Familiares de una víctima de las FARC buscan cobrar USD 42 millones de indemnización de una cuenta en EEUU vinculada a la petrolera venezolana PDVSA

El hijo de un embajador colombiano asesinado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1999 logró que la Justicia estadounidense le dé acceso a US$190 millones de dólares que organizaciones asociadas a la guerrilla colombiana hayan guardado en Estados Unidos como resarcimiento por daños. Cerca de US$42 millones de ese total intenta cobrarlos de una cuenta financiera que Alba Petróleos de El Salvador, filial de PDVSA, tiene en Connecticut. Un juez de ese estado ya habilitó el trámite, pero abogados salvadoreños y del gobierno de Venezuela intentan evitarlo.

El caso de Antonio Caballero, el hijo del hombre asesinado por las FARC, abrió un camino a una acción judicial que considera a Alba Petróleos de El Salvador (APES) y a su casa matriz, Petróleos de Venezuela (PDVSA), como “agencias o instrumentos de las FARC”, de acuerdo con documentos oficiales de la justicia estadounidense a los que Infobae ha tenido acceso.

El 16 de octubre de 2020, Caballero formalizó una acción legal en una corte distrital de Connecticut, un pequeño estado en el noreste de Estados Unidos, para recuperar el dinero. Basado en un juicio de 2014 que ganó en Florida y le otorgó acceso a los fondos y activos de las FARC y de los “instrumentos o agencias” de la organización terrorista, el demandante “actuó para asegurar una cuenta financiera administrada en favor de Alba Petróleos de El Salvador SEM de CV por Interactive Brokers, LLC de Greenwich, Connecticut”.

El 4 de septiembre de 2020, una corte de Florida envío a su similar en Connecticut certificación del fallo a favor de Antonio Caballero para reclamar unos US$41 millones de una cuenta financiera administrada a nombre de Alba Petróleos de El Salvador.

Legislación federal estadounidense conocida como Ley de Aseguramiento por Riesgos de Terrorismo de 2002 (TRIA por sus siglas en inglés) permite a víctimas de organizaciones terroristas internacionales que han obtenido fallos favorables en cortes estadounidenses resarcirse con activos de esas organizaciones y sus asociados. Tras realizar una búsqueda en instancias financieras estadounidenses durante una década y media, los abogados de Caballero encontraron la cuenta financiera de Alba Petróleos en Connecticut en la que hay US$ 41,734,153.93, según documentos judiciales en poder de Infobae.

En 2020, cuando Caballero emprendió su acción judicial en Connecticut, las FARC aún eran consideradas una organización terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Un año antes, en enero de 2019, el Departamento del Tesoro estableció sanciones contra PDVSA. Tres meses después, en marzo de ese año, las sanciones se extendieron a las filiales centroamericanas de la estatal venezolana, como Alba Petróleos en El Salvador y Albanisa en Nicaragua.

El fallo a favor de Caballero fue uno de los que abrió las puertas para que el nexo entre las FARC y las operadoras del petróleo venezolano quedará establecido en registros judiciales estadounidenses y a una decena de demandas de resarcimiento similares a partir de 2019. Caballero es el único que, hasta ahora, ha encontrado activos de Alba Petróleos en Estados Unidos.

Alba Petróleos es uno de los conglomerados empresariales y financieros a través de los que la petrolera estatal venezolana y sus socios en Centroamérica movieron al menos US$1 mil millones, según auditorías financieras hechas por fiscales en El Salvador y Estados Unidos, donde Alba ha sido investigada por lavado de dinero.

En El Salvador, Alba Petróleos ha sido, además de un poderoso conglomerado financiero, un centro de poder político con lo que han estado relacionado los últimos tres gobiernos del país, incluido el actual del presidente Nayib Bukele, cuya carrera política fue financiada en parte con el dinero de PDVSA. El actual fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, fue empleado de Alba Petróleos en 2019, antes de que los diputados controlados por Bukele en el congreso lo nombraran jefe de la Fiscalía General de la República.

El 19 de enero de 2021, un funcionario del condado de Hartford, en Connecticut envió por correo certificado a Interactive Brokers copia de la resolución judicial que permite a Antonio Caballero reclamar US$41 millones de Alba Petróleos. Una copia de la resolución y el atestado judicial fue enviado también a la sede de Alba Petróleos en San Salvador el 15 de enero de 2021.

El reclamo judicial que en Estados Unidos relaciona a Alba Petróleos con las FARC hace eco, década y media después, de las primeras informaciones que vincularon, en 2008, a la guerrilla colombiana con el conglomerado salvadoreño a través de José Luis Merino, un exguerrillero salvadoreño del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) reconvertido en funcionario de Estado y en uno de los operadores políticos y financieros más influyentes de El Salvador a partir de finales de los 2000.

Merino, conocido también como “Comandante Ramiro”, forjó buena parte de su poder gracias al control que tenía, a través de Alba Petróleos, de los fondos provenientes de la importación preferencial de petróleo venezolano. Merino, su hermano Sigfredo Merino, un abogado llamado Mauricio Cortez Avelar y un médico de nombre Erick Vega fueron los principales operadores del dinero en El Salvador, el cual sirvió, entre otras cosas, para financiar campañas políticas de candidatos del FMLN, entre ellos la de Nayib Bukele, en 2012 el joven alcalde de Nuevo Cuscatlán, un pequeño suburbio de San Salvador, la capital. El Comandante Ramiro era el jefe de todos.

En 2006, Merino creó Alba Petróleos como una compañía mixta de cuyo 60% era propietaria PDV Caribe S.A., filial de PDVSA, mientras el resto pertenecía a ENEPASA, una asociación pública formada por alcaldes del FMLN. Durante una década, Alba Petróleos movió cerca de US$1 mil millones a través de los sistemas financieros de El Salvador, Panamá, Honduras, Guatemala, Colombia y, se sabe ahora tras la denuncia judicial de Caballero en Connecticut, Estados Unidos.

Ya antes investigadores habían detectado cantidades de fondos no determinadas en Nevada y Miami, pero ese dinero no ha sido sujeto de reclamos judiciales, según dijo un investigador que conoce el caso de Alba Petróleos en Estados Unidos.

El 17 de marzo de 2021, el abogado neoyorquino Marcos Daniel Jiménez, actuando en nombre de Alba Petróleos de El Salvador, confirmó a la corte de Connecticut la composición accionaria de la empresa de su cliente: 60% propiedad de PDVSA y 40% propiedad de ENEPASA.

Dos años después de la fundación de Alba Petróleos la fiscalía de Colombia inició la primera investigación formal contra José Luis Merino por delitos relacionados con el tráfico de armas y el narcotráfico. En 2008, el ejército colombiano encontró una laptop en un campamento guerrillero de las FARC, de la que extrajo miles de archivos electrónicos en los que se describían actividades criminales de la organización terrorista. Ahí aparecía el nombre de José Luis Merino, descrito como un operador involucrado en la compra de armas de guerra para las FARC y como un nexo con los funcionarios del régimen de Hugo Chávez en Venezuela.

Más investigaciones a Merino y Alba Petróleos, primero por la relación con las FARC y luego por crímenes de lavado de dinero, se abrieron en El Salvador y Estados Unidos. En su país natal, sin embargo, el Comandante Ramiro construyó, con el dinero venezolano, una red de protección política que lo ha mantenido a salvo hasta ahora.

Gracias al poder político que le dio el dinero venezolano, Merino logró que los últimos cinco fiscales generales de El Salvador pasaran de largo por las investigaciones abiertas a Alba Petróleos; pudo, además, afianzar su poder al interior del FMLN, hasta 2019 la fuerza política más importante de El Salvador; y, a partir de 2012, le permitió influir en la carrera política de Nayib Bukele, la figura que hoy controla todo el poder en El Salvador.

Agentes federales de Estados Unidos, en su mayoría de los departamentos de Justicia y el Tesoro, siguen la pista a Merino y al dinero venezolano en El Salvador al menos desde 2015, según han confirmado a Infobae un exdiplomático estadounidense que estuvo destacado en Centroamérica y un contratista del gobierno en Washington.

En 2021, Washington incluyó a Ramiro en una lista de actores antidemocráticos y corruptos de Centroamérica, en la que también están, además de media docena de funcionarios del presidente salvadoreño Nayib Bukele, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, recién extraditado a Estados Unidos por narcotráfico y Consuelo Porras, la fiscal general de Guatemala, acusada de favorecer a grupos de mafias políticas en su país.

A Carlos Caballero la guerrilla colombiana lo secuestro en febrero de 1999. Seis meses después y tras someterlo a torturas casi a diario, los guerrilleros mataron a este hombre, que entonces tenía 76 años: le metieron un tiro en la nuca y dejaron el cadáver a la orilla de un camino rural. Quince años después, en 2014, un tribunal de la Florida, otorgó a Antonio, el hijo del asesinado, derecho a reclamar unos US$190 millones como resarcimiento. La sentencia abrió un camino que hoy llega hasta Alba Petróleos la filial salvadoreña de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Tras el fallo de 2014, los abogados de Antonio Caballero empezaron a buscar el dinero en cuentas que se pudieran relacionar con las actividades criminales de las FARC.

El primer golpe llegó poco después, cuando el demandante logró que la justicia estadounidense le diera acceso a US$2 millones incautados al cartel mexicano de narcotráfico conocido como Los Zetas. El razonamiento a favor de Caballero fue que Los Zetas actuaban como instrumento al servicio de las FARC, que también se dedicó al tráfico de cocaína desde Colombia a Estados Unidos con escala en México.

Fue en 2020 que sus abogados encontraron los US$42 millones en una cuenta financiera que la compañía llamada Interactive Brokers tiene en nombre de Alba Petróleos de El Salvador.

La sede de Interactive Brokers es un edificio de tres plantas ubicado en el número 2 de Pickwick Plaza en Greenwich, una ciudad de tamaño mediano en el estado de Connecticut, a una hora en carro desde Nueva York. Es una compañía de intermediarios financieros, cuyo rubro principal es, según un panfleto publicitario, la colocación de fondos en los mercados internacionales.

El 15 de enero de 2021, Timothy Bennett, alguacil del condado de Hartford, al que pertenece Greenwich, llegó al edificio de Pickwick Plaza para entregar a Interactive Brokers el atestado judicial que autoriza a Antonio Caballero el acceso a los fondos de Alba Petróleos. Un guardia de seguridad le dijo que ahí no había nadie porque, debido al encierro por Covid-19, todos seguían trabajando desde casa. Bennett envió el paquete por correo certificado el 19 de enero.

El mismo día 15, el alguacil Bennett envió la notificación judicial, también por correo certificado, al Boulevard Orden de Malta Sur Block “A”, Casa número 1 del Parque Industrial El Boquerón de Antiguo Cuscatlán, el suburbio de San Salvador donde Alba Petróleos tiene una de sus sedes.

Lo que dice en los documentos enviados por Bennett es que el 4 de septiembre de 2020 la corte que preside el juez K. Michael Moore en Connecticut recibió certificado de que una corte distrital de Florida juzgó a favor del demandante Antonio Caballero para que reclame US$46,729,667 más los intereses generados al 0.15% mensual desde mayo de 2020 de los fondos administrados por Interactive Brokers para Alba Petróleos desde Greenwich.

A partir de aquella notificación inició un litigio que aún no termina. El pleito que ha retenido, hasta ahora, la entrega de los fondos no es el abierto por Caballero en contra de Alba Petróleos, sino entre los abogados del conglomerado salvadoreño y los que ha se han mostrado como parte de este juicio civil como representantes de PDVSA. Ambos, salvadoreños y venezolanos, quieren control sobre los US$42 millones.

Milton Jiménez fue el primer abogado que se presentó como representante de Alba Petróleos. Jiménez ha actuado en nombre de Jaime Alberto Recinos Crespín, representante legal del conglomerado en San Salvador. Recinos fue dirigente del FMLN y alcalde de Cuscatancigo, un suburbio de clase trabajadora de la capital salvadoreña, y aún es vicepresidente de Alba Petróleos. Infobae buscó al exalcalde en su casa en dos ocasiones para obtener sus comentarios, pero no hubo respuesta.

La disputa en Estados Unidos inició en abril de 2021, cuando el bufete White and Case introdujo una moción en la corte de Connecticut para que se les registrara a ellos como los representantes legales de Alba Petróleos. White and Castle actúa en representación de PDVSA y alega que, por ser la venezolana accionista mayoritaria, es a ella que corresponde cuidar de los fondos en Connecticut. La justicia estadounidense entiende que PDVSA es parte del gobierno venezolano al que Washington reconoce, el de Juan Guaidó.

Fue hasta el 13 de enero de 2022 que Jeffrey Alker Meyer, un juez de apelaciones en New Haven, también en Connecticut, terminó con la contienda al fallar a favor de Jiménez y Recinos Crespín y determinar que toca a los salvadoreños disputar el dinero con Antonio Caballero. Al final, lo de Connecticut parece ser un capítulo más de un pleito entre venezolanas y salvadoreños por los dineros del petróleo que inició a mediados de la década pasada.

Alba Petróleos de El Salvador fue, por más de una década, una máquina para desaparecer dinero. Al menos hasta 2020, según su balance general, la empresa tenía más de mil millones de dólares en cuentas por cobrar. Esto debido a una política de erogación de préstamos con apenas garantías, muchos entregados a sociedades creadas por hombres de la confianza de aquel que contaba con el poder real dentro de la compañía, José Luis Merino.

Y todo se hizo gracias a una nula supervisión de su contraparte venezolana, a pesar de que en las juntas directivas de la empresa figuraban ciudadanos de ese país, muchos de ellos importantes funcionarios del gobierno, como Asdrúbal Chávez, primo del fallecido Hugo Chávez, que participó desde sus inicios hasta 2012. Al parecer, el choque entre sus funciones en su país y las de su puesto en la nación centroamericana hacían imposible que pudieran ejercer un verdadero control en las actividades de Alba Petróleos de El Salvador.

Entre estos venezolanos figura, por ejemplo, Bernardo Álvarez, director presidente entre mayo de 2015 y noviembre de 2016, puesto que ocupaba al mismo tiempo que se desempeñaba como embajador permanente de su país ante la OEA. También era el presidente de PDV Caribe y Petrocaribe y, además, el secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP). Un caso parecido es el del gerente general de Alba desde marzo de 2016 hasta la actualidad, Luis Sauce Navarro, quien desde septiembre de 2015 es el ministro de Transporte y Obras Públicas de Venezuela.

El nulo control de los venezolanos y de sus intereses en las finanzas de Alba Petróleos de El Salvador tampoco se balanceaba con una mayor participación de los políticos salvadoreños que figuraban en sus juntas directivas. Según exempleados y actuales trabajadores de la compañía de economía mixta, el poder real recaía, más bien, sobre los hombres de confianza de José Luis Merino, como su asistente Érick Vega o Miguel Ángel Hernández Ventura, exalcalde de San Pedro Perulapán, quien por años fue apoderado de las sociedades con amplias facultades administrativas y legales.

“Las decisiones las tomaban, realmente, gente como ellos”, comenta un exempleado, quien ubica a hombres de la confianza de Merino en diferentes actividades, como en la decisión de otorgar préstamos, en los que algunos aprovecharon para llevar fondos a sus bolsillos.

“Era bien común ver que alguien, que no era un militante del partido (FMLN) viniera a solicitar un crédito y diera como garantía un terreno que, por ejemplo, valía $150,000. Sin embargo, le prestaban $200,000. Y eso es porque en ese desembolso iba una tajada (un porcentaje) para alguien de adentro”, comentó un exempleado, que conversó bajo condición de anonimato.

Erick Vega, uno de los hombres a los que los exempleados de Alba Petróleos atribuyen más poder, es actualmente asesor comercial del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Los nombres de ambos, asesor y presidente, aparecen en varios documentos que la fiscalía salvadoreña incautó en compañías asociadas a Alba Petróleos que fueron allanadas en mayo de 2021, justo cuando empezaba el litigio en Connecticut. Esas incautaciones ocurrieron en el marco de una investigación masiva por lavado de dinero abierto por la Fiscalía General salvadoreña aquel año, la cual, sin embargo, ha sido enterrada por Rodolfo Delgado, el fiscal bukelista y exempleado de Alba Petróleos.

Vega aparece en al menos dos juntas directivas de esas empresas, entre ellas una que sirvió para canalizar unos US$15 millones de Alba Petróleos que sirvieron, en parte, para financiar campañas políticas de Bukele.

El uso del dinero de Alba Petróleos para favorecer a las personas designadas por Merino, como el actual presidente salvadoreño, creó grietas al interior del FMLN, cuyo directorio reclamó en 2018 la entrega de cuentas sobre el dinero venezolano, algo que no había ocurrido antes. Una auditoría interna determinó, aquel año, que había un hoyo financiero de entre US$600 millones y US$900 millones de los que Merino no podía dar cuentas. Un exmiembro de la Comisión Política del FMLN dijo a Infobae bajo condición de anonimato que agentes venezolanos de PDVSA también han reclamado a Merino por ese dinero.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía salvadoreña, el esquema de lavado de dinero de Alba Petróleos operaba de distintas formas. Una eran préstamos incobrables como los descritos por los exempleados del conglomerado, que a la postre Alba nunca cobraba; uno de los beneficiarios de esos préstamos fue Nayib Bukele, que a título personal recibió al menos US$1.9 millones. Otra forma de lavado era el traspaso de fondos a cuentas financieras en el extranjero.

Las investigaciones salvadoreñas y de agentes estadounidenses destacados en San Salvador habían detectado parte de ese dinero en Panamá, donde Alba Petróleos abrió compañías fachada para enviar parte del dinero venezolano desde San Salvador. El caso del colombiano Antonio Caballero y los US$42 millones en Connecticut prueba que el dinero de este conglomerado señalado de lavar casi US$1 mil millones también fluyó hacia Estados Unidos.

El litio en Connecticut sigue abierto. Ya un juez de apelaciones dio a los abogados de Alba Petróleos en El Salvador derecho a pelear los US$42 Umillones con Antonio Caballero, el hijo del embajador colombiano asesinado por las FARC. Viene un camino de apelaciones y contrargumentos que pinta para largo. Una cosa es cierta: los investigadores estadounidenses que han seguido la pista a Alba Petróleos saben ya que los salvadoreños ligados a PDVSA, las FARC y al presidente Bukele usaron el sistema financiero estadounidense para mover millones de dólares.

Con la colaboración de Moisés Alvarado.

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