Qué hay detrás del temor de Nayib Bukele a extraditar a los líderes pandilleros que reclama Estados Unidos

El gobierno de Joe Biden volvió a recordar al presidente Nayib Bukele, a mediados de junio, que aún espera la extradición de 15 líderes de la pandilla MS13 a los que Estados Unidos acusa de terrorismo y otros delitos. Bukele, con quien según Washington los pandilleros hicieron un pacto de gobernabilidad, se sigue resistiendo a enviar al norte a criminales que luego podrían testificar contra él.

El viernes 24, en una inusual conferencia de prensa en Salvador, el Encargado de Negocios de Estados Unidos, Patrick Ventrell pidió por la extradición de los pandilleros de la MS13 reclamados por su país.

Los hombres del presidente se han asegurado de mantener lejos de agentes federales y jueces estadounidenses a los líderes de la MS13 que pudieran hablar, en un eventual caso judicial en el Distrito Sur de Nueva York, del pacto que el gobierno salvadoreño aseguró con las pandillas desde que Nayib Bukele era alcalde de San Salvador, allá por 2015. A uno de esos líderes, un lugarteniente de Bukele lo escoltó hasta Guatemala para protegerlo. A otro, de acuerdo con dos oficiales de la Policía salvadoreña consultados por Infobae, lo mantienen vigilado en una casa de protección de la División Especial contra el Crimen Organizado (DECO).

Los potenciales testimonios de esos pandilleros en cortes estadounidenses podrían ser letales para los funcionarios de Bukele que han protegido a las pandillas, incluso para el mismo presidente. Washington, de hecho, ya ha dicho que entiende que el mandatario ha estado detrás de todas las negociaciones con los líderes de la MS13.

Infobae ha conversado, desde mayo pasado, con dos oficiales estadounidenses que han tenido conocimiento directo de las investigaciones a los pandilleros salvadoreños. Ambos, desde el anonimato para poder comentar sobre investigaciones en curso, aseguraron que las pesquisas en torno al involucramiento de Bukele y sus funcionarios en el pacto con la MS13 y el Barrio 18 siguen abiertas y que una fuerza de tarea ha hablado con varios testigos salvadoreños en los últimos meses.

“Ya cuentan -los fiscales- con muchos testimonios que han dejado más claro como se desarrolló todo… Es un escenario parecido al de (el expresidente Juan Orlando) Hernández en Honduras… Si todos esos testimonios se materializan llegan hasta arriba”, dijo uno de los funcionarios estadounidenses en referencia al presidente Nayib Bukele.

En el caso de Juan Orlando Hernández, el Departamento de Justicia construyó el caso criminal por delitos de narcotráfico y armas basado en buena medida en testimonios de traficantes hondureños que llegaron extraditados o por otras vías a Estados Unidos desde 2014.

Uno de los funcionarios consultados en el caso de El Salvador, miembro del aparato diplomático de la administración Biden, confirmó que el Departamento de Justicia (DOJ) tiene lista una acusación criminal que incluye a Osiris Luna Meza, jefe de prisiones de El Salvador, y a Carlos Marroquín, funcionario de Casa Presidencial y quien ha servido de nexo entre las pandillas y Bukele desde que el político era alcalde de San Salvador.

Ese mismo funcionario aseguró que la discusión sobre el momento en que el DOJ presentará la acusación en el distrito judicial de Nueva York que reclama a los pandilleros salvadoreños sigue abierta en la administración Biden.

Desde mediados de 2021, los fiscales estadounidenses en Nueva York, apoyados por la fuerza de tarea compuesta por agentes del FBI y de la Agencia Control Antidrogas (DEA en inglés), retomaron una investigación sobre el pacto pandillero de Bukele que llevaba la fiscalía salvadoreña antes de que diputados afines al presidente nombraran a Rodolfo Delgado, el actual fiscal general, quien desde entonces desechó el caso. Con el expediente sobre el pacto cerrado en El Salvador, la investigación continuó solo en Estados Unidos.

En diciembre del año pasado, el Departamento del Tesoro en Washington había sancionado a Meza y a Marroquín a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC en inglés). La investigación previa a esa designación, que tomó elementos del expediente abierto por la fuerza de tarea que trabajó en paralelo el expediente criminal en Nueva York, dejó en claro que el gobierno de Estados Unidos entiende que los dos sancionados son solo una parte del rompecabezas.

El Tesoro acusa a Luna y Marroquín de ser parte de “actividades criminales transnacionales graves, incluidos el tráfico de drogas, el secuestro, el tráfico y la trata de personas, el asesinato, la extorsión y el chantaje”, entre otros delitos. Esos crímenes, dicen los estadounidenses, ocurrieron como parte de un esquema para facilitar reuniones secretas con los líderes pandilleros encarcelados en El Salvador que ahora reclama Estados Unidos.

Las reuniones en las cárceles fueron parte de “un esfuerzo del gobierno salvadoreño para negociar un pacto secreto con el liderazgo de las pandillas”, según el Tesoro. De ese pacto, Bukele obtuvo un compromiso para la reducción de homicidios, lo cual ha ocurrido de forma sostenida y ha sido una de las principales medallas que el presidente se ha colgado a lo largo de su mandato, y apoyo electoral; todo eso a cambio, entre otros beneficios, de dinero en efectivo procedente del erario salvadoreño.

En todas esas negociaciones, aseguran los agentes federales estadounidenses, Luna y Marroquín actuaron “en nombre del gobierno de Bukele”.

A inicios de 2021, el 14 de enero, una semana antes de que Joe Biden tomó posesión como el presidente número 46 de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia (DOJ) había acusado a 14 miembros de la directiva nacional de la MS13, la mayoría encarcelados en El Salvador, de actos de terrorismo. Luego, cuando las investigaciones en El Salvador primero y en Estados Unidos después revelaron la participación de Bukele y sus funcionarios en el pacto, los aparatos judicial y diplomático de Biden intensificaron la presión al gobierno salvadoreño para la extradición de los líderes pandilleros

Pero Bukele los blindó. Y Estados Unidos no ha parado de insistir.

Brian Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, fue el último en recordar a Bukele que Washington no ha desistido. “Estados Unidos ha solicitado la extradición de varios líderes pandilleros y esperamos que el gobierno de El Salvador autorice esas extradiciones para que podamos perseguir penalmente a estos individuos”, dijo el funcionario el 18 de junio pasado al hablar de la recién pasada IX Cumbre de las Américas en Los Angeles, a la que Bukele no asistió.

Élmer Canales Rivera es uno de los líderes históricos de la MS13. Le llaman el Crook y ha sido uno de los interlocutores políticos de la MS13 con dos gobiernos salvadoreños desde 2012, primero con el del expresidente Mauricio Funes y luego con el de Bukele. Desde la cárcel, este jefe pandillero fue uno de los que movió los hilos de las treguas con los políticos.

El 1º de abril de 2020, por órdenes de Osiris Luna, el jefe carcelero, a Crook lo movieron de celda para facilitar las negociaciones con el gobierno, según las investigaciones que entonces llevó la fiscalía salvadoreña a las que Infobae ha tenido acceso. Ese día, Luna hizo ingresar a cuatro personas encapuchadas, se supone que representantes de Bukele, para llevar adelante las negociaciones. La investigación que abrió la fiscalía salvadoreña y luego cerró Delgado, el fiscal del presidente, da cuenta de varios movimientos de Crook para que participara en las reuniones del pacto.

Ocho meses después, a pesar de que no había cumplido el total de su sentencia, Canales Rivera salió del penal de máxima seguridad, sin que hasta ahora el gobierno de Bukele dé cuentas de su paradero. Desde noviembre de 2021, el estado del pandillero en el Sistema de Información Penitenciaria de El Salvador es de “inactivo por libertad”. Cuando un periódico salvadoreño pidió explicaciones al gobierno, este simplemente guardó silencio.

Crook había estado preso desde 2000, cuando fue condenado por homicidio. En 2019 recibió otra condena, esta de 70 años, de nuevo por el mismo delito.

En el audio de una llamada telefónica entre Carlos Marroquín, uno de los lugartenientes de Bukele sancionados por Estados Unidos, y un pandillero publicado por el periódico digital El Faro se revela que fue el funcionario quien sacó a Crook de El Salvador hacia la vecina Guatemala luego de que desacuerdos entre el liderazgo de la MS13 y el gobierno provocaran un quiebre en el pacto que disparó la violencia y dejó 87 muertos en un fin de semana de marzo pasado.

Otro de los líderes pandilleros solicitados por Estados Unidos es Michael Estiban Hernández, alias White de Iberias, jefe de la clica Iberias Locos de la MS13 y uno de los nexos más importantes entre la mesa directiva de la pandilla, o ranfla nacional como se le conoce en El Salvador, y el gobierno de Bukele mientras duró el pacto, según confirmó a Infobae uno de los jefes policiales consultados.

Ya en 2015, cuando la Policía investigaba la relación entre la MS13 y el entorno de Bukele, entonces alcalde de San Salvador, Marroquín y Mario Durán, en aquella época alto funcionario en la municipalidad capitalina y hoy alcalde de la ciudad, conversaban con líderes pandilleros, entre ellos el White de Iberias. Una foto tomada por investigadores policiales el 15 de diciembre de aquel año lo demuestra.

Otras investigaciones judiciales muestran, además, que Ernesto Sanabria, actual secretario de prensa de Bukele, y Rolando Castro, su ministro de trabajo, hablaban con las pandillas a mediados de la década pasada. Castro también fue incluido en 2021 en la Lista Engel del Departamento de Estado como actor corrupto y antidemocrático.

Para el pacto que el presidente Bukele montó con las pandillas a partir de 2019, cuando tomo posesión del Ejecutivo, el White de Iberias funcionó como nexo entre los líderes de la MS13 encarcelados y los que ejercían en las calles y barrios del país.

Dos jefes policiales consultados por Infobae con conocimiento de las políticas de la fuerza pública en el tema pandillas, aseguraron que, desde su salida, el White de Iberias se ha movido con discreción por todo el país y que, en los últimos meses, ha estado resguardado en una casa de seguridad que administra una fuerza élite de la Policía Nacional Civil. Infobae trató de corroborar esto con las autoridades de la PNC pero no hubo respuesta a solicitudes de información.

La protección del gobierno Bukele y sus aliados ha sido extensa y ha incluido, además, maniobras en el Ministerio Público y en la Corte Suprema de Justicia, ambas oficinas bajo control político del presidente.

Rodolfo Delgado, el fiscal general, ha pedido por escrito al máximo tribunal que proteja a Eliú Melgar Díaz, alias Blue, otro extraditable, con el argumento de que no hay garantías de que Estados Unidos respete el derecho del pandillero a no ser condenado a muerte. Cuando hizo la petición, Delgado sabía que los fiscales estadounidenses ya habían acordado con su antecesor, el fiscal general Raúl Melara -depuesto por diputados bukelistas-, que la pena de muerte estaría fuera de la mesa en un eventual proceso en la corte de Nueva York.

La Corte Suprema ha detenido varias extradiciones, por las que los jefes de la diplomacia estadounidense siguen reclamando a Bukele, desde hace meses. Uno de los jueces que ha parado esos procesos es Miguel Ángel Flores Durel, un abogado al que los diputados del presidente impusieron como magistrado de la Corte el primero de mayo de 2021. Antes, Flores Durel había sido defensor de Elmer Canales Rivera, el Crook, y de Borromeo Enríquez, alias Diablito de Hollywood, otro de los líderes de la MS13 involucrados en el pacto.

Desde marzo pasado, cuando desacuerdos entre la MS13 y el gobierno provocaron la masacre de 87 personas, Bukele se embarcó en una cruzada a la que bautizó “Guerra contra las pandillas” y para la cual sus diputados han aprobado tres periodos seguidos de régimen de excepción, han reformado leyes para limitar las garantías constitucionales de defensa, debido proceso y libertad de expresión y han intensificado la propaganda contra los críticos del régimen.

El despliegue más reciente ocurrió el 21 de junio, cuando el presidente anunció en su cuenta de Twitter la construcción de una inmensa cárcel para, escribió, albergar a “40,000 terroristas”. Por ese delito, terrorismo, es que Estados Unidos reclama a los líderes pandilleros que Bukele protege.

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