Las cárceles de El Salvador han visto duplicada su población penitenciaria en apenas 77 días, desde el inicio del estado de excepción decretado a finales de marzo y prorrogado en varias ocasiones para hacer frente a una ola de violencia que azotaba la nación centroamericana.
De acuerdo con cifras de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), hasta principios de marzo las cárceles salvadoreñas alojaban a algo más de 39.500 presos, sin embargo, las autoridades gubernamentales han informado de la detención de más de 40.000 personas desde entonces, tal y como recoge el diario La Prensa Gráfica.
Según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, hasta el pasado fin de semana la Policía de El Salvador había capturado a 40.016 personas en el marco de un estado de excepción que capacita al Gobierno para suspender ciertas libertades y garantías.
“Estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. Hemos superado 40,000 arrestos de terroristas. Este es un momento único en la historia de El Salvador”, publicó el sábado el Ministerio en su página web después de anunciar la detención de otros 119 supuestos criminales.
Sin embargo, aunque las autoridades celebran la efectividad de su campaña contra la delincuencia, organismos internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos o la ONG Amnistía Internacional han trasladado su preocupación por los últimos acontecimientos.
Según estas organizaciones, el estado de excepción no hace más que incrementar el riesgo de las detenciones arbitrarias, a la par que han denunciado la cifra de presos muertos bajo custodia de las autoridades penitenciarias.
Además, colectivos salvadoreños han puesto el foco sobre las condiciones en las cárceles, denunciando el hacinamiento de los presos. Según Húber Romero, de la asociación Azul Originario, la situación de superpoblación en las cárceles había disminuido hasta el decreto del estado de excepción, que ha hecho que el sistema penitenciario “haya llegado al límite”.
“Creemos que el hecho de que estén muriendo bastantes personas privadas de libertad, 43 hasta el día de ahora, es un indicador de que las condiciones al interior son poco favorables para que las personas puedan mantenerse con vida”, afirmó.
El estado de excepción implica la restricción de libertades civiles y la ampliación de los poderes de la policía y el ejército en el control del orden público tras una ola de violencia que dejó 87 muertos en un fin de semana.
La Carta Magna salvadoreña estipula la suspensión de garantías constitucionales en caso de “guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público”.
Las garantías que el Congreso puede suspender al invocar este artículo son la libertad de entrada y salida del país, la libertad de expresión, la inviolabilidad de la correspondencia, la prohibición de la intervención de telecomunicaciones sin orden judicial.
/Con información de EuropaPress)
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