La ONU aseguró que el ex candidato presidencial de Ecuador Yaku Pérez fue discriminado por las autoridades

Según el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, el ex candidato a la presidencia del Ecuador, Yaku Pérez, fue discriminado por las autoridades por negársele el reconocimiento legal de su matrimonio.

A pedido de Pérez, el comité examinó el estado de su matrimonio con la periodista franco-brasileña Manuela Lavinias Picq, profesora universitaria radicada en Ecuador, cuya ceremonia fue celebrada en 2013 ante autoridades indígenas de la nacionalidad kichwa.

Pérez intentó invocar la legalidad de este matrimonio para solicitar una visa de reunificación familiar luego de que su esposa abandonara el país durante el gobierno de Rafael Correa, y después de que los dos fueran víctimas de sendas detenciones arbitrarias en 2015 durante las masivas protestas sucedidas el 8 de junio y que se extendieron hasta el 20 de diciembre de ese mismo año.

Las manifestaciones convocadas por los sectores sociales y comerciales en oposición al gobierno de Correa coincidieron en su crítica al modelo autoritario de ejercicio del poder y a su modelo tributario de extracción al patrimonio de las clases medias. El entonces presidente envió a la Asamblea Nacional distintas iniciativas legales de reforma económica para paliar los efectos en la caída de los precios internacionales del petróleo. Hasta entonces el gobierno de Correa había gozado de altos precios del petróleo y una política de gasto público que contribuyó a cimentar su popularidad. Pero tras el derrumbe de los precios de las commodities y sin estos excedentes en el presupuesto estatal, empezó a caer su popularidad.

El movimiento indígena lideró un frente de movilización cuyas marchas arrancaron desde Tundayme, en la provincia de Zamora Chinchipe, fronteriza con el Perú, al sur del Ecuador. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador movilizó a cientos de personas que caminaron por más de 370 kilómetros durante 10 días desde el 2 de agosto de 2015.

A esta movilización se sumaron otras organizaciones sociales y populares como la Unión Nacional de Educadores, el Frente Unitario de Trabajadores, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador y la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador.

A su llegada a Quito, el movimiento indígena fue contenido en las calles por las fuerzas policiales. Los enfrentamientos dejaron como saldo 58 personas encerradas con un dictamen de prisión preventiva y 20 manifestantes heridos como producto de la brutal represión. Yaku Pérez y Manuela Lavinias Picq fueron detenidos por la policía en estas circunstancias.

Como consecuencia, Lavinias Picq fue deportada por la Cancillería del Ecuador. Sin embargo, dos días después una jueza dictaminó la nulidad del acto administrativo y ordenó la liberación de Lavinias Picq, que pocos días después abandonó el país para proteger su seguridad.

La solicitud planteada por Pérez Guartambel para renovar la visa de Lavinias Picq fue rechazada por el gobierno de Correa argumentando que el matrimonio no era legalmente válido porque las autoridades indígenas no eran competentes para oficiar e inscribir matrimonios. Sin embargo, la Constitución del Ecuador reconoce la legalidad de los actos celebrados por las autoridades ancestrales de las nacionalidades indígenas.

Michal Balcerzak, miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas y profesor de derecho internacional de los derechos humanos en la Universidad Nicolás Copérnico de Polonia, aseguró que negarse a aceptar un matrimonio legítimamente celebrado entre ciudadanos y pedirles que se vuelvan a casar es una forma de discriminación que puede contribuir a violaciones culturales y morales. Esto equivale a una expresión estatal de “asimilación forzada”, sentenció el funcionario y experto internacional.

El Comité recordó que la Constitución de Ecuador define a este estado como intercultural y plurinacional, y que por este reconocimiento debe dotar de herramientas constitucionales que permita a los ciudadanos el disfrute de sus derechos colectivos para fortalecer su identidad, sus valores culturales ancestrales y su estructura social.

Pérez, quien presentó esta denuncia ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas en 2017, se presentó a las elecciones presidenciales de 2021 consiguiendo el tercer lugar en las votaciones generales, apenas por detrás de Guillermo Lasso quien accedió al balotaje presidencial.

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