Las autoridades ecuatorianas reubicaron a seis cabecillas de bandas criminales que estaban en la prisión de Santo Domingo, donde se produjo la última masacre carcelaria que dejó 44 muertos. Cinco de los líderes criminales fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca, el otro restante fue llevado a la Penitenciaría del Litoral, ambas cárceles están en la provincia del Guayas, donde se decretó el Estado de Excepción por los altos índices de violencia.
La madrugada del último lunes sucedió un amotinamiento en la prisión de Santo Domingo, ubicada a 152 kilómetros de Quito. La violencia en esa cárcel dejó 44 fallecidos y una decena de heridos.
Durante el motín más de un centenar de reclusos se fugaron. Aunque las autoridades no han dado la cifra exacta del total de fugados, 112 fueron “recapturados”, mientras que 108 reclusos “no se encuentran en el centro” la tarde del lunes, dijo el general Fausto Salinas, el comandante de la Policía, en su primer día en el cargo.
Según el portal Código Vidrio, en la prisión hubo un enfrentamiento entre la banda R7 y Los Lobos, la segunda megabanda con más integrantes del Ecuador (8.000 miembros).
Los R7 son una sub célula que se dedica al microtráfico, al sicariato y a la extorsión, según publicó la periodista especializada en seguridad, Karol Noroña. Según la Policía Nacional, alias Anchundia, el líder de los R7 sería el responsable de esta nueva masacre. Sin embargo, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, detalló que en la última matanza Los Lobos agredieron y eliminaron a 41 miembros de los R7.
El ministerio del Interior informó que el traslado de los cabecillas es una respuesta al último levantamiento violento y aseguró que fue “una ratificación contundente de la administración de justicia para mantener el orden en el sistema carcelario”, según se lee en comunicado publicado en redes sociales.
El traslado de los criminales tiene por objetivo recuperar el orden en las prisiones. Desde que Guillermo Lasso asumió la Presidencia, su administración ha debido afrontar cinco masacres. Estas más la acontecida al final del mandato de Lenín Moreno ya han dejado más de 400 muertos en el último año.
El ministro del Interior explicó que el baño de sangre que vivieron los reos de la cárcel de Santo Domingo “fue una crueldad de una banda criminal que perpetuó los mismos hechos hace un mes en Azuay”, en la cárcel de Turi, en Cuenca.
En el amotinamiento en Turi, sucedido en abril, los reos portaban fusiles militares, según informaron las autoridades. El saldo de la masacre fue de 20 presos muertos, cinco mutilados y cinco heridos de gravedad.
En los dos últimos amotinamientos la violencia sucedió por enfrentamientos entre bandas.
Para el ministro Carrillo es necesario que se revisen los mecanismos de acumulación de penas y que debe haber un régimen disciplinario más severo: “Lo que estamos viviendo no es un problema ni de las instituciones, peor de las personas. Este es un problema del Estado y tenemos que resolverlo desde el Estado. No es un tema o cuestionamiento que tengamos que hacerlo únicamente al director del SNAI o al director del centro penitenciario. Es un tema que amerita la revisión de algunas circunstancias y trabajar en la prevención”, enfatizó Carrillo.
En su último informe sobre las prisiones en Ecuador, la CIDH exigió al Estado que recupere el control de las prisiones y que implemente una política de prevención del delito y de rehabilitación. Según el diagnóstico de la CIDH, la política del Ecuador es demasiado punitiva.
La noche del lunes, el Ministerio del Interior informó que de los 44 cadáveres que ingresaron al Centro Forense de Santo Domingo de los Tsáchilas, 20 ya fueron identificados. Aún los forenses se mantienen en los análisis respectivos. Según la Cartera de Estado, esperan entregar todos los cuerpos de los reos a sus familiares este 10 de mayo.
La Secretaría de Derechos Humanos, en cambio, aseguró que donarán los ataúdes para las víctimas. Otras instituciones estatales instalaron una carpa en los exteriores de la morgue para brindar atención a los familiares de los presos que fueron asesinados.
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