La Fiscalía General ecuatoriana denunció este martes que su edificio central está siendo atacado por manifestantes indígenas y pidió ayuda a la policía y las fuerzas armadas, mientras las protestas se tornaban más violentas en varios sectores de Quito, la capital del país.
En un comunicado, la institución señaló que “se han tomado acciones para precautelar la integridad de los funcionarios y se han puesto a buen recaudo los expedientes e información sensible... con el fin de que ningún incidente ponga en riesgo las investigaciones y procesos en marcha”.
Fotografías de medios locales mostraron las puertas destruidas y otros daños en la Fiscalía, ubicada cerca de uno de los principales focos de las protestas, la Universidad Salesiana.
También hubo incidentes en torno a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), que denunció “actos vandálicos por parte de manifestantes” contra su sede central, donde además “miembros de la Policía Nacional han ingresado sin autorización”.
La PUCE denunció que ha sufrido “la destrucción de la puerta de ingreso” a su campus, y también hizo “un llamado a la paz y al diálogo con la finalidad de que cesen estos actos de violencia”.
En otros puntos de la ciudad también hubo numerosos cortes de vías que obligaron a la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito a suspender los servicios “hasta que las condiciones en las vías sean favorables”.
En protestas similares ocurridas en octubre de 2019, cuando los indígenas se manifestaron en contra de la eliminación parcial de un subsidio a los combustibles, un grupo ingresó a la Contraloría General, destruyó expedientes y quemó el edificio.
Durante la jornada, en que la capital quedó virtualmente paralizada y con desabastecimiento de alimentos y gas, se han registrado constantes enfrentamientos de los indígenas y campesinos con agentes del orden. A primera hora vehículos de los manifestantes perseguían y bloqueaban a los autobuses del transporte público para pincharles las llantas y obligar a los pasajeros a caminar.
Las universidades, la iglesia, la delegación de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos -entre otras 300 instituciones- hicieron pública una invitación al Gobierno y a los indígenas para “llegar a acuerdos que permitan enfrentar la grave crisis económica, social y política que atraviesa Ecuador”. El Ejecutivo aceptó de inmediato el llamado, pero hasta ahora, el líder indígena Leonidas Iza, principal promotor de la movilización, rechaza las reiteradas invitaciones para sentarse a dialogar con el presidente Guillermo Lasso, quien el fin de semana aprobó parte del decálogo de demandas exigidas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Sin embargo, el movimiento indígena encabezado por Iza exige también que se aprueben el resto de demandas pendientes, como la congelación y reducción de los precios de todos los combustibles, el control de precios de los productos esenciales, un mejor pago a productores agrícolas y frenar la expansión de la minería.
El Palacio de Carondelet, la sede del gobierno nacional, amaneció fuertemente resguardado por cientos de policías y militares, vallas y alambres de púas.
En tanto, el ministro de Defensa, Luis Lara, advirtió que la democracia está en riesgo. En una cadena de radio y televisión afirmó que las fuerzas armadas contemplan con enorme preocupación “el crecimiento de la violencia por parte de quienes han rechazado el diálogo”.
Añadió que “estas acciones van más allá de la protesta ciudadana, se trata de un intento deliberado de utilizar la violencia armada para atentar contra la democracia, amenazar a las instituciones. Las fuerzas armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional”.
El Ministerio de Energía declaró el estado de fuerza mayor para todas las operadoras de exploración y explotación de hidrocarburos y todas las fases de la industria para evitar posibles demandas por incumplimiento de contratos.
Las protestas y la sucesiva toma de pozos petroleros han obligado a apagar cerca de 609 pozos de producción en la Amazonía con una pérdida diaria de producción de unos 30.000 barriles, equivalente a 17 millones de dólares.
Desde el lunes de la semana pasada la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la mayor de su tipo, mantiene un paro nacional por tiempo indeterminado que ha afectado especialmente a seis provincias del centro norte ecuatoriano en demanda de la reducción del precio de la gasolina, la fijación de precios de los productos agropecuarios y mayor presupuesto para la educación, entre otros reclamos.
Se espera que en las próximas horas esa organización responda al presidente, que el fin de semana envió un documento con respuestas a los pedidos.
Las manifestaciones han ocasionado el bloqueo intermitente de vías impidiendo el paso de vehículos particulares y de carga.
Las protestas dejan hasta ahora un fallecido y 61 manifestantes heridos, de ellos 18 graves, así como 86 detenidos, según los datos de las las organizaciones de derechos humanos, mientras que el Ministerio del Interior reporta 61 policías con algún tipo de lesión, así como una decena de militares.
(Con información de AP y EFE)
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