El 70% de las migrantes venezolanas en Ecuador fueron víctimas de violencia de género

Así lo reveló un informe de la organización Plan Internacional

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La encuesta encontró que el
La encuesta encontró que el 89% de las encuestadas en Perú y el 72% en Ecuador confirmaron que experimentaron alguna forma de violencia física, psicológica, sexual e institucional. EFE/ Lucas Aguayo Araos

El 70% de mujeres migrantes y refugiadas procedentes de Venezuela en Ecuador y Perú han sufrido algún tipo de violencia de género, según un informe publicado por Plan Internacional.

La encuesta encontró que el 89% de las encuestadas en Perú y el 72% en Ecuador confirmaron que experimentaron alguna forma de violencia física, psicológica, sexual e institucional, ejercida contra una persona por razón de su orientación sexual o identidad de género.

Estas conclusiones se derivan del estudio sobre la violencia de género contra mujeres refugiadas y migrantes en Perú y Ecuador, desarrollado por Plan Internacional en Ecuador y Perú que tuvo la participación de entidades locales dedicadas al monitoreo de los Derechos Humanos.

La cifra de venezolanos de ambos sexos que han huido en todas direcciones de la violencia, inseguridad y pobreza que se vive en el país gobernado por el chavismo desde hace casi un cuarto de siglo supera los seis millones de desplazados, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), grupo que, junto a otras organizaciones, alertó sobre la vulnerabilidad de las niñas y mujeres que sufren el desplazamiento forzado en este contexto.

Según las cifras del informe de Plan Internacional, las mujeres migrantes se convirtieren durante su tránsito en víctimas de muchos tipos de violencia y abusos. Se exponen a acosos sexuales, gritos, insultos, amenazas y maltratos callejeros, domésticos y laborales.

Las participantes del estudio mostraron que en Perú la cultura machista es dominante en la sociedad y que agrede constantemente a las mujeres, lo que podría también revelar una fuerte predisposición a la violencia de género en ese país. Incluso una de las entrevistadas venezolanas manifestó que allí “las mujeres son criadas para ser abusadas”.

Esta situación se ve agravada por la desconfianza de las víctimas en las instituciones públicas, por lo que el 44% de las encuestadas manifestó que no ha denunciado los ataques.

El informe señala que las mujeres venezolanas que emigraron a Perú y que acudieron a presentar una denuncia en las instituciones públicas encargadas de proteger a las víctimas de este tipo de violencias, fueron persuadidas de desistir de sus reclamos.

En Ecuador, la situación es similar. El 71% de mujeres encuestadas aseguró que prefiere no denunciar por miedo a la deportación y en otros casos lo hacen por la desconfianza en las instituciones públicas.

El estudio reafirma que las mujeres y las niñas, por su propia naturaleza, constantemente se encuentran en una situación de indefensión, advirtió la directora de Plan Internacional para América del Sur, Verónica Zambrano. Agregó que las mujeres migrantes enfrentan obstáculos para su realización personal como la violencia sexual, física, doméstica y psicológica, amenazas y discriminación.

Zambrano aclaró que las mujeres migrantes tienen poco apoyo al momento de presentar sus denuncias antes las autoridades competentes debido a que impera una cultura que relativiza y naturaliza la violencia de género porque impera una “cultura machista” que se extiende en todos los estratos de la sociedad.

Las niñas enfrentan violencia física y psicológica y una de las peores formas de violencia, que es la sexual, los números son realmente alarmantes y dolorosos”, explicó la funcionaria internacional en una entrevista con EFE.

Plan International es una de las mayores organizaciones humanitarias y de desarrollo del mundo, fundada en 1937 en España. Es independiente de las afiliaciones políticas, religiosas o gubernamentales y trabaja en la promoción de los derechos, especialmente de los derechos y la igualdad de los niños y las niñas. En Ecuador existe desde 1962 y opera en 12 provincias del país en áreas como la educación, derechos sexuales y reproductivos, infancia, gestión de riesgos, participación ciudadana y en la protección a la niñez.

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