El Salvador, Guatemala y Honduras, los otros ausentes en la Cumbre de Los Ángeles

No son muchos, pero han hecho ruido. Un grupo de salvadoreños residentes en Estados Unidos han hecho circular en camión con un tablero electrónico que despliega consignas en contra de Nayib Bukele, el presidente del país que dejaron para venir a buscarse la vida en el norte. El martes 7 de junio, un día después de la inauguración de la IX Cumbre de las Américas, los salvadoreños y su camión se plantaron frente al centro de convenciones en que se realiza la reunión continental para increpar a Bukele.

El presidente salvadoreño no está en la cumbre, aunque el Departamento de Estado en Washington sí lo invitó; lo representa su ministra de Relaciones Exteriores. Tampoco llegó a Los Ángeles Alejandro Giammattei, el presidente de la vecina Guatemala. La relación de estos dos centroamericanos con el Washington de Joe Biden ha sido, por decir lo menos, tumultuosa.

A las ausencias del salvadoreño y el guatemalteco se suman la de la presidenta Xiomara Castro, de Honduras, quien como sus homólogos centroamericanos sí fue invitada pero decidió no asistir, en su caso en solidaridad con Cuba, Nicaragua y Venezuela, adversarios geopolíticos de Washington en la región a los que la Casa Blanca decidió no invitar. La lista de faltas también incluye a México, gigante regional, cuyo presidente, Andrés Manuel López Obrador, tampoco asistió en apoyo a los gobiernos de Caracas, Managua y La Habana.

En los casos de Guatemala y El Salvador, el asunto no tiene que ver necesariamente con desavenencias ideológicas, sino con los señalamientos que la justicia y diplomacia estadounidenses han hecho a Bukele y sus funcionarios por pactar gobernabilidad con las pandillas Barrio 18 y MS13 y por intentar silenciar a los periodistas que han expuesto ese pacto, y a Giammattei por apadrinar a una fiscal general a la que Washington considera corrupta y antidemocrática y quien ha sido la punta de lanza de una persecución política que ha enviado al exilio a varios operadores de justicia guatemaltecos que hoy viven en la capital estadounidense.

En la cumbre, el nombre de El Salvador solo había salido, hasta el miércoles pasado, en un evento con periodistas del continente en que el secretario de Estado Antony Blinken dijo: “Algunos gobiernos están utilizando una amplia legislación para reprimir la libertad de expresión, como hemos visto en la reciente lista de enmiendas adoptadas por El Salvador en marzo y abril de este año”, en referencia a reformas legales adoptadas por el congreso salvadoreño dominado por Bukele, algunas de las cuales abren las puertas a la persecución penal a periodistas que escriban sobre el pacto del gobierno con las pandillas. Cerca de una docena de esos reporteros y editores han tenido que salir forzados de El Salvador, según una denuncia reciente de la asociación de periodistas salvadoreños.

La propaganda de Bukele, y su lobby en Estados Unidos, han insistido en achacar el distanciamiento con Washington a una especie de afán intervencionista del gobierno de Biden o, incluso, a teorías conspirativas de una supuesta “izquierda internacional” cuyo afán es alienar a socios tradicionales gobernados por populistas de derecha, como Guatemala o El Salvador. El mismo miércoles, desde su cuenta de Twitter, Bukele compartió una columna del New York Post llena de nostalgia por los tiempos del expresidente Donald Trump.

En Centroamérica, La relación más tensa de Washington, por ahora, es con Bukele. Y la posibilidad de que eso empeore en el corto plazo es grande.

Cuando la cumbre finalice, el Departamento de Estado tiene previsto enviar al Congreso en Washington la tercera actualización de la llamada Lista Engel, un mecanismo de rendición de cuentas aprobado por el Legislativo que obliga al Ejecutivo estadounidense a informar sobre actores corruptos y antidemocráticos en países centroamericanos que reciben cooperación de Estados Unidos. Dos fuentes en Washington, una en la administración y otra en el Congreso, han confirmado que en esta nueva versión hay listados diputados oficialistas y otros funcionarios salvadoreños cercanos a Bukele.

En las primeras dos versiones de la lista aparecieron la jefa de gabinete de Bukele, su ex ministro de Agricultura, el secretario jurídico de la presidencia, su ministro de Trabajo, entre otros. El Departamento del Tesoro, además, sancionó al jefe de prisiones y otro funcionario de la casa presidencial por desarrollar, en nombre del presidente, el pacto pandillero.

Todos esos señalamientos de Washington coincidieron con el inicio de la persecución a exfuncionarios de oposición a los que Bukele encarceló y ha sometido a malos tratos en la cárcel y con la arremetida contra los periodistas críticos.

El martes 7 de junio, con la cumbre de Los Ángeles recién inaugurada, en San Salvador Ernesto Muyshondt, exalcalde de la capital salvadoreña y uno de los exfuncionarios de oposición encarcelados por el bukelismo, aprovechó que lo habían sacado de prisión para atender una audiencia judicial para denunciar que lo estaban torturando en la cárcel.

Los desencuentros de Estados Unidos con Bukele escalaron rápido a partir del 1 de mayo de 2021, cuando la recién estrenada mayoría de diputados bukelistas descabezó al fiscal general y a magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para imponer funcionarios leales al presidente que, además, han sido indispensables para bloquear las extradiciones de líderes de la MS13, una de las pandillas con que Bukele y sus funcionarios pactaron gobernabilidad.

Aquel mismo día, pocas horas después del golpe legislativo, Juan González, uno de los funcionarios de la Casa Blanca más influyentes en temas latinoamericanos, resumió el desacuerdo de la administración Biden en un tuit: “Así no se hace”, escribió. Siguieron miles de reacciones de funcionarios salvadoreños, del mismo Bukele y de las cuentas falsas en redes sociales que reproducen la agenda del gobierno.

González, que ha sido uno de los principales voceros de la Casa Blanca en el tema de la IX Cumbre, ha evitado referirse en específico a la ausencia de Bukele, pero en una llamada con reporteros previa a la reunión, admitió que Washington pretende demostrar “nuestro compromiso de fortalecer gobiernos transparentes que rindan cuentas y puedan sostener la democracia en América”.

La última embajadora de Estados Unidos en El Salvador fue la diplomática Jean Manes, quien salió de San Salvador en noviembre de 2021 diciendo que la relación bilateral quedaba “en pausa” y quien, antes de irse, acusó al gobierno salvadoreño de ir contra sus propias leyes: “Llamaba la atención que el presidente y la Asamblea llegaron democráticamente aprovechando la institucionalidad. La pregunta era por qué hacían cosas contra la propia Constitución”, dijo Manes a su salida.

Ricardo Valencia, catedrático salvadoreño asistente en la Universidad Estatal de California, Fullerton, cree que las ausencias son desplantes diplomáticos de los centroamericanos a la administración Biden, pero pide precisión a la hora de analizar las razones detrás de esas ausencias.

Aunque Guatemala tiene desavenencias con Washington, dice Valencia, el gobierno de Giammattei aún tiene relaciones funcionales con la Casa Blanca. A Bukele nadie lo esperaba en Los Ángeles: “Se sabía tácitamente que no vendría, especialmente por lo de las negociaciones de sus funcionarios con las pandillas”, dice.

“La relación de Biden con la región es bastante práctica en temas fundamentales, lo que lo diferencia de Trump, que era una visión más pesimista y basada solo en las migraciones. Obama era más idealista y hablaba de corresponsabilidades. Biden es más práctico y se ha enfocado en temas de combate a la corrupción y temas como las extradiciones”, considera Valencia.

El académico asegura que Bukele está en una posición delicada ahora, porque a pesar de que la relación con Estados Unidos es “completamente disfuncional” y de que viene una nueva versión de la Lista Engel, el salvadoreño tiene frente a sí el asunto de sus finanzas: al borde del impago de una deuda inmediata de US$800 millones, todo indica que el salvadoreño sigue necesitando de un crédito de US$1.4 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya negociación sigue estancada en buena medida por las malas relaciones con Washington.

Valencia cree que el caso de El Salvador es uno de “aislamiento total” respecto a Washington, mientras que en el de Guatemala aún hay líneas diplomáticas de comunicación.

En el caso guatemalteco, el asunto tiene más matices. El presidente Giammattei recibió un espaldarazo importante hace un año, cuando la vicepresidenta Kamala Harris llegó a Ciudad de Guatemala a presentar el plan de ruta de la Casa Blanca en su relación con Centroamérica. Pero el asunto se agrió rápido, sobre todo por el apoyo incondicional de Giammattei a la fiscal general Consuelo Porras, a quien el Departamento de Estado revocó la visa y también incluyó en la Lista Engel como funcionaria antidemocrática y corrupta.

La relación entre Porras y Giammattei es cercana. En 2021, la fiscal general protegió al presidente de una investigación que lo vincula a un soborno entregado por mineros rusos a cambio de que se les permita expandir operaciones en el noreste del país. Porras, además, ha iniciado persecuciones penales a exfiscales y jueces que han investigado a Giammattei y sus aliados políticos.

El 16 de mayo, Giammattei reeligió a Porras para un segundo mandato de cuatro años, lo cual le valió la condena de Washington. El mismo día, el secretario Blinken tuiteó: “La corrupción de la fiscal general Porras perjudican a la democracia en Guatemala”. Un día después, Giammattei dijo que no iba a la cumbre de Los Ángeles.

“No me van a invitar… De todos modos, yo mandé a decir que no voy a ir… Este país puede ser pequeño, pero mientras yo sea presidente a este país se le respeta y se le respeta la soberanía”, anunció Giammattei.

La respuesta de Estados Unidos a eso llegó con la cumbre ya inaugurada. Primero en boca de la vicepresidenta Harris. La segunda de Biden, al hablar de quienes no llegaron a Los Ángeles, no dudo en hacer una distinción importante sobre Guatemala: “No debemos avergonzarnos de nuestros principios de lucha contra la corrupción. Es la razón por la que algunos no vienen”, dijo en un discurso.

“Debemos unirnos para combatir la corrupción y promover la democracia, la rendición de cuentas y el estado de derecho, pero aquellos que se negaron a asistir optaron por renunciar a estos objetivos”, escribió, por su parte, Norma Torres, congresista demócrata por California, quien ha tenido enfrentamientos directos con Bukele y ha exigido al Departamento de Estado que pida cuentas a Giammattei por el uso de vehículos donados por Estados Unidos para reprimir a comunidades indígenas en Guatemala.

La presidenta hondureña, con quien la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris ha dicho que mantiene una buena relación, tampoco viajó a Los Ángeles, pero, a diferencia de Bukele y Giammattei, a Castro Estados Unidos no la ha señalado de tener funcionarios corruptos a su alrededor, al menos no hasta ahora y no en público.

Xiomara Castro declinó participar a última hora, el mismo lunes 6 de junio en que se inauguró la cumbre.

El caso de Honduras es más complejo. A Castro, la Casa Blanca de Biden la ha listado como socia estratégica en Centroamérica. El Departamento de Estado se apresuró a felicitarla tras su elección como presidenta y Harris asistió a su toma de posesión en Tegucigalpa.

Sucesora en el poder de Juan Orlando Hernández, el expresidente que ahora espera en una cárcel de Nueva York a ser juzgado por narcotráfico, Castro ha gozado del beneplácito de Washington a pesar de que una parte del gobierno estadounidense sigue albergando dudas sobre su esposo, el expresidente Manuel “Mel” Zelaya, depuesto en 2009 por un golpe militar que la administración Obama apoyó.

Harris habló con Castro el 27 de mayo, a pocos días de la inauguración de la cumbre, en un último intento por convencerla de asistir, lo que al final no ocurrió. Sin embargo, al referirse a la ausencia de la hondureña, Harris restó importancia a su ausencia y reiteró el buen estado de las relaciones.

“Con la relación con Guatemala y con El Salvador dañadas, Honduras se ha abierto un espacio”, dijo en Washington un diplomático centroamericano que ha estado relacionado con la organización de la cumbre y quien habló con Infobae bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hacerlo en público.

Al final de la cumbre, como sea, la administración Biden saldrá de Los Ángeles con el tema centroamericano sin resolver. Mientras, una nueva caravana poblada por unos 15,000, buena parte de ellos centroamericanos, se dirige a la frontera sur de los Estados Unidos. Partió del sur de México el mismo día en que se inauguró la reunión continental.

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