Qué dice la acusación de Estados Unidos al ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández y sobre su relación con “El Chapo” Guzmán

No pasó ni una semana desde que Juan Orlando Hernández fuera extraditado y se presentara ante la corte neoyorquina que llevará su juicio por narcotráfico para que empezaran a surgir más revelaciones sobre su dinero, los asocios criminales que hizo mientras fue presidente de Honduras y su conflictiva relación con Estados Unidos. Una de las más relevantes: JOH, como se le conoce en su país, dice tener acceso a USD 3 millones para pagar una eventual fianza a pesar de que, se supone, todas sus propiedad y activos financieros han sido congelados en su país.

La acusación formal hecha por el Departamento de Justicia y publicada el pasado 21 de abril atribuyen ya a Hernández conductas criminales que hasta ahora solo habían estado en boca de testigos que comparecieron en otros casos de narcotraficantes hondureños, como el de Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del expresidente.

Damian Williams, fiscal federal de los Estados Unidos, presentó la acusación contra Hernández el 27 de enero pasado en la corte del Distrito Sur de Nueva York (SDNY en inglés) que luego aprobó la solicitud del extraditar al expresidente hondureño para que responda por varios delitos de narcotráfico, entre ellos la importación de 500,000 kilogramos de cocaína. En ese documento, Estados Unidos resume su caso contra JOH.

Por primera vez. Estados Unidos acusa frontalmente a Hernández de haber servido, desde la presidencia de Honduras, a los intereses del Cartel de Sinaloa.

Como parte de la conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos, dice el fiscal Williams, JOH “recibió millones de dólares de múltiples organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares, incluido el exlíder el Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo”.

La acusación añade algo que Washington no había dicho antes y que ahora parece dar la razón a quienes, desde la oposición política, un sector de la prensa de investigación y organizaciones civiles habían dicho hasta el cansancio: que Juan Orlando Hernández utilizó los fondos del narcotráfico para ganar las elecciones presidenciales en 2013 y luego en 2017.

Hernández, dice la acusación del Departamento de Justicia, “usó fondos del narcotráfico para enriquecerse, financiar sus campañas políticas y cometer fraude electoral, en conexión con las elecciones presidenciales de 2013 y 2017. A cambio, Hernández protegió a los narcotraficantes.”

La acusación contra Juan Orlando Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York

Protección a cambio de plata

La acusación también recoge como propia otra que ya un testigo había hecho ante una corte estadounidense: que “El Chapo” entregó a Tony Hernández un millón de dólares para la campaña presidencial de 2013, que llevó a JOH de la presidencia del Congreso a la del país.

Como ha publicado Infobae, en la previa de la presidencial de 2013, dos organizaciones de narcotráfico dominaban las rutas del occidente hondureño, en el montañoso departamento de Copán. Desde El Espíritu, un pequeño poblado a pocos kilómetros de la frontera con Guatemala, operaba el clan Valle Valle, y desde el vecino pueblo de El Paraíso, la cocaína la movía Alexander Ardón, entonces alcalde del lugar por el Partido Nacional, cuyo jefe era Juan Orlando Hernández.

A finales de 2012, de acuerdo con al menos dos oficiales de inteligencia policial que investigaron a esos clanes y han hablado con Infobae en condición de anonimato por seguridad, Tony Hernández era ya el nexo entre su hermano Juan Orlando y los dos grupos de Copán. La familia Hernández, originaria del vecino departamento de Lempira, había empezado su negocio de narcotráfico alrededor de aquellos años, según investigaciones de la policía hondureña.

Los Valle Valle y Ardón eran, antes del primer ascenso de Hernández a la presidencia, quienes controlaban el paso de la cocaína por el último tramo de la ruta hondureña, que es la salida a Guatemala. La mayor parte de la cocaína que se movía en los primeros años de la década pasada era del Cartel de Sinaloa. De a poco, los Hernández empezaron a entrar al negocio desde su posición de poder político, según describen decenas de testimonios en procesos judiciales a narcos hondureños en Estados Unidos.

En 2012, antes de las presidenciales del año siguiente, Juan Orlando Hernández pidió al alcalde Ardón de El Paraíso que no corriera por la reelección para no traer atención no deseada al Partido Nacional, según el mismo Ardón declaró a agentes estadounidenses. Además, JOH pidió a Ardón una contribución de 30 millones de lempiras (unos USD 125,000) para todos los candidatos nacionalistas de Copán. A cambio, los Hernández le ofrecieron protección cuando JOH llegara a la presidencia.

A ese tipo de “protección” parece referirse el Departamento de Justicia cuando habla de que JOH construyó en Honduras un narcoestado. De hecho, la acusación contra Hernández, por la que fue extraditado a Nueva York, se lee como un resumen de todos los datos que la justicia estadounidense ha recogido a lo largo de la última década para armar el rompecabezas del narcotráfico en Honduras.

Con el ascenso de Hernández y el Partido Nacional, que había llegado al poder en 2010 tras el golpe de estado del año anterior de la mano del presidente Porfirio “Pepe” Lobo, los grandes clanes del narcotráfico en Honduras, que hasta entonces habían operado solo en sus feudos, empezaron a tejer una red de colaboración que abrió todo el corredor de la cocaína en el país.

Los puntos de aterrizaje en el este y norte del país estaban bajo el dominio de varios grupos, entre los cuales el más fuerte era el clan de Los Cachiros. Los puntos de tránsito y algunos de producción eran dominados por otros, como el narcotraficante Geovanny Fuentes. El poder político del Partido Nacional, primero de la mano de operadores como Fabio Lobo, hijo del presidente Pepe Lobo, y luego con los Hernández, proveyó la protección necesaria para que la red se uniera.

Washington, en esta acusación, no duda en llamar a Honduras un narcoestado, y en decir que fue Juan Orlando Hernández quien llevó a esa condición al permitir, entre otras cosas, “la corrupción en instituciones legítimas de Honduras, incluidas partes de la Policía Nacional, el ejército, el Congreso Nacional, y, mientras públicamente se hacía pasar como un aliado de los Estados Unidos, contribuyó junto a sus co-conspiradores a que Honduras se convirtiera en uno de los puntos de tránsito de la cocaína más importantes del mundo”.

No siempre pensó así Washington. En 2017, Heide Fulton, la oficial diplomática estadounidense de más alto en Tegucigalpa, la capital, se fotografió junto a un recién reelecto Juan Orlando Hernández a pesar de que los señalamientos por narcotráfico eran cada vez más sonoros y de que el resto de la comunidad internacional no había dudado en señalar varias irregularidades en esa elección, incluida la posibilidad de un fraude masivo.

Enemigo íntimo de Washington

Juan Orlando Hernández no construyó solo su reinado. Operadores del narcotráfico, desde Geovanny Fuentes -quien le dio acceso a un narcolaboratorio en el departamento de Cortés- hasta el Chapo Guzmán, pero también la red de poder político que creció bajo su sombra y el ejército al que hizo protagonista de la seguridad pública y una especie de guardia pretoriana facilitaron el ascenso de JOH. También lo hicieron las administraciones de Barack Obama y Donald Trump en Estados Unidos.

Al principio, cuando empezó a acusar formalmente a narcos como Fuentes, Ardón, Los Valle o Los Cachiros, el Departamento de Justicia nombraba como co-conspiradores a políticos, policías y militares hondureños que habían favorecido la consolidación de la ruta de la coca en el país. Cuando acusó a Tony Hernández, el DOJ se refirió, entre otros, al “co-conspirador 4″ como un político que había favorecido a los narcos. Ese hombre era Juan Orlando Hernández.

Eso fue en 2018, pero ya antes, en 2014, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) tenían testimonios de que los Hernández estaban metidos de lleno en el negocio de la cocaína. Se los dio, entre otros, Ramón Sabillón, entonces jefe de la Policía Nacional y actual ministro de seguridad de Honduras. Fueron Miguel Arnulfo y Luis Valle Valle quienes explicaron a Sabillón el rol de Tony Hernández y su hermano Juan Orlando en los negocios con el Chapo Guzmán cuando el entonces jefe de la Policía los capturó.

A partir de 2014, tras la caída de Los Valle, la DEA y el FBI apoyaron investigaciones en Honduras que concluyeron con capturas y juicios en Estados Unidos, en los que los narcos procesados empezaron a rendir testimonio sobre sus operaciones. El papel del presidente Hernández empezó a hacerse evidente.

A pesar de toda la información que ya estaba en manos de las agencias federales, jueces y fiscales estadounidenses, el aparato diplomático de Washington, el de Obama primero y el de Trump después, mantuvieron su apoyo político a Juan Orlando Hernández, al punto de acuerpar su reelección irregular en 2017, la que hoy dice Estados Unidos logró en parte con dinero del Cartel de Sinaloa.

No fue hasta enero de 2022, cuando ya Hernández había dejado el poder, que el Departamento de Justicia presentó su acusación. Una semana después, según confirmaron a Infobae dos fuentes diplomáticas estadounidenses, la vicepresidenta Kamala Harris entregó la acusación personalmente a Xiomara Castro, la nueva presidenta de Honduras, a cuya juramentación Harris asistió el 27 de enero pasado. El 16 de febrero, la policía hondureña detuvo a Hernández para iniciar el proceso de extradición a Estados Unidos.

Todo el tiempo que Hernández permaneció en el poder, construyendo el narcoestado al que se refiere la fiscalía estadounidense, le permitió afianzar su control sobre todo el aparato estatal de su país, pero, al final, no lo blindó de la extradición. Sí pudo, Hernández, usar ese poder para, aun preso, traspasar algunos de sus bienes a través de su esposa, Ana Hernández, y afianzar parte de su fortuna.

Por ahora, los abogados de Hernández en Nueva York han dicho que el expresidente solicitará al juez que ve su caso que le permita pagar una fianza de USD 3 millones para preparar su defensa en libertad, lo cual ha levantado en Honduras especulaciones sobre la procedencia de ese dinero. Los abogados han dicho que será proveído por comunidades judías neoyorquinas.

En otro golpe de efecto, los abogados defensores han dicho que pedirán que el Chapo Guzmán rinda testimonio sobre su supuesta relación con Hernández. Lo cierto es que el otrora hombre fuerte de Honduras, gestor según Estados Unidos de un narcoestado en Centroamérica, tiene ahora que defenderse ante quienes antes fueron sus aliados políticos.

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