Por qué no pueden participar en la Cumbre de las Américas las dictaduras de Maduro, Díaz-Canel y Ortega

Nicolás Maduro no pisará por el momento Estados Unidos. Tanto el dictador de Venezuela, como Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega -sus pares de Cuba y Nicaragua- no fueron invitados a la IX Cumbre de las Américas por violar sistemáticamente los derechos humanos en sus países y no cumplir con los estándares más básicos de una democracia. Washington no tiene interés en darle voz a quienes no ofrecen la misma oportunidad a los opositores de sus países. El hombre fuerte de Caracas sólo aspira a contar en Los Ángeles con un vocero: el presidente argentino Alberto Fernández.

“Vamos a estar bien representados en la voz del presidente Alberto Fernández”, señaló Maduro y agregó: “El presidente Fernández es un hombre valiente, que lo que cree lo defiende; y él está en contra de la exclusión”. El jefe de estado argentino también pidió la inclusión de las tres dictaduras a la cumbre regional, como su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien en cambio se ausentará de la cita en aquella ciudad norteamericana.

Lo cierto es que el país anfitrión es el único responsable de la organización y tiene la facultad de invitar según los criterios de la Carta Democrática Interamericana. Washington se basa en la declaración firmada por todos los países miembros en una cumbre clave: Quebec, en 2001. De acuerdo a los parámetros del derecho internacional, su accionar está dentro de la ley.

Rubricada en aquella ciudad canadiense en abril de ese año, las naciones participantes decidieron que se excluiría a aquellos regímenes que no se rigieran por los principios democráticos: “El mantenimiento y fortalecimiento del Estado de Derecho y el respeto estricto al sistema democrático son, al mismo tiempo, un propósito y un compromiso compartido, así como una condición esencial de nuestra presencia en ésta y en futuras Cumbres. En consecuencia, cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas”. Irónico: Hugo Chávez firmó esa resolución.

“Las amenazas contra la democracia, hoy en día, asumen variadas formas. Para mejorar nuestra capacidad de respuesta a estas amenazas, instruimos a nuestros Ministros de Relaciones Exteriores que, en el marco de la próxima Asamblea General de la OEA, preparen una Carta Democrática Interamericana que refuerce los instrumentos de la OEA para la defensa activa de la democracia representativa”, concluyeron los presidentes.

Las violaciones a los derechos humanos y la ruptura democrática en Venezuela, Cuba y Nicaragua son evidentes. Es por ese motivo que los Estados Unidos, país anfitrión, decidió excluirlos. A estos regímenes se solidarizaron México y Bolivia.

En la Declaración de Principios inaugural de la Cumbre de las Américas que tuvo lugar en Miami, Florida, en diciembre de 1994, durante la presidencia de Bill Clinton, también se insistió en la importancia del respeto de la democracia entre sus integrantes.

El texto rubricado por las 34 naciones que concurrieron a la cita en el sur norteamericano es claro en el “pacto para el Desarrollo y la Prosperidad” que acordaron sus presidentes. “Los Jefes de Estado y de Gobierno elegidos de las Américas estamos comprometidos a fomentar la prosperidad, los valores y las instituciones democráticas y la seguridad de nuestro Hemisferio. Por primera vez en la historia, las Américas son una comunidad de sociedades democráticas”, señala el texto. ¿Qué podrían aportar Maduro, Díaz-Canel y Ortega a estos principios?

En otro apartado, el texto indica claramente su principal objetivo: “Preservar y fortalecer la comunidad de democracias de las Américas”. “La Carta de la Organización de los Estados Americanos establece que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. La democracia es el único sistema político que garantiza el respeto de los derechos humanos y el estado de derecho; a la vez, salvaguarda la diversidad cultural, el pluralismo, el respeto de los derechos de las minorías y la paz en y entre las naciones. La democracia se basa, entre otros principios fundamentales, en elecciones libres y transparentes, e incluye el derecho de todos los ciudadanos a participar en el gobierno. La democracia y el desarrollo se refuerzan mutuamente”.

“Reafirmamos nuestro compromiso de preservar y fortalecer nuestros sistemas democráticos en beneficio de todos los pueblos del Hemisferio. A través de los organismos competentes de la OEA, trabajaremos en favor del fortalecimiento de las instituciones democráticas y de la promoción y defensa de los regímenes democráticos constitucionales, de conformidad con la Carta de la OEA”, agrega el escrito. Y concluye: “Nuestras treinta y cuatro naciones comparten un compromiso ferviente en favor de las practicas democráticas, la integración económica y la justicia social”.

Torturas, presos políticos y dictaduras

Tanto en Venezuela, como en Cuba y Nicaragua no hay respeto por los derechos humanos, hay presos políticos, muchos opositores son torturados en las cárceles y hay censura contra la prensa independiente. Los regímenes de Maduro, Díaz-Canel y Ortega son señalados constantemente por organismos de derechos humanos, ONG y hasta por la ONU por las acciones que emprenden contra todo aquel que piensa distinto.

En el caso de Venezuela, una misión de Naciones Unidas concluyó en marzo pasado que hubo crímenes de lesa humanidad y dijo que “la situación de impunidad debe ser atendida”.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela presentó hace apenas unas semanas una actualización oral de su duro informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, expresó que “hay motivos razonables para creer que en Venezuela hubo crímenes de lesa humanidad”.

“Hay una situación de impunidad que debe ser atendida”, indicó; al tiempo que dijo que, “poco después de la publicación del segundo informe, el gobierno firmó un memorando de entendimiento con la Fiscalía de la Corte Internacional”. Luego señaló con preocupación las “violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios de seguridad del Estado” y que “continúa siendo un obstáculo la falta de datos” por parte del Estado.

Valiñas destacó que, “en los últimos meses, se han producido algunos avances en casos emblemáticos abordados por la Misión”. Sin embargo, reiteró que “los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen el derecho de participar en las investigaciones” que se llevan adelante en el país. Según el último balance de la prestigiosa ONG Foro Penal, hay 240 presos políticos del régimen. De ellos, 226 son hombres y 14 mujeres; 110 son civiles y 130 militares.

El director de la organización, Gonzalo Himiob, indicó que 9.414 personas se mantienen sujetas a “procesos penales injustos, por motivos políticos, bajo medidas cautelares”.

La situación en Cuba

Tras las masivas e inéditas manifestaciones pacíficas que tuvieron lugar en la isla el pasado 11 de julio, la dictadura castrista incrementó la persecución y la violencia contra toda voz que se alce en su contra. Es así como llevó y lleva adelante numerosos juicios en los que condena a largos años de cárcel a quienes participaron de las protestas callejeras.

El Tribunal Supremo ya sentenció a más de 120 personas por “subvertir el orden constitucional de forma violenta” debido a las protestas del 11J en la isla, por lo que los sentenciados han recibido penas de entre 4 y 30 años de cárcel.

“El Tribunal ha notificado las sentencias, en las que ha considerado probado y demostrado que el 11 de julio de 2021, en la Esquina de Toyo, municipio de Diez de Octubre, obedeciendo instrucciones impartidas por personas tanto desde Cuba como desde el exterior, los acusados, intentaron subvertir el orden constitucional de forma violenta”, informó la máxima corte de la dictadura de Cuba en una nota de prensa por uno de los juicios, celebrado entre el 14 de diciembre y el 3 de febrero.

Los ciudadanos fueron “acusados de cometer y provocar graves disturbios y hechos vandálicos, con el propósito de desestabilizar el orden público, la seguridad colectiva y la tranquilidad ciudadana”.

En su último informe, publicado el pasado 5 de mayo, Prisoners Defenders consignó que más de 1.200 personas sufrieron privación de la libertad en los últimos 12 meses.

La ONG denunció que desde el 1 de mayo de 2021 hasta el 30 de abril de este año han sufrido prisión política en Cuba un total de 1.218 personas. “En este momento concreto, con cierre de datos a fecha 30 de abril de 2022, la lista de presos políticos de Cuba contiene 1.015 prisioneros sufriendo condenas judiciales, así como también disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, en flagrante violación de la ley internacional y el debido proceso”, indicó la ONG.

También consignó que 874 de los presos políticos están en la cárcel por las masivas manifestaciones pacíficas del pasado 11 de julio.

“Reflejamos estos 1.015 prisioneros políticos verificados, como cada mes, en la lista de Prisoners Defenders de Cuba, que hacemos pública y distribuimos en todos los ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa de los derechos humanos”, siguió la organización.

Luego subrayó que “con 145 prisioneros políticos se inició el mes de mayo del año pasado. Desde entonces hasta el 30 de abril de 2022, otros 1.073 prisioneros políticos nuevos más se han sumado a los 145 primeros, arrojando un total de 1.218 prisioneros políticos durante estos últimos 12 meses”.

El panorama en Nicaragua

El régimen de Daniel Ortega llevó adelante una ola de arrestos en el marco de las elecciones presidenciales del pasado 7 de noviembre y que todavía se extiende. Más de 170 críticos de la dictadura están presos actualmente en Nicaragua en el contexto de la crisis política que vive el país desde las protestas antigubernamentales de 2018, según organismos de derechos humanos y familiares.

Entre ellos, 46 fueron detenidos antes de las elecciones de noviembre, incluidos siete potenciales rivales electorales de Ortega, quien terminó alzándose con un cuarto mandato consecutivo desde 2007, considerado ilegítimo por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y la mayoría de los países latinoamericanos.

El lunes pasado, Emily Mendrala, subsecretaria adjunta para las Américas en el Departamento de Estado norteamericano, dijo que la administración de Joe Biden mantiene “un rango de comunicación bilateral” con Managua y sigue “presionando por la liberación de los presos políticos”.

“Sin lugar a dudas, la liberación inmediata de los presos políticos en manos del régimen sigue siendo una de las principales prioridades de Estados Unidos en Nicaragua”, aseguró la diplomática durante un foro organizado por el centro de estudios Diálogo Interamericano.

“El régimen encarceló a estas personas por querer nada más y exigir nada menos que democracia, justicia y respeto por los derechos humanos”, subrayó; denunciando no sólo “encarcelamientos injustos” sino también “condiciones deplorables” de privación de libertad, con negación de acceso a representación legal y medicinas.

Estados Unidos aplicó sanciones a 46 personas y nueve entidades en Nicaragua desde diciembre de 2017, incluidas a varios miembros del clan Ortega Murillo. Además, tomó medidas para aplicar restricciones de visado a más de 280 nicaragüenses.

“Continuaremos usando estas herramientas diplomáticas y económicas para aumentar la presión”, prometió Mendrala.

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