La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó la liberación inmediata de 9 presos en Nicaragua identificados como opositores al régimen de Daniel Ortega, y que mientras ello ocurre tome medidas para garantizar su integridad y su vida.
En una resolución de medidas provisionales publicada este lunes, la CorteIDH requiere al Estado nicaragüense “que proceda a la liberación inmediata” del presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Edwing Healy Lacayo, y el vicepresidente de esa organización, Álvaro Javier Vargas Duarte, así como los dirigentes campesinos Medardo Mairena Sequeira y Pedro Joaquín Mena Amador.
La lista la completan Jaime José Arellano Arana, Miguel Ángel Mendoza Urbina, Mauricio José Díaz Dávila, Max Isaac Jerez Meza y Edgar Francisco Parrales.
“Las detenciones y procesos penales iniciados hacen parte de un contexto de hostigamiento a quienes se manifiestan en oposición a las políticas del actual gobierno de Nicaragua, el cual se ha visto exacerbado con motivo de las elecciones que tuvieron lugar en noviembre de 2021″, señala la resolución.
La CorteIDH también ordenó al Estado que “proceda a informar de forma inequívoca a sus familiares y abogados de confianza sobre su lugar de detención, a facilitar su contacto inmediato con familiares y abogados, al menos una vez a la semana, y a garantizar el acceso inmediato a servicios de salud y medicamentos para los beneficiarios”.
Los jueces también requirieron al Estado “adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, integridad y libertad” de las personas beneficiarias de las medidas y de sus núcleos familiares en Nicaragua.
Esta resolución es una ampliación de otras que la CorteIDH ha venido emitiendo en los últimos meses en favor de opositores presos en Nicaragua que se mantienen en prisión.
Entre los beneficiarios de las medidas emitidas meses atrás se encuentran la aspirante presidencial Cristiana María Chamorro Barrios, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, Walter Antonio Gómez Silva, Marcos Antonio Fletes Casco, Pedro Salvador Vásquez, Arturo José Cruz Sequeira y Luis Alberto Rivas Anduray.
Además, Miguel de los Ángeles Mora Barberena, Dora María Téllez Arguello, Ana Margarita Vijil Gurdián, Suyen Barahona Cuán, Jorge Hugo Torres Jiménez, Víctor Hugo Tinoco Fonseca y José Bernard Pallais Arana.
El resto son Juan Sebastián Chamorro García y Félix Maradiaga, ambos aspirantes presidenciales, así como de José Adán Aguerri Chamorro, Violeta Mercedes Granera Padill, Daisy Tamara Dávila Rivas, Lesther Lenin Alemán Alfaro y Freddy Alberto Navas López.
La privación de libertad por razones políticas, señalada por los organismos humanitarios, se acentuó en 2018, cuando los nicaragüenses salieron en masa a protestar contra Ortega, y fueron reducidos con ataques armados.
(Con información de EFE)
SEGUIR LEYENDO:
Últimas Noticias
El jefe del Comando Sur de EEUU advirtió sobre la amenaza que implican China, Rusia e Irán para América Latina
Francis Donovan denunció que tanto Beijing como Teherán y Moscú buscan enriquecerse con los recursos de los aliados del país norteamericano y “sembrar inestabilidad en todo el hemisferio occidental”
Santiago Peña reemplazó al ministro de Economía como parte de los cambios en el Gobierno tras la mitad de su mandato
La dirección temporal del organismo estará a cargo de un asesor presidencial mientras el mandatario evalúa candidatos para el puesto, tras la remoción de Carlos Fernández Valdovinos
Honduras: La policía decomisa más de diez mil envoltorios de droga en una vivienda de San Lorenzo
Un despliegue de agentes permitió hallar varias sustancias ilícitas en escondites dentro de una residencia ubicada en la colonia Morazán, mientras las autoridades investigan vínculos con un grupo delictivo que opera en la región
Gobierno panameño activa plan de austeridad mientras crece la tensión por el alza del combustible
Las restricciones alcanzan viajes, viáticos y uso de vehículos oficiales.
El precio de la energía eléctrica sube 10,49 % en Honduras desde abril
La actualización aprobada por la autoridad reguladora implica que los hogares, comercios e industrias enfrentarán un aumento en el monto pagado por electricidad, luego de los ajustes asociados a costos acumulados y precios internacionales de combustibles
