La empresa portuaria Montecon formalizó una demanda contra el Estado uruguayo la semana pasada debido al contrato firmado por el gobierno de Luis Lacalle Pou con Terminal Cuenca del Plata (TCP), empresa que actualmente es propiedad de Katoen Natie en un 80%. Por este motivo, hoy las operaciones vinculadas a los contenedores en el puerto de Montevideo están tensionadas.
“A través de estas medidas el Estado de Uruguay interviene el mercado de servicios portuarios para favorecer a Terminal Cuenca de Plata”, indicó Montecon, según informó El Observador. Katoen Natie estará a cargo de las principales operaciones del puerto de Montevideo, específicamente en la terminal especializada en contenedores, hasta el año 2081, según el contrato firmado con Uruguay.
La demanda formalizada la semana pasada fue presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial y luego la notificación de esta llegó a la Cancillería uruguaya en la noche del martes 26, según informó El País. A partir de esto, el ministro Francisco Bustillo, envió la carta al presidente Lacalle Pou.
Más allá de la denuncia de la empresa, los legisladores del Frente Amplio Mario Bergara y Charles Carrera presentaron en febrero una ampliación a otra denuncia penal que la oposición formalizó el año pasado por la concesión del gobierno a Katoen Natie.
“La tesis del Frente Amplio es que se han configurado una serie de delitos muy graves en perjuicio del país, de la administración pública. Delitos y formas de actuar que son ilegítimas, abusos de las formas jurídicas, incumplimiento de la Constitución y la Ley de puertos”, explicó Carrera tras presentar la denuncia y agregó: “Acá se benefició a una empresa privada en más de 1.000 millones de dólares, se asumieron compromisos para la sociedad uruguaya en más de 2.000 millones de dólares”.
El reclamo de la oposición es por “usurpación de funciones y falsificación ideológica”. Por un lado, los legisladores del Frente Amplio aseguran que hay decisiones con respecto a la concesión que debían tomarse en la Administración Nacional de Puertos (ANP), pero fueron tomadas por el gobierno. Por el otro, la “falsificación ideológica” tiene que ver con que el gobierno dijo haber consultado a las autoridades de la ANP para ciertas condiciones del acuerdo, pero eso se habría hecho una vez que la resolución ya estaba firmada. El caso está a cargo del fiscal especializado en Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez.
Los antecedentes
Durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle Pou, padre del actual presidente uruguayo, entró en vigencia la Ley de Puertos, que modificó el modelo de infraestructuras públicas con operativas públicas en el puerto de la capital, por uno de infraestructuras públicas con operativas privadas.
La nueva ley constituyó al operador portuario, una figura desconocida anteriormente, que permitió que inversores extranjeros privados trabajen con las empresas estatales. Además, permitió aumentar la cantidad de cargamento y producción movilizada durante el año a través de Montevideo. A partir de la normativa es que las empresas internacionales hoy chocan por el rol que pueden ocupar en la administración portuaria.
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