuando estos fluctúen entre dos a cinco dólares la libra física en la Bolsa de Metales de Londres.
SIN CAMBIOS EN LAS INVERSIONES EXTRANJERAS
Además, reestructura la imposición de las empresas, pero respecto a “los inversionistas extranjeros se mantendrá el régimen tributario actual.
Al hilo de este argumento, Marcel admitió que en Chile “tenemos una brecha importante, que se expresa en algunos componentes como la tributación de la renta personal y de la propiedad”.
“En el caso de ingresos personales estamos muy por debajo de la OCDE actual e incluso de los años 70, lo mismo en tributaciones, la propiedad. Es un sistema con capacidad muy limitada para redistribuir la riqueza en nuestro país”, explicó el ministro, quien insistió en que la reforma se basa en una investigación sobre las inquietudes expresadas al respecto por los ciudadanos.
En este sentido, Marcel aseguró que es “progresiva”, en la que los más ricos pagarán más, y se basa en valores como “la equidad, la transferencia y la eficiencia”, además de “el compromiso en el cumplimiento”, la corresponsabilidad y flexibilidad para adaptarse a la evolución y los cambios que impongan el futuro.
E introduce una vertiente educativa que simplifica el trámite para hacerlo más accesible a los ciudadanos y herramientas de asistencia al contribuyente para que sepa cómo se gestionan sus impuestos.
La recaudación tributaria en Chile supuso el 19,3 % del PIB en 2020, según la OCDE, muy por debajo del promedio en Latinoamérica, el 21,9 %, y de este propio organismo, un 33,5 %.
Con información de AFP y EFE
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