En un giro cruel a la historia sandinista, Daniel Ortega mandó a cerrar la última ONG de derechos humanos de Nicaragua

El mismo día que la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) cumplía 45 años de fundada, el régimen de Daniel Ortega la eliminó legalmente. Es un giro cruel de la historia, porque esta organización nació el 20 abril de 1977 defendiendo, entre otros, a comandantes sandinistas que en ese tiempo luchaban por derrocar al dictador Anastasio Somoza.

José Esteban González, el fallecido fundador de la CPDH, relató en una entrevista al diario La Prensa que uno de los primeros casos que asumió la organización fue la defensa del comandante sandinista Tomás Borge, uno de los principales líderes del Frente Sandinista, quien se encontraba preso en las cárceles del régimen somocista. “Lo que nosotros pedíamos era que se les hiciera un juicio público, justo y con derecho a defenderse, que no se les torturara”, explicó González.

Este miércoles, la Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Ortega, canceló la personería jurídica de 25 organizaciones no gubernamentales, entre ellas a la CPDH, la última organización defensora de derechos humanos legalmente establecida que quedaba en Nicaragua.

Marcos Carmona, director ejecutivo de la CPDH, aseguró en conferencia de prensa que la organización continuará trabajando por los derechos humanos, tal vez con otro nombre, “porque no se requiere personería jurídica para defender derechos humanos”.

“Los alegatos que ellos están señalando es que no hemos cumplido en la entrega de los informes financieros. Nosotros hemos dejado evidencia en muchas oportunidades de que hicimos presencia ante el Ministerio de Gobernación presentando estos informes financieros auditados y jamás hubo la voluntad de recibir estos informes”, expresó Carmona.

“Con esto lo que vemos a todas luces es que no hay voluntad de parte del Gobierno de que haya organismos de derechos humanos que estén documentando los abusos que se cometen en nuestro país”, añadió.

La “muerte legal” de la CPDH se produce en un contexto de represión contra los defensores de derechos humanos. Gonzalo Carrión es uno de ellos. Hasta 2019, Carrión era el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y desde hace casi 30 años se le veía defendiendo los derechos de quienes participaban en protestas sociales en Nicaragua.

El 30 de diciembre de 2018, Carrión cruzó ilegalmente la frontera sur de Nicaragua para llegar a Costa Rica y evitar ser capturado o asesinado, en una ola de persecución que desató el régimen de Ortega contra los defensores de derechos humanos. La Dirección de Auxilio Judicial de la Policía lo señaló de participar en el incendio de una casa del barrio Carlos Marx, en Managua, donde murieron carbonizadas seis personas, incluyendo dos niños.

“Me endosaron la participación de un crimen de lesa humanidad que cometieron las fuerzas policiales y los paramilitares”, dice desde su exilio.

El sábado 16 de junio de 2018, seis miembros de la familia Pavón Muñoz murieron quemados cuando encapuchados acompañados de policías, según testimonios de los familiares que sobrevivieron, incendiaron la casa del barrio Carlos Marx donde también funcionaba una fábrica de colchones. Gonzalo Carrión fue uno de los primeros en llegar a lugar de la tragedia y su presencia fue usada por el régimen para responsabilizarlo del brutal crimen. “No tenía muchas opciones. Era la cárcel, el exilio o el cementerio”, añade.

Carrión recuerda que el proceso de desmantelamiento de los organismos defensores de derechos humanos comenzó desde el mismo momento en que Daniel Ortega regresó al poder, en enero de 2007. “Vinieron cerrando espacios desde el comienzo, pero en los últimos cuatro años han aplicado una política de tierra arrasada contra los defensores de derechos humanos”, dice.

Decenas de defensores de derechos humanos buscaron refugio en el exilio, otras fueron apresados y muchos quedaron trabajando en Nicaragua bajo amenazas y asedio, en condiciones de clandestinidad, explica Carrión.

A partir de las protestas de 2018 comenzó una ofensiva por eliminar legalmente a los organismos defensores de derechos humanos. Empezó el 12 de diciembre de 2018 cuando el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) fue cerrado y confiscado sus bienes, y terminó este miércoles 20 de abril, con la última organización legal que quedaba, la Comisión Permanente de Derechos Humanos.

La funcionaria del CPDH, María Oviedo, fue apresada en julio del año pasado y se mantiene en condiciones de tortura y aislamiento en la cárcel conocida como El Chipote, donde permanece la mayoría de los presos políticos del régimen detenidos desde mayo de 2021.

Pablo Cuevas, otro funcionario de la CPDH, salió abruptamente de Nicaragua junto a toda su familia el pasado 8 de marzo porque dijo sentir que su vida estaba en peligro. “Salimos de manera clandestina. Yo no tengo dinero, pero si tengo muchos amigos y ellos me ayudaron. Hay personas que se pusieron en riesgo por mí, porque si me hubieran atrapado seguramente estuvieran en riesgo”, explicó Pablo Cuevas durante el programa 100% Entrevistas.

“Supe que había orden de detenerme o asesinarme”, dice Cuevas que este mes cruzó el Río Bravo, en la frontera con México, para llegar Estados Unidos donde está pidiendo asilo político.

“La situación de los derechos humanos en Nicaragua está en el peor escenario imaginable”, dice Gonzalo Carrión, quien junto a otros colegas fundaron en Costa Rica un nuevo organismo de defensores de derechos humanos que trabaja para Nicaragua desde el exilio denominado “Nunca Más”.

Carrión, quien tiene 30 años defendiendo derechos humanos, recuerda que desde el 1990, cuando perdió el poder Daniel Ortega hasta el 2006 cuando lo recuperó, los gobiernos de entonces “también violaban los derechos humanos”, pero hace notar que cuando los sandinistas reclamaban desde la oposición, muchas veces violentamente, los organismos de derechos humanos los protegían y “esos gobierno neoliberales” les permitían llegar a las galerías de la cárcel conocida como El Chipote a constatar el estado de los detenidos, algo impensable en el régimen de Ortega.

La ironía, agrega Carrión, es que quienes hoy persiguen a los organismos de derechos humanos antes los buscaban para pedirles ayuda. “Ellos nos llamaban para que intercediéramos por ellos cuando estaban en la cárcel o estaban bajo presión. En esos tiempos nosotros éramos calificados de izquierdosos por ayudarlos a ellos y ahora ellos nos dicen que somos agentes del imperio por ayudar a quienes ellos persiguen”.

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