Los obstáculos que enfrenta Gabriel Boric para encauzar las relaciones con los mapuches que conmocionan la patagonia chilena

Desde su llegada al Palacio de la Moneda el pasado 11 de marzo, el presidente chileno Gabriel Boric mantuvo su promesa de campaña de establecer una nueva relación con los pueblos indígenas. Pese a los primeros pasos que dio para lograr un acercamiento, en las últimas semanas crecieron los hechos de violencia en el sur del país por parte de grupos radicales mapuches.

Frente a este contexto, el jefe de Estado deberá hacer frente a varios obstáculos para encausar las relaciones con los pueblos originarios, que representan cerca del 12% de la población chilena.

El primer gesto de Boric fue desmovilizar a los militares que habían sido desplazados en el sur por el ex presidente Sebastián Piñera. El actual mandatario dejó sin efecto la orden de militarización de algunas provincias de las regiones de La Araucanía y el Biobío, a unos 600 km al sur de Santiago, donde en los últimos tiempos se han registrado numerosos ataques atribuidos a grupos radicales mapuches que reivindican tierras.

Sin embargo, cuatro días después de que asumiera el nuevo gobierno, la ministra del Interior y Seguridad, Izkia Siches, visitó la zona y fue objeto de una emboscada cuando se dirigía hacia la comunidad mapuche de Temucuicui, donde no se permite el acceso de funcionarios estatales sin la autorización de quienes viven allí.

Otras organizaciones radicales mapuches, en particular en las provincias de Arauco y Malleco -corazón de los monocultivos forestales-, también rechazaron cualquier diálogo con el nuevo gobierno, y advirtieron que seguirán usando la violencia contra los conglomerados forestales y ejerciendo lo que llaman “control territorial”.

La falta de diálogo y de soluciones a los reclamos por devolución de tierras han provocado una escalada de violencia en la última década, en la que han ido en aumento los ataques incendiarios a predios privados y contra camioneros. Éstos últimos han bloqueado rutas en el sur del país en señal de protesta por los ataques violentos de los radicales mapuches.

A pesar de la alta tensión que se está viviendo en Chile por esta situación, Boric sigue insistiendo en que su gobierno está dispuesto a dialogar con todas las organizaciones mapuches. De hecho, funcionarios del Ejecutivo ya iniciaron diálogos territoriales con algunas comunidades, en un intento de acercar posiciones y frenar los hechos de violencia.

“Boric es consciente de que la nueva relación con los pueblos indígenas que busca sólo será posible a través del proceso constituyente que apoya su coalición. Mientras tanto, su programa hace hincapié en la necesidad de fomentar un ‘diálogo plurinacional’ con esas comunidades”, señala World Politics Review en un artículo publicado este lunes.

Los temas centrales del diálogo que busca promover el jefe de Estado incluyen la restitución de tierras y la aplicación de la autonomía para los pueblos indígenas. Boric también se comprometió a aplicar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que Chile ratificó en 2008 pero nunca promulgó; y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Además, el Ejecutivo tiene previsto crear una Comisión de la Verdad para identificar a las víctimas de la violencia en el contexto del conflicto que afecta a los mapuches, y proponer mecanismos de reparación.

Aunque no desempeñaron un papel clave en las protestas sociales de octubre de 2019, los pueblos indígenas cuentan con una participación central en la Convención Constitucional elegida en mayo de 2021, con 17 representantes, que desde el año pasado vienen trabajando para hacer cada vez más visibles las principales demandas: declarar a Chile como un Estado plurinacional y reconocer sus derechos colectivos, incluyendo la autodeterminación y la autonomía; sus derechos a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente utilizaban u ocupaban; y sus derechos culturales.

Según World Politics Review, Boric deberá superar “las desalentadoras perspectivas” que afronta la Convención Constituyente, que actualmente está redactando una nueva Constitución. Esa publicación indicó, además, que los pueblos indígenas de Chile “se han convertido en actores políticos fundamentales” en la transformación que está experimentando el país.

La Constitución chilena, promulgada en 1980 bajo la dictadura de Augusto Pinochet, no reconoce la existencia de los pueblos indígenas. La llamada Ley Indígena, sancionada en 1993, los reconoce como grupos “étnicos” y les otorga derechos culturales. Desde entonces el Estado aplicó políticas de privatización, fomentando “la expansión de una economía extractiva en los territorios indígenas”.

“La industria minera en el norte, la silvicultura en el sur y las piscifactorías de salmón en el extremo sur ocupan sus territorios tradicionales, con graves repercusiones en los medios de vida de los indígenas”, apunta World Politics Review.

Durante todos estos años los mapuches se han opuesto firmemente a estas inversiones, especialmente a los monocultivos forestales. En 2021 se produjeron violentos choques entre la policía, e incluso el ejército, y estas comunidades que se movilizaron para exigir la restitución de las tierras tradicionales que actualmente son propiedad de las empresas. Los líderes indígenas que participaron en esas manifestaciones fueron procesados y encarcelados en el marco de la legislación antiterrorista.

El panorama se vislumbra complejo para Boric, para quien este conflicto es “histórico y político”, ya que no se evidencian acercamientos a pesar de sus esfuerzos. Por el contrario, la escalada de violencia sigue en aumento. El mes pasado, Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una de las organizaciones radicales de defensa mapuche, rechazó cualquier posibilidad de diálogo con Siches.

“Con esta posición que asume, ya no la consideramos una interlocutora válida. No tenemos la más mínima intención de dialogar cuando hay discursos de este tipo”, afirmó Llaitul en la comunidad Buta Rincón de la región de La Araucanía (sur), según indicaron medios locales.

Las declaraciones se produjeron un día después de que Siches anunciara, ante la Cámara de Diputados, un refuerzo de la presencia policial en la zona sur del país, ante los reiterados hechos de violencia.

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