La Unión Europea (UE) aseguró este domingo que el sistema judicial de Bolivia tiene “deficiencias estructurales”, después de que la expresidenta transitoria Jeanine Áñez fuera condenada a 10 años de cárcel por el caso “golpe de Estado II”.
Un portavoz del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, señaló en un comunicado que según las observaciones preliminares de la misión de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Bolivia el juicio “no respetó plenamente los derechos al debido proceso de la señora Áñez”.
En ese sentido, subrayó que la OACNUDH indicó que la tipificación penal del “incumplimiento del deber”, delito por el que se condenó a Áñez, es “excesivamente amplia y ambigua”.
“También hubo problemas con el uso excesivo y no excepcional de la detención preventiva, el acceso a pruebas testificales y el formato virtual e híbrido de las audiencias”, recordó la UE.
Asimismo, el portavoz precisó que la OACNUDH apuntó que se debe evitar mantener juicios en rebeldía y que la participación de “numerosas partes acusadoras” había afectado el equilibrio procesal.
“Estos hallazgos son sintomáticos de las deficiencias estructurales del sistema de Justicia boliviano, según lo informado por el Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, en mayo de 2022, así como por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, cuyas recomendaciones el Gobierno se comprometió a implementar”, declaró el portavoz de Borrell.
Áñez está detenida preventivamente hace más de un año y debe enfrentarse a otros procesos que cursan en su contra en la Justicia ordinaria.
La Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señaló seis aspectos significativos que han afectado al proceso judicial del caso ‘Golpe de Estado II’, entre los que se encuentra “el uso excesivo” de la detención preventiva de los acusados.
La OACNUDH, que estuvo como observadora del caso para verificar el correcto desarrollo del procedimiento judicial en el que se ha condenado a la ex presidenta boliviana Jeanine Áñez a diez años de cárcel, según el marco de las normas y estándares de Justicia internacional, indicó seis puntos que “requieren una respuesta integral en el enfoque de Derechos Humanos”.
Por una parte, la oficina de la ONU destacó “el uso excesivo y no excepcional” de la detención preventiva como medida cautelar, y ha sostenido que se trata de “un desafío estructural” en el país. “En el proceso judicial en cuestión, se observó una acumulación de detenciones preventivas por los mismos hechos bajo diferentes delitos”, expresó la OACNUDH en un comunicado.
La Misión de la Alta Comisionada también observó que el tipo penal de “incumplimiento de deberes” de la resolución contra Áñez “es incompatible con el principio de legalidad recogido en varios tratados de Derechos Humanos, por ser excesivamente amplio y ambiguo”, y ha instado a Bolivia a que lo cambie para que se base “en una determinación individualizada”.
Naciones Unidas también criticó el formato virtual e híbrido de las audiencias, ya que habría tenido un impacto en el principio de respecto al acceso físico del público y de los medios de comunicación. También subrayó que, “de manera general”, deben evitarse los juicios en ausencia de los acusados, pues generaría un impacto en el derecho a la defensa.
Áñez -en prisión preventiva desde marzo de 2021- fue castigada con diez años de cárcel por su papel en la crisis política de noviembre de 2019, cuando el entonces presidente Morales se vio forzado a dejar el cargo por las presiones de la oposición y parte de las Fuerzas Armadas, que no reconocieron los resultados electorales después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) detectase posibles irregularidades. Pocos días después, Áñez, entonces senadora, se autoproclamó presidenta.
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