El régimen de Daniel Ortega recrudece la persecución a curas y el asedio contra la Iglesia Católica

En una capilla del Seminario de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez ora y permanece en ayuno indefinido de “agua y suero” desde el pasado jueves 19 de mayo. Lo mantendrá, según lo anunció, “hasta que finalice el asedio policial” que sufre.

Álvarez es obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, y una de las voces más recias de la iglesia católica de Nicaragua en la demanda de respeto a los derechos ciudadanos.

“Hoy he sido perseguido durante todo el día por la policía sandinista, desde la mañana, hasta estas horas de la noche. En todo momento, durante todos mis movimientos del día”, denunció el jueves a través de un video difundido por redes sociales, al tiempo que se refugiaba en la iglesia Santo Cristo, de Las Colinas, Managua, que inmediatamente fue rodeada por patrullas y agentes de la policía.

La mañana de este lunes, sin embargo, el sacerdote logró salir y regresar a Matagalpa, según una gestión que habrían realizado jerarcas católicos con la Policía nicaragüense, informó la revista Confidencial. Y el martes ofició una misa de ordenación de sacerdotes en el norteño municipio de San José de Cusmapa.

Durante el trayecto de Managua a Matagalpa, unos 130 kilómetros, el obispo fue escoltado por patrullas policiales que instalaron un nuevo cerco en el Seminario y la Curia de esa ciudad. “Mons. Rolando Álvarez fue trasladado a Matagalpa bajo fuerte despliegue policial, no lo dejaron entrar a su iglesia, tuvo que ir al Seminario, el régimen ORMU ha violentado su derecho a la libre movilización CONDENAMOS este hecho y exigimos garantice su seguridad”, expuso en Twitter el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

El asedio contra monseñor Álvarez es parte del recrudecimiento registrado de la represión a la iglesia católica por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quien ha responsabilizado a los religiosos de las protestas ciudadanas en 2018 contra su régimen, que las califica de “golpe de estado” y “terrorismo”.

Un día después de que Álvarez anunciara su ayuno, el régimen ordenó a todas las compañías de cable del país, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), que sacaran de sus parillas el Canal Católico, sin explicación alguna.

Simultáneamente, el régimen instaló un cerco policial a la iglesia San Juan Bautista, de Masaya, una ciudad a 30 kilómetros de Managua. El párroco de la iglesia, Harving Padilla, denunció que no se le permitía la salida, que policías y paramilitares lo insultaban desde la calle y hubo al menos un intento de apresarlo en un momento que quiso salir a la calle. “En ese momento se vino una camioneta Hilux con antimotines y uno de ellos me preguntó que qué voy a hacer, que para donde iba. Solo voy a entregar al muchacho monaguillo, lo puedo dar, sí me dijo, pero lo veo que inmediatamente él se viene y se balanza hacia mi persona y logré cerrar el portón”, denunció el padre al portal informativo 100 por Ciento Noticias.

Este martes una comitiva de sacerdotes resguardó la salida del padre Padilla de la iglesia asediada y, extraoficialmente se supo que sería designado por la Arquidiócesis de Managua a otra parroquia del país para su protección.

También esta misma semana se conoció que la Alcaldía de Managua, exigió al colegio católico, Preparatorio San Agustín, de Managua, más de cinco millones de córdobas (unos 140 mil dólares) en impuestos y antes, la Asamblea Nacional aprobó un informe que propone entre otras cosas, judicializar a sacerdotes, ampliar las penas y confiscar bienes de quienes resulten culpables de delito de “traición a la patria”, en las próximas reformas al Código Penal.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) consideró en un tuit que “el asedio de la policía a los sacerdotes de la iglesia católica reconfirma que en #Nicaragua ya nadie se libra de la persecución incesante a la divergencia, a la demanda de justicia y, ahora, a la labor pastoral. La libertad de religión se suma a los #DDHH coartados” .

De 2018 a la fecha se han registrado al menos 190 agresiones a la iglesia católica de Nicaragua, según un recuento de la investigadora Martha Molina, en el informe titulado “Nicaragua: una iglesia perseguida”, actualizado hasta este lunes 22 de mayo.

El informe registra uno a uno los hechos violentos que ha tenido que afrontar la iglesia de Nicaragua ante su posición crítica con la deriva autoritaria que ha tomado el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Agresiones físicas a sacerdotes, profanaciones a templos e imágenes religiosas, asedio, amenazas de muerte, persecución e insultos, ataques armados y quemas, son parte del repertorio expuesto por Molina.

La abogada reconoce que las protestas de 2018 marcaron una forma de relacionarse entre el régimen y la iglesia católica. “Antes de abril 2018 los atropellos hacia la iglesia eran esporádicos. Después de esa fecha, las hostilidades incrementaron y suben de tono. El lenguaje ofensivo y amenazante de la pareja presidencial contra la jerarquía católica se hicieron cada vez más evidentes y frecuentes; y las acciones de algunas instituciones públicas en contra del trabajo caritativo de la iglesia incrementaron”, dice Molina.

El ritmo de las agresiones a la iglesia lo pautan los discursos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que pasaron de solicitarles ser testigos y mediadores en el diálogo con la oposición, en 2018, a responsabilizarlos de la violencia y el descalabro que vivió en el país cuando el régimen decidió desmontar las protestas disparando a matar, y aplacar la oposición y reclamos apresando a los principales opositores y personas críticas a su gestión.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 355 personas murieron como consecuencia de la represión contra las protestas ciudadanas, y actualmente existen más de 180 presos políticos en las cárceles de régimen.

En febrero de 2020, Rosario Murillo acusó a los sacerdotes y obispos de la Iglesia católica de bendecir lo que calificó como “terrorismo criminal” y de realizar “manipulación de la fe”. “Nunca se borrará el sonido de las campanas al vuelo, curiosamente, llamando a matarnos”, dijo Murillo a pesar que Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que designó CIDH para investigar los hechos violentos en Nicaragua durante 2018, señaló de perpetrar crímenes de lesa humanidad al régimen nicaragüense, a paramilitares y a la Policía.

Daniel Ortega, por su parte, llamó “fariseos” a los religiosos en agosto 2021. “Cristo los llamó fariseos cuando los encontró en el templo y los sacó a latigazos. Los fariseos no han desaparecido, ahí andan bien vestidos hablando como si fueran santos, y lo que se encuentra es la inmundicia, donde no hay ningún respeto a Cristo, ningún respeto a Dios”, dijo en esa ocasión.

“¿Algunos de ellos no le pegaron fuegos a los ciudadanos que fueron asesinados, torturados o a los policías que fueron torturados y luego quemados vivos, con el aplauso y aliento de algunos curas que son hijos del demonio, no son hijos de Dios? ¡Son hijos del demonio esos curas!”, agregó.

Un analista nicaragüense consultado por Infobae y que por seguridad pide que se proteja su identidad, dice que el régimen “está probando hasta donde puede llegar con la Iglesia. Va subiendo el tono y las acciones para saber hasta dónde aguanta la Iglesia, y si sienten que no hay mayores consecuencias pronto estaríamos viendo a obispos o sacerdotes presos o desterrados”.

Los sacerdotes perseguidos han recibido amplia solidaridad de los feligreses quienes han organizado cadenas de oración y alguna discreta manifestación pública de apoyo, porque el estado policial que se vive en Nicaragua impide las manifestaciones de protesta. Los obispos de Panamá y Costa Rica han pedido que cese la persecusión contra sus compañeros de fe. Y la Conferencia Episcopal de Nicaragua emitió un comunicado solidarizándose con el obispo Álvarez.

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