Amnistía Internacional (AI) ve con preocupación que el régimen de excepción en El Salvador se vuelva la “norma” y que “terminen por desmantelar a las instituciones del Estado y al Estado de Derecho” en el país centroamericano, según dijo en una entrevista con Efe su directora para las Américas, Erika Guevara Rosas.
Más de dos meses suma ya el país bajo este régimen, aprobado por la Asamblea Legislativa por 30 días (ampliado dos veces), tras una escalada de asesinatos a finales de marzo atribuido a las pandillas, principalmente a la Mara Salvatrucha (MS13).
Para el presidente Nayib Bukele, con estos poderes especiales está cerca de ganar la “guerra” contra las pandillas, con más de 37.000 detenciones, de las que, según el mandatario, el 1 % podría ser “error”.
El balance de las organizaciones humanitarias es de 1.123 denuncias de atropellos a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias de personas que aseguran no tener vínculos con las llamadas maras, y al menos 24 fallecidos bajo custodia estatal.
Estas denuncias superan las 1.800 con las más de 700 recabadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Erika Guevara Rosas presentó recientemente en El Salvador las conclusiones preliminares de una investigación que concluyó que en el país centroamericano se están cometiendo “graves violaciones” a los derechos humanos.
“La conclusión preliminar de altísima preocupación es que estos regímenes de excepción, estas extensiones no sean la excepción sino que se conviertan en la norma y que esto termine por desmantelar a las instituciones del Estado y al estado de derecho”, dijo Guevara a Efe al ser preguntada por las principales preocupaciones del ente.
Para la aprobación de los poderes especiales al Ejecutivo de Bukele y sus dos ampliaciones bastó con la solicitud gubernamental, dado que los legisladores no sometieron la medida a estudio ni a debate parlamentario.
El Congreso de El Salvador es dominado por el partido Nuevas Ideas (NI), que posee la mayoría absoluta y que es dirigido por un primo del mandatario. Además, la presidencia de este órgano está en manos de un exsecretario de Bukele.
LA ALETA Y LA SIMILITUD CON NICARAGUA
La directora para las Américas de AI dijo que antes de la aprobación del régimen de excepción, “ya veníamos levantando la alerta global sobre señales significativas y emblemáticas de una descomposición de las instituciones del Estado, de un desmantelamiento del Estado de Derecho, de una imposibilidad para ejercer la defensa de los derechos humanos y el periodismo independiente”.
Indicó que el referido régimen y las reformas penales aprobadas en su marco “generan la tormenta perfecta para un contexto de violaciones a los derechos humanos”.
Guevara Rosas apuntó que en el discurso oficial de Bukele se ve “una intolerancia total ante la crítica constructiva y ante el escrutinio internacional, que han sido señales muy graves en otros países del continente” con “líderes autoritarios que imponen el control absoluto del poder”.
“Sin lugar a dudas, vemos señales muy similares a las que hemos visto en países como Nicaragua”, dijo.
LAS CONCLUSIONES DE AI Y LA JUSTICIA INTERNACIONAL
Guevara Rosas explicó a Efe que la investigación de AI documentó “múltiples violaciones a los derechos humanos” y apuntó que estas incluyen “las detenciones arbitrarias, las violaciones al debido proceso o a la presunción de inocencia”.
Además, señaló, existen “reportes de tortura” y “las muertes que se han dado bajo la custodia (del Estado)”, lo que también “representa una enorme preocupación por lo que significa en el ejercicio de derechos”.
Al presentar las conclusiones de la investigación, Guevara Rosas sostuvo que este tipo de estudios los hacen cuando consideran que en un país se están dando violaciones sistemáticas a derechos y que “la política implementada por el Gobierno podría dar lugar a responsabilidad penal internacional”.
Al ser preguntada si esta responsabilidad recaería directamente en el presidente Bukele dijo que “eso tendría que ser determinado a través de las investigaciones”.
“Es importante mencionar que El Salvador, a través de la firma y de ratificación del Estatuto de Roma, es uno de los Estados miembros que se somete ante la cobertura de la Corte Penal Internacional”, sostuvo la defensora de derechos humanos.
Con información de EFE
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