No todos abandonan el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con el ruido que provocó el embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, quien el 23 de marzo pasado denunció a la dictadura de Nicaragua en plena sesión del Consejo Permanente de la organización regional. Ese fue, por supuesto, su último día en el cargo. La mayoría de los funcionarios y colaboradores de la dictadura nicaragüense deserta en silencio del régimen.
Este lunes el diario La Prensa informó que la exnuera de Ortega y Murillo, Yadira Leets, abandonó Nicaragua con dos de sus hijas con “intenciones de no regresar al país”. Leest estuvo casada hasta 2019 con el mayor de los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Rafael Ortega Murillo, también conocido como “Payo Ortega”, y estaría residiendo con sus hijas Ariana y Libia Ortega Leets, desde enero pasado en Panamá.
Yadira Leets era una pieza importante en el clan familiar de los Ortega Murillo. Durante muchos años estuvo a cargo del imperio petrolero que creció a la sombra de la cooperación venezolana, la cual llegó a alcanzar 3,800 millones de dólares desde 2007 hasta 2018, según datos oficiales el Banco Central de Nicaragua. Leets dirigió la Distribuidora Nacional de Petróleo (DNP Petronic) e Inversiones Zanzíbar, dos empresas a través de las cuales la familia distribuía petróleo y combustible en Nicaragua.
En diciembre de 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó la Distribuidora Nacional de Petróleo (DNP Petronic), a Inversiones Zanzíbar y a Rafael Ortega, como parte de “los esquemas financieros ilícitos de la familia Ortega”. “El Tesoro está apuntando a Rafael y las compañías que posee y usa para lavar dinero para apuntalar el régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense”, dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.
Tras su denuncia a la dictadura, el embajador McFields aseguró que hay miles de funcionarios del régimen que piensan de la misma forma, y otros más que han desertado del régimen en silencio. “Mi ejemplo puede ayudar a motivar a miles de funcionarios públicos que todavía están en el gobierno, que tienen miedo. No lo dicen, pero lo comentan en los pasillos, en reuniones privadas. Y estoy hablando de servidores civiles, militares y policías. No creas que solo son los diplomáticos”, dijo en entrevista a Infobae.
A raíz de las protestas ciudadanas de abril de 2018, muchos simpatizantes y colaboradores del régimen asumieron una actitud crítica e, incluso, de oposición activa. Tal es el caso del el COSEP, la principal cámara empresarial de Nicaragua, que mantenía una sociedad con el régimen de Ortega y ahora tiene a tres de sus directivos presos por razones políticas, y Ligia Gómez, quien era la secretaria política del Frente Sandinista en el Banco Central de Nicaragua, y se fue al exilio en desacuerdo con la represión que ordenó el régimen. Gómez brindó su testimonio ante el Congreso de Estados Unidos en septiembre de 2018.
La deserción de más alto nivel ha sido la del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís el 10 de enero de 2019. Solís además de ser un alto cargo del poder judicial, era una “ficha” política del Frente Sandinista y padrino de matrimonio entre Daniel Ortega y Rosario Murillo. “Han sembrado el miedo en nuestro país y ya no existe derecho alguno que se respete con las consecuencias inevitables de la instalación y consolidación al menos de una dictadura con caracteres de monarquía absoluta”, afirmó Solís en su carta de renuncia. Actualmente vive su exilio en Costa Rica.
A la par existe una deserción silenciosa. Funcionarios altos y medios que desaparecen de repente de la escena pública. No se vuelve a saber más de ellos. “Son personas que tienen muchos intereses económicos en Nicaragua, o temor a represalia contra su patrimonio o familia”, dice una fuente que pide anonimato.
En un reportaje titulado “Los altos cargos que huyen de Daniel Ortega”, la revista Domingo, del diario La Prensa, menciona a algunos de quienes han abandonado en silencio al régimen al que servían:
Hernán Estrada. Procurador General de la República hasta mayo de 2019. Era uno de los funcionarios más visibles del régimen y muy cercano a Ortega. “Si el comandante Daniel Ortega dispusiera llamar a las calles, no quedaría piedra sobre piedra en este país”, afirmó Estrada después del fraude electoral de noviembre 2008. Para su renuncia alegó “problemas de salud”.
Edgardo Cuaresma. Era operador político del Frente Sandinista en la Alcaldía de Managua y una “ficha” cercana a Rosario Murillo. Cayó en desgracia tras una conversación telefónica que se filtró en julio de 2020, en la cual hablaba de la intención de robarse las elecciones próximas, de la posible muerte de Daniel Ortega y criticaba duramente a Rosario Murillo. Ocupó varios cargos diplomáticos de menor importancia y ahora se encuentra exiliado en Costa Rica.
Telémaco Talavera. Presidente del Consejo Nacional de Universidades (CNU), rector de la Universidad Agraria y vocero del Gran Canal Interoceánico, proyecto insignia nunca comenzado del régimen de Ortega. Era un personaje altamente mediático. Entre sus últimas apariciones públicas está la del Diálogo Nacional, en mayo de 2018, al lado del gobierno. Vive en España. El régimen atribuyó su desaparición pública a “razones de salud”, debido a que padece cáncer.
Álvaro Baltodano. General en retiro y asesor de Ortega en inversiones, miembro de una de las familias más ricas de Nicaragua. En medio de la ola de arrestos contra activistas, empresarios y periodistas, el régimen ordenó la captura de su hermano, Gerardo Baltodano, quien logró irse al exilio. Álvaro Baltodano se mantiene en Nicaragua con perfil muy bajo y sin la confianza del régimen al que servía.
Nelson Artola. Se le consideraba el “heraldo negro” del sandinismo. Era el encargado de notificar a los alcaldes que el régimen ya no los quería en ese cargo. Tras sus visitas a las municipalidades, con frecuencia había renuncias “por problemas de salud” o defenestraciones a través de los Concejos o el Poder Electoral. En 2017 tomó distancia del régimen y en 2018 condenó la represión que se desató contra las protestas. “Condeno sin límites los asesinatos y la masacre de la que son víctimas los estudiantes y el pueblo en general por parte del gobierno de Daniel y Murillo”, dijo en ese entonces.
Víctor Urcuyo. Fue el Superintendente de Bancos desde 2004 hasta enero de 2019. Su renuncia se produjo poco después de la renuncia del magistrado Rafael Solís. Alegó “problemas de salud”.
El analista político Eliseo Núñez duda que la salida de la exesposa del hijo mayor de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Yadira Leets, signifique una ruptura política con el régimen y considera que las deserciones en los “niveles medios” del régimen han sido mayores que las deserciones de los altos cargos, que reciben mayor atención mediática.
“En el nivel alto no veo tanta deserción, pero en el nivel medio sí hay una deserción silenciosa, hay gente que está saliendo porque no mira que tiene futuro, que tal vez estaba trabajando para el Estado y quería darles un futuro a sus hijos y se da cuenta que eso no es posible, o, que, siendo sandinistas, se dan cuenta que sus hijos no lo son y están en riesgo y mejor agarran sus cosas y se van”, señala.
Que las deserciones sean silenciosas o ruidosas, las determina la valoración del riesgo que haga cada quien, dice Núñez. “Hay unos que creen que el riesgo es demasiado alto haciendo escándalo, pueden ser reprimidos ellos o sus familias y los otros, no es que no crean que pueden ser reprimidos, sino que están dispuestos a asumir ese riesgo”, añade.
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