“Abu, ¿y si mi mamá no me reconoce cuando vuelva?”: el drama de los hijos de presos políticos de Nicaragua que cumplen un año sin ver a sus padres

El lunes se celebró en Nicaragua el Día de las Madres, y seis madres que guardan prisión en la cárcel conocida como El Chipote, en Managua, no pudieron encontrarse con sus hijos. Llevan casi un año sin verlos. A la víspera de la fecha, el 24 de mayo, ellas hicieron una ruidosa protesta exigiendo verlos, se conoció extraoficialmente. Durante una hora gritaron y golpearon las puertas de las celdas. En vano.

El régimen de Daniel Ortega mantiene a 182 presos políticos en las cárceles de Nicaragua, según el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua, de los cuales once son madres. Unos 40 presos políticos permanecen recluidos en la cárcel policial conocida como El Chipote, donde les han impuesto un régimen especial de aislamiento y maltrato, han denunciados familiares y abogados.

La mayoría de los presos políticos de El Chipote fueron capturado en una redada que comenzó el 28 de mayo de 2021 y estuvo dirigida contra líderes opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y empresarios críticos, con vistas a llegar a las elecciones de ese año con la oposición desbaratada y sin competencia electoral contra Daniel Ortega, quien buscaba su quinto periodo como presidente de Nicaragua. Durante este año solo se han permitido siete visitas, cada una con intervalos de uno y hasta tres meses.

Tampoco se ha permitido que los hijos menores visiten a sus padres presos, a pesar que las leyes nicaragüenses establecen ese derecho.

La ley 473 de “Régimen Penitenciario” en su artículo 71 ordena a las autoridades de los centros penitenciarios “facilitar las posibilidades a los privados de libertad para que éstos se puedan comunicar con sus familiares, personas allegadas al núcleo familiar y representantes legales acreditados de forma oral, escrita o telefónica”.

Según el registro de los familiares de presos políticos, existen 18 hijos e hijas de reos de conciencia que no han podido ver a sus padres desde que fueron apresados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. “Hemos hecho numerosas solicitudes a los jueces para que se permitan las visitas, pero no han dado respuesta, guardan silencio”, señala un abogado defensor que por su seguridad pide que omitamos su nombre.

El abogado hace notar que, a pesar que los 47 presos políticos de la redada preelectoral ya fueron condenados, la mayoría de ellos permanece recluida en las celdas policiales de El Chipote y ninguna de las sentencias estableció el lugar dónde se cumplirá la condena.

“Bien podrían alegar que la Policía no se rige por la ley del régimen penitenciario, pero ahí está también el Código de la Niñez que otorga a los hijos e hijas el derecho a mantener contacto con sus padres en función de su interés superior”, añade. “La ley penitenciaria les da a los reos el derecho a ver a sus hijos, y el Código de la Niñez les da a los hijos el derecho a ver a sus padres”.

El artículo 283 del Código de la Niñez expresa: “Las hijas o hijos que no vivan con su padre o madre tendrán derecho como mínimo a relacionarse con sus progenitores un fin de semana cada quince días y durante las vacaciones escolares, de navidad y fin de año, de forma equitativa entre el padre y la madre, salvo que sea contrario al principio del interés superior de la hija o hijo”.

“Hace casi un año abrazó a su mamá por última vez, el 12 de junio de 2021, cuando más de 60 policías allanaron su casa en su presencia y voltearon de cabeza su vida. ´Abu y si mi mamá no me reconoce cuando vuelva?´”, expresó en Twitter Josefina Vijil sobre la hija de su nieta, la presa política Tamara Dávila.

La noche del 21 de junio del año pasado, el periodista deportivo Miguel Mendoza le leyó un cuento en la cama a su hija de siete años. La cobijó y le dio las buenas noches. Poco después patrullas de la Policía llegaron por él. Fue la última vez que vio a su hija.

“Cumplo 232 días de estar en este lugar, en una celda de castigo, y no me he quejado ni un solo día, lo único que pido es que me permitan ver a mi hija, ya tengo casi 8 meses de no verla”, alcanzó a decir Mendoza, según la revista Confidencial, el 8 de febrero de este año, poco antes de que el juez Luden Martínez lo condenara por “difusión de noticias falsas” y “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.

A propósito del 30 de mayo, diversas organizaciones opositoras emprendieron campañas para exigir que las presas políticas que son madres pudiesen ver a sus hijos ese día. “Las presas políticas tienen derecho a ver a sus hijos e hijas este 30 de mayo”, difundió la Unidad Azul y Blanco (UNAB).

El 13 de mayo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió el régimen de Nicaragua “garantizar a las personas presas políticas en El Chipote, la comunicación y contacto con sus familiares, hijas e hijos en condiciones dignas, seguras y conforme a los estándares internacionales y la legislación nacional”.

El organismo internacional dijo haber recibido denuncias sobre “la permanente negativa de las autoridades para garantizar la comunicación de las personas detenidas con sus hijas o hijos, debido a la restricción absoluta de visitas por parte de personas menores de edad, de llamadas, así como del intercambio e ingreso de correspondencia, fotografías, dibujos y mensajes”.

Señaló que las ausencias de estos contactos familiares “afectan de manera desproporcionada a niñas y niños pequeños, quienes no han tenido comunicación por más de seis meses con sus madres o padres, por lo que sufrirían afectaciones psicológicas y emocionales” y recordó que “la Convención sobre los Derechos del Niño establece el derecho de niñas, niños y adolescentes a la familia y que la privación de la libertad de sus progenitores no debe ser considerada, en principio, razón para la restricción indebida del contacto directo de modo regular”.

Este lunes, el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, de los Estados Unidos, Brian A. Nichols, se pronunció en el mismo sentido. “Los presos deberían tener derecho de ver a sus hijos. Sin embargo, en Nicaragua el régimen Ortega-Murillo les conculca ese derecho a los presos políticos, y este Día de las Madres al menos seis madres injustamente encarceladas cumplirán casi un año sin poder abrazar a sus hijos”, dijo en su cuenta de Twitter.

Según el abogado consultado por Infobae, el Estado de Nicaragua no tiene ningún argumento para impedir que los padres presos se reúnan con sus hijos, y según lo que establece el Código de la Niñez, en un año se deberían haber permitido al menos 30 encuentros familiares con sus hijos e hijas menores. En cambio, la cuenta, hasta ahora, es cero.

Afirma que el Código Penal de Nicaragua asegura que “la pena no trasciende de la persona del condenado” y al impedir las visitas se está castigando a los hijos de los condenados.

Así lo hizo saber la presa política Tamara Dávila en las palabras previas a su condena. “Yo estoy presa ilegalmente, han violentado todos mis derechos, exijo que no se los sigan violentando a mi hija de cinco años. No la castiguen, ella tiene derecho de ver a su madre y tener la certeza de que estoy viva, esto está establecido en las leyes de Nicaragua y convenciones internacionales de protección de la niñez”.

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