Uruguay: otorgaron prisión domiciliaria a tres imputados en una una violación grupal

La medida fue tomada a raíz de un pedido del fiscal Raúl Iglesias, envuelto en polémicas por haber archivado 300 denuncias en dos semanas de trabajo

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Fachada Fiscalía General de la
Fachada Fiscalía General de la Nación / Uruguay / Foto Javier Calvelo adhoc FOTOS

La jueza Blanca Riero dispuso la prisión domiciliaria para los tres hombres imputados por una violación grupal en Montevideo, luego de que el fiscal de Delitos Sexuales, Raúl Iglesias, solicitara el cambio de la medida cautelar establecida anteriormente. La fiscal que ocupaba su cargo hasta mayo —mes en el que asumió Iglesias— había solicitado la prisión efectiva, medida que se otorgó en primera instancia y ratificó en un tribunal de apelaciones.

En enero de este año, una mujer denunció haber sido violada por tres hombres en un departamento del barrio Cordón. Según trascendió, un hombre y ella estaban teniendo relaciones sexuales de manera consentida cuando, en determinado momento, dos hombres más ingresaron al lugar y la violaron.

Tras la denuncia se detuvo a los tres hombres involucrados, dos mayores de edad y un adolescente de 17 años. Fiscalía comunicó que se negaron a practicarse pruebas de ADN, por lo que se tuvo que solicitar una autorización judicial y se aplicaron medidas preventivas de seguridad, como la restricción de acercamiento a la víctima y la prohibición de cruzar las fronteras uruguayas.

En la audiencia de formalización ocurrida días después los implicados fueron imputados por abuso sexual especialmente agravado con prisión preventiva por 180 días. A uno de ellos además se le imputó un delito de difusión de imágenes de contenido pornográfico sin autorización de la víctima.

Según el fiscal especializado en Delitos Sexuales, la prisión es una medida “de última ratio” que, considerando la distancia a la que viven los presuntos agresores y la presunta víctima, no es necesaria en este momento. “Los riesgos cedieron y se tiene que tutelar a los imputados también en el principio de inocencia, ya que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, indicó el fiscal en rueda de prensa tras la audiencia y agregó: “El objetivo de la Fiscalía es que si aquí se cometió un delito, que los imputados paguen por ello”.

Los hombres involucrados estarán desde el 2 de agosto bajo medidas de control como tobilleras electrónicas y controles policiales, con el objetivo de que no se obstaculice la investigación ni que escapen del país. Según Iglesias, esos riesgos pueden ser mitigados aún con prisión domiciliaria y el cambio de medida se hace “sin descuidar a la víctima”.

“Se está haciendo primar el principio de inocencia”, dijo por su parte el abogado Martín Frustacci, representante legal de los imputados en nota con Subrayado (Canal 10). Además, pidió concreción porque sus defendidos estuvieron cuatro meses privados de libertad: “La investigación ha avanzado y no hay un entorpecimiento a la investigación, (...) ni amedrentamiento a la víctima, ni al entorno de la víctima”.

Tras haber hecho pública la intención de solicitar la prisión domiciliaria, la defensa de la víctima presentó un escrito contra el fiscal por “incumplimiento a los deberes y protección”. Según declaró, lo más prudente sería que se comunicaran con ellos “antes de salir a hablar en los medios de su caso”. También añadió que el actuar del fiscal “lejos de facilitar”, “la aterroriza”.

Como se mencionó anteriormente, los tres involucrados habían sido imputados en febrero de este año, con 180 días de prisión preventiva por delito de abuso sexual especialmente agravado y uno de ellos por delito de abuso sexual en reiteración real y difusión de videos de contenido sexual. El mismo mes, El Observador compartió una pericia del Instituto Técnico Forense (ITF) que “no era concluyente respecto de si había habido o no un ataque sexual”.

Durante las últimas semanas Iglesias estuvo envuelto en polémicas por haber declarado el archivo de 300 denuncias en su dos semanas a cargo de la Fiscalía de Delitos Sexuales, además de ciertos dichos respecto al actuar de algunos periodistas. “Se me fue la moto”, dijo en entrevista con Desayunos Informales (Canal 12).

Por otra parte, este martes, Juan Gómez, fiscal de Corte, ordenó una investigación luego de que trascendiera que se crearon perfiles falsos de la víctima de la violación. Los perfiles tienen contenido sexual e invitan a varones a tener relaciones sexuales.

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