El presidente chileno Gabriel Boric ha completado sus primeros 100 días al mando del país y lo ha hecho en medio de una serie de problemáticas y desafíos que deberá resolver en el futuro.
El 11 de marzo pasado asumió la presidencia y desde ese momento ha convivido con un ambiente turbulento en el país, marcado por el aumento de la delincuencia y del costo de la vida a causa de la inflación.
Sin embargo, en sus primeros 100 días el gobierno de Gabriel Boric se ha situado en medio de diversas polémicas políticas que han reflejado múltiples dificultades, las que han sido definidas por la oposición como “volteretas, inacción y pobres resultados” de una gestión “deficiente y contradictoria”.
De acuerdo a la encuesta Cadem, en sus primeros 100 días el mandatario chileno promedió un 41% de aprobación, el más bajo desde el retorno de la democracia. Bachelet, en su segundo mandato, obtuvo un 52% y Piñera un 56%.
Crisis de seguridad
La creciente inseguridad es probablemente uno de los eslabones que más ha dificultado la gestión de Boric en sus primeros 100 días. El sicariato, los portonazos, y los homicidios han provocado que el gobierno no pueda tener el control de su agenda para iniciar el proceso de desarrollo de sus metas.
En Chile, en los últimos seis meses las tasas de homicidio aumentaron un 70%, y la percepción de daño provocado por el robo con violencia se alzó un 37% en una década.
La ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, sostuvo al cumplir 100 días en el cargo que “estamos trabajando activamente para hacernos cargo tanto de algunos problemas estructurales como también de urgencias inmediatas”. “Hemos estado trabajando sobre todo en coordinar las instituciones, tanto la PDI, Carabineros, como también las unidades que permiten ir a buscar el dinero, entre ellos el Ministerio Público, Impuestos Internos, las autoridades del análisis financiero, capacidades que antes no estaban coordinadas. Nos hemos encontrado con muy buena disposición en cada una de ellas”, agregó.
La Araucanía y macrozona sur
Otro tema que ha marcado polémica es el tratamiento que el gobierno ha sostenido en la macrozona sur de Chile, la cual está bajo un Estado de Excepción “acotado” por los constantes conflictos entre la población civil, policías y comuneros mapuches.
Según datos de la Multigremial de La Araucanía, el 2018 se registraron 126 ataques en esta zona, además de las regiones de Biobío y Los Ríos. Pero el año pasado aumentaron a 267 ataques, lo que confirma que la crisis va en aumento en el sur de Chile.
Un punto álgido en este problema fueron los momentos anteriores a que el presidente Boric se decidiera a invocar el Estado de Excepción para el sur de Chile. En un principio esta idea era fuertemente resistida por sectores del gobierno por la movilización militar que implica, mientras que otros defendían esta política pero desde una perspectiva “intermedia”.
El debate llegó a su fin el 17 de mayo cuando la ministra Siches anunció que el gobierno invocaría esta medida pero solo de manera “acotada”, es decir, se movilizarían a los militares pero solo para resguardo de rutas y caminos, pero no interviniendo a las comunidades. La Moneda ha asegurado que la implementación de esta política ha reducido en un 40% la violencia.
Costo de la vida e inflación
La inflación y el aumento del costo de la vida también ha sido un dolor de cabeza para el gobierno de Boric. A inicios de junio se informó que en abril la inflación anual alcanzó un 10,5% y se situó como la quinta mayor entre 17 países de América Latina y la 25 a nivel mundial.
Por otro lado, los precios de la canasta básica de las familias chilenas ha aumentado un 17,3% en los últimos 12 meses. El 87% de los productos que la componen sufrieron un alza en sus precios y que su valor mensual alcanzó un valor de $56.095 (USD 63) por persona. En tanto, la inflación podría llegar al 13% en el trimestre de julio a septiembre.
Todo esto generó que el gobierno presentara el plan “Chile Apoya” el cual consta de una serie de medidas para mitigar los efectos de la inflación y la crisis económica, entre ellas, una inversión de USD $1.340 millones en ayudas directas a familias y USD 1.000 millones en apoyo a las pequeñas y medianas empresas.
Como forma de enfrentar estos negativos efectos el gobierno de Boric aumentó el sueldo mínimo a $380.000 (USD 430) en mayo pasado y en $400.000 (USD 452) en agosto próximo. Esta alza fue catalogado como la mayor en 29 años.
Problemáticas ambientales
A fines de mayo Chile confirmó su adhesión al Acuerdo de Escazú lo que busca garantizar el acceso a la información ambiental, además de la participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia ambiental. Esto fue fuertemente resistido por el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, quien no la abordó en su gobierno.
Sin embargo, en temas ambientales lo que ha comenzado a ser un problema para Boric es su decisión de cerrar la fundición Ventanas, ubicada en la región de Valparaíso, y que ha sido apuntada desde hace décadas por contaminar a las familias de las localidades de Quintero y Puchuncaví.
Lo anterior ha desatado indignación en los trabajadores de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), quienes han anunciado movilizaciones y hasta paralizaciones por la medida impulsada por el gobierno, a pesar que La Moneda ha asegurado que “ningún trabajadora ni trabajador se quedará sin empleo en la compañía”.
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