Legisladores ecuatorianos han recibido amenazas y propuestas de sobornos para votar a favor de la destitución de Guillermo Lasso

Una congresista aseguró que se ofrece hasta medio millón de dólares para que los legisladores apoyen la moción de la bancada correísta

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Vista general de la Asamblea
Vista general de la Asamblea Nacional de Ecuador, en una fotografía de archivo. EFE/José Jácome

En el Legislativo del Ecuador, los congresistas esperan resolver el pedido de la bancada correísta de destituir al presidente Guillermo Lasso y convocar a elecciones anticipadas. En medio del debate que ha recibido a más de 70 legisladores, algunos de ellos han asegurado que han sido amedrentados para votar a favor de la destitución de Lasso.

El domingo se reinstaló la sesión asamblearia que había iniciado el sábado. La reunión contó con la presencia de los 137 asambleístas. Durante las intervenciones de los legisladores, se conocieron denuncias de amenazas para respaldar la moción propuesta por la bancada Unión por la Esperanza, afín al ex presidente Rafael Correa.

Por ejemplo, Gruber Zambrano, de la bancada oficialista, dijo que la congresista de UNES, Viviana Veloz, pidió que lo declaren persona no grata en Santo Domingo, provincia en la que fue electo, por no respaldar el proceso para destituir al presidente.

Los legisladores de CREO, el partido de Guillermo Lasso, y algunos de la Izquierda Democrática, cuya bancada anunció que no respaldarán a los correístas, dijeron que han recibido llamadas telefónicas, visitas e incluso manifestaciones con gritos en sus domicilios para que voten a favor de terminar el mandato de Lasso.

Patricio Cervantes, congresista oficialista, dijo que antes de su intervención un grupo de personas se situaron frente a su vivienda para presionarlo. Cervantes dijo que lo mismo sucedió con su compañera, la legisladora Blanca Sacancela. Las personas que amedrentaron a Sacancela incluso habrían intentado entrar a su domicilio.

En su discurso, Cervantes dijo que se los presiona en sus viviendas para atemorizar a sus familias, pero a pesar de ello no permitirán la destitución del presidente impulsada “por un grupo de mafias aliadas al narcotráfico y al narcoterrorismo que quieren destruir el orden técnico”.

El legislador Ramiro Frías de la Izquierda Democrática también reveló que recibió llamadas telefónicas y mensajes de texto en los que se le exigía que vote por la destitución de Lasso, pero se ratificó en que no apoyará esa intención porque prefiere defender la democracia y la institucionalidad. Frías acusó a los legisladores correístas de querer aprovecharse de las protestas indígenas para desestabilizar al gobierno.

La mañana de este lunes, la asambleísta Ana Belén Cordero dijo, en Radio Sucesos, que los legisladores están siendo sobornados con medio millón de dólares para votar a favor de la destitución de Guillermo Lasso.

En un audio que circuló el portal 4pelagatos, se escucha a una persona indígena que no ha sido identificada dando órdenes sobre cómo amedrentar a la legisladora Consuelo Vega. En el audio, que aparentemente habría sido enviado a algún grupo en un servicio de mensajería, se escucha: “Hay una estrategia, una forma de poderle convencer a la Consuela Vega, ella tiene una gasolinera, tiene su casa al lado... Amenácenla diciendo que si no se anima a la muerte cruzada, se van a tomar la gasolinera, que se van a tomar la casa, los bienes”.

En la misma grabación, la persona reconoce que amenazó al asambleísta Celestino Chumpi para que vote a favor de la destitución: “si no votas a favor del pueblo, el pueblo te va a hacer pendejadas. Yo hablé con él también hablaron mis hermanas”.

También en otro audio se escucha que desde el Movimiento Indígena Campesino Cotopaxi, de donde Leonidas Iza fue presidente, se buscó amedrentar a la legisladora Gisella Molina. Una mujer pide que “se la presione” o “al menos se la haga quedar mal” si no vota por la muerte cruzada.

Para destituir al presidente y convocar a elecciones anticipadas, los asambleístas correístas activaron el procedimiento de la disolución anticipada de poderes representativos, conocido como muerte cruzada.

En la opinión pública se la conoce como “muerte cruzada” porque contempla la terminación anticipada del periodo de funciones de los titulares de los poderes ejecutivo y legislativo, simultáneamente autoridades representativas que deberán reemplazarse en el mismo acto eleccionario, celebrado para el mismo día. Inclusive, el presidente o legisladores en funciones tienen permitido participar en esa elección, siempre que estén ejerciendo por primera vez el cargo de manera consecutiva.

Para la destitución se necesitan 92 votos, pero hasta el momento, según los anuncios públicos de los legisladores, apenas hay 77 votos a favor de la muerte cruzada y 55 votos en contra. Solo quedarían por resolverse 5 votos que, aunque apoyaran la destitución, no serían los suficientes.

Rafael Correa, ex presidente del Ecuador, prófugo de la justicia y asilado en Bélgica, se pronunció en redes sociales y dijo que la destitución dependerá del voto de la bancada del Partido Social Cristiano, con 15 legisladores. Sin embargo, la bancada ya se pronunció en contra de la destitución y, en sus intervenciones, los asambleístas se han ratificado en ese anuncio.

La sesión fue suspendida la noche del domingo y continuará el martes, 28 de junio, a las 11h00.

Lasso cede, pero es insuficiente para la Confederación Indígena

Mientras la Asamblea Nacional sesionaba para resolver la destitución de Lasso, el presidente anunció en un mensaje a la nación su compromiso por resolver los 10 puntos de la agenda de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). La Conaie, liderada por Leonidas Iza, exige al gobierno el cumplimiento de esa agenda para cesar las movilizaciones que iniciaron el pasado 13 de junio y que se han mantenido de forma indefinida con cierres de vías, enfrentamientos con la fuerza pública, 7 muertos y al menos 200 heridos.

Lasso también anunció la reducción del precio de los combustibles en 0.10 centavos por galón. En el decreto firmado por el presidente se fija que el precio de las gasolinas Extra y Eco País, de 85 octanos, bajará de USD 2,55 a USD 2,45 por galón (3,7 litros), mientras que el diésel se reducirá de USD 1,90 a USD 1,80 dólares por galón.

A pesar del anuncio del presidente Lasso, la Conaie comunicó en un boletín que la reducción es “insuficiente, sin garantías y que no se compadece de la situación de pobreza que afrontan millones de ecuatorianos”. Además, calificaron a la decisión como unilateral e insensible. Al mismo tiempo, reconocieron que la lucha indígena ha permitido respuestas en 5 de los 10 puntos planteados y se ratificaron en la medida de hecho.

Durante la primera mesa de diálogo, la Conaie insistió en que la reducción de los combustibles sea de USD 0.40. Sin embargo, los representantes del Ejecutivo dijeron que no han encontrado una manera de aumentar el subsidio. Lasso además derogó un decreto referente a la explotación petrolera y modificó otro sobre la minería, esto como parte de los pedidos de la Confederación indígena. Sin embargo, aparecieron nuevas peticiones por parte de Iza, como la salida del ministro del Interior y que queden sin efecto los procesos judiciales realizados en el marco de estas manifestaciones.

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