La candidata presidencial Cristiana Chamarro lleva 347 días privada de la libertad, la ex guerrillera que se animó a contradecir al sandinismo, Dora María Téllez, lleva 336 días en cuativerio y Hugo Torres, el compañero de armas de Ortega que arriesgó su vida para sacarlo de la cárcel, murió en los calabozos del dictador…
La infografía elaborada por Infobae es una impactante radiografía de la escandalosa cantidad de días de cautiverio de los presos políticos de los Ortega y un recordatorio inocultable de que más de 180 opositores permanecen secuestrados por su régimen.
Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el número de opositores nicaragüenses detenidos, alcanzó el pico de 181 en marzo pasado.
De los 181 presos políticos, incluidas 14 mujeres, 171 fueron detenidos a raíz del estallido social contra el régimen sandinista Daniel Ortega en 2018, y diez se mantienen bajo encierro desde antes de ese año, señaló el reporte.
“El número de personas excarceladas y recapturadas asciende a 44, de las cuales seis actualmente están detenidas por tercera vez por motivos políticos”, destacó el informe. Asimismo, indicó que “31 personas permanecen en celdas de reclusión diferenciada, ya sea en aislamiento, celda de castigo, o máxima seguridad”. “Un grupo de 30 reos en la cárcel conocida como El Chipote”, que ha sido denunciada por organismos humanitarios como supuesto “centro de torturas” de la Policía Nacional, son mantenidos bajo “régimen de aislamiento”, sin que se garantice “el incumplimiento de las reglas ‘Nelson Mandela’ para el tratamiento de personas detenidas”, agregó.
La salud de decenas de presos políticos en Nicaragua y sus pésimas condiciones de detención preocupan cada vez más a la comunidad internacional.
En el informe, el Mecanismo resaltó que continúan los “malos tratos y torturas a personas presas políticas y sus familias”. Además, se les restringe los alimentos, materiales de protección ante el COVID-19, el acceso a la salud, falta de atención, así como “amenazas y hostigamiento” a las familias que llegan de visita.
De hecho, familiares y defensores de los derechos humanos denuncian un deterioro en la salud de los presos, que padecen pérdida extrema de peso y de piezas dentales, desnutrición, problemas de memoria, de movilidad y desmayos, entre otros.
Los candidatos presidenciales, blanco sistemáticos de los Ortega
La feroz cacería que el régimen de Daniel Ortega desató contra todos los candidatos presidenciales de la oposición terminó en abril pasado con condenas de entre ocho y 13 años de cárcel para todos ellos.
Ortega se aseguró un cuarto periodo consecutivo al frente del gobierno de Nicaragua a través de un proceso electoral fraudulento y que llegó incluso a detener entre el 2 de junio y 24 de julio del años pasado a siete de los posibles candidatos con mayores índices de popularidad.
De esta forma Ortega compitió el 7 de noviembre pasado solo contra candidatos desconocidos, provenientes de partidos afines a su régimen.
“La declaración de culpabilidad contra los siete rivales que pretendían hacerle frente a Ortega y Murillo es la consumación de la persecución y judicialización política contra todo liderazgo o fuerza opositora que aspiraba disputar el poder a través del voto”, expresó el organismo independiente Urnas Abiertas, que desde el exilio y el clandestinaje ha dado seguimiento el proceso electoral nicaragüense.
El organismo destaca las múltiples violaciones al proceso judicial a las que el régimen recurrió para sacar del juego a estos candidatos que, según diversas encuestas independientes, le hubiese ganado a Daniel Ortega en unas competencias justas y libres.
Entre las violaciones que el régimen ejecutó contra el proceso judicial de los presos políticos, Urnas Abiertas señala las detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial y sin entregar acta de ocupación de bienes, prolongación injustificada de prisión preventiva superior a los 90 días que establece la ley, violación a la presunción de inocencia, incumplimiento y rechazo de los recursos de exhibición personal, y el derecho a ser juzgados por jueces imparciales, entre otras.
Asimismo, los familiares de los presos políticos han denunciado la particular saña con que el régimen ha actuado contra ellos al mantenerlos aislados, con escazas raciones de comida, visitas cada dos meses, y sin derecho a entrevistarse con sus abogados.
Es que las figuras públcias que se animaron a postularse, los estudiantes que iniciaron la rebelión en 2018, los empresarios que se hicieron opositores, los defensores de derechos humanos y los periodistas independientes se transformaron en los últimos cuatro años en las víctimas de una dictadura despiadada con quien se atreve a cuestionarla.
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