Protestas en José Ignacio y multas para dos argentinos por las obras de sus casas sobre la playa

La Liga de Vecinos del balneario uruguayo de José Ignacio presentó sendas demandas contra los propietarios argentinos de dos casas en construcción que ya fueron multadas por irregularidades que pondrían en peligro zonas de un frágilidad ecosistéma.

José Ignacio es elegido por una gran cantidad de familias argentinas de alto poder adquisitivo que buscan un lugar en el este uruguayo para vacacionar o vivir. Al tratarse de un antiguo pueblo de pescadores con pocas edificaciones, año a año se construyen más casas de lujo que generan controversia entre los locales por presuntas irregularidades.

Actualmente hay dos proyectos inmobiliarios que desataron una gran disputa entre vecinos, autoridades y dueños de estos terrenos respecto a si violan las normas ambientales o no, a pesar de haber sido autorizados por el Ministerio de Ambiente y la Intendencia de Maldonado.

Los locales entienden que en ambos casos se trasgrede la ley en tres aspectos que aplican a construcciones en balnearios: el límite de seis metros de altura, el uso de materiales pesados —como hormigón y acero— y la realización de edificaciones sobre la arena de los médanos. En este último caso la única opción es construir sobre pilotes para evitar el contacto directo con el suelo.

El primer proyecto que desató la polémica

José Ignacio exige ciertos cumplimientos particulares a aquellas construcciones hechas en zonas de fragilidad ecosistémica. Según expresaron vecinos a través de un comunicado, hay “dos viviendas de veraneo enormes, gigantes, propiedad de ciudadanos argentinos, (que) se están levantando ante la mirada atónita e indignada de los vecinos de José Ignacio (y miles de turistas horrorizados) en plena zona de médanos de la playa brava, en zona de fragilidad ecosistémica según el plan de ordenamiento territorial vigente”.

La primera obra que generó repercusiones fue la del empresario argentino Andrés Reinaldo Rossi, aprobada por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en 2017. Al año siguiente, se intimó al empresario a presentar un nuevo plan de construcción dado que el anterior no terminaba de asegurar la preservación de la vegetación costera y sus dunas.

Tras hacer una nueva propuesta recibió, un año después, la aprobación del documento, pero tras incumplir las condiciones estipuladas tuvo que detenerlo, según informó El Observador. En esta situación, el propietario volvió a ser intimado, presentó un nuevo plan y fue aprobado una vez más.

La Liga de Fomento ratificó una denuncia por constatar que la vivienda estaba construida en hormigón y que su base no estaba un metro por encima de las dunas, informó El Observador. Al ser consultada por el ministerio, la Intendencia de Maldonado contestó que la casa de Rossi está “adaptada al ambiente costero de alta energía”, a pesar de reconocer que no estaba hecha de materiales livianos. Según dijo Mauricio Fioroni, abogado de la Liga de Fomento de José Ignacio a La Diaria, la construcción supera por un metro la altura permitida. El propietario tuvo que pagar una multa y recibió una nueva autorización para terminar la obra el pasado 5 de noviembre.

La segunda vivienda

El segundo caso es el de la casa de los hermanos Sánchez Elía y su madre, Siobhan Dumas de Sánchez de Elía, hija del famoso chef argentino Carlos Alberto Gato Dumas. El proyecto comenzó a construirse en 2019, con la autorización previa del Ministerio de Ambiente.

Sin embargo, tras algunos avances los vecinos denunciaron irregularidades respecto a la altura permitida en la zona y expresaron que impactaba negativamente en el paisaje al estar construida sobre un sistema de apoyo “desmesurado” que utiliza materiales pesados, informó El Observador. Según la familia, la propiedad no excede los límites de altura estipulados, sino que solo un 4,7% de la edificación lo hace.

El Ministerio de Ambiente resolvió en junio de 2021 suspender las obras “debido a incumplimiento del proyecto autorizado y presentación de información errónea en la solicitud de autorización”, según indica la resolución. Además pidieron explicaciones respecto a una discrepancia respecto al fotomontaje presentado y lo construido.

Los propietarios recibieron una multa de 500 Unidades Reajustables (UR) y el técnico ambiental responsable fue suspendido del registro de profesionales. La familia, por su parte, asegura que la construcción está sobre pilotes utilizando un tipo de construcción liviana y que al momento de aprobarse el proyecto de obra no recibieron ningún tipo de objeción.

No obstante, presentaron un plan de mitigación ante el municipio y el ministerio, y aseguraron que el exceso de altura se “trató de un error absolutamente involuntario originado en el cálculo de la cota”, según declaró la propietaria Zelmira Sánchez Elía a El Observador. Además, los dueños presentaron un recurso para revocar la multa y suspender parcialmente la sanción del ministerio, pero no recibieron respuesta.

A pesar de las sanciones económicas, los vecinos exigen que se disponga la recomposición de las zonas afectadas por la demolición de estas construcciones ubicadas en terrenos con un valor aproximado de 1 millón de dólares, según portales inmobiliarios. Además, destacaron que la preocupación surge porque ambos terrenos se ubican en la zona de mayor fragilidad ecosistémica del balneario.

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