Sin plan y con el fantasma de un default más cerca, Nayib Bukele envió una delegación reducida a las reuniones del FMI en Washington

La primavera ha vuelto, tímida, a Washington, DC. Las ráfagas intermitentes de viento y bajas temperaturas aún acompaña a las decenas de funcionarios de todo el mundo que caminan por las calles H y K de la capital estadounidense, muy cerca de la Casa Blanca. Son los funcionarios de hacienda, finanzas y economía del Orbe que llegaron para las reuniones de primavera en las instituciones multilaterales, entre ellos un puñado de salvadoreños que aún no dan por muerta la negociación entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de su país por un crédito de US$1.4 mil millones.

Esta vez no ha venido a Washington Alejandro Zelaya, el ministro de Hacienda del presidente Nayib Bukele y quien había llevado la voz cantante en las negociaciones con el FMI. La delegación es, ahora, menor. La lidera el presidente del Banco Central de Reserva, Douglas Rodríguez, quien vino acompañado de un par de directores de sección de Hacienda y, como asesor, de Miguel Kattán, el secretario de comercio del gobierno y tío del presidente. Dos funcionarios estadounidenses familiarizados con las reuniones de primavera en Washington confirmaron a Infobae la composición de la delegación salvadoreña.

El Salvador sigue necesitando de la línea de crédito del FMI, y de otras posibilidades de financiamiento multilateral que podrían abrirse si el préstamo de US$1.4 mil millones se aprueba, para atender sus compromisos financieros, que incluyen el pago de US$800 millones a acreedores en enero de 2023. Sin ese dinero, según han advertido múltiples especialistas y analistas de riesgo, El Salvador podría estar muy cerca del default, algo que el gobierno de Bukele ha negado.

La última vez que una delegación de El Salvador vino a Washington a negociar con el FMI fue en noviembre del año pasado, en el marco de las llamadas reuniones de otoño. Esa vez Zelaya sí aterrizó en la sede del Fondo, acompañado de Ibrajim Bukele, hermano del presidente y uno de sus principales asesores en materia económica.

En noviembre, Zelaya no regresó con buenas noticias a El Salvador. Ya entonces, antes incluso de que concluyera una revisión técnica de las condiciones económicas y financieras del país, el FMI había advertido a El Salvador que, para enrumbar las negociaciones de los US$1.4 mil millones, el gobierno debía de comprometerse a un ajuste fiscal equivalente al 4% del PIB en 3 años, lo cual pasa por reducir US$715 millones del gasto público y subir en US$315 millones la recaudación.

El pasado otoño, el ministro Zelaya también tuvo que dar explicaciones por el presupuesto que el gobierno salvadoreño había presentado para 2022 y cuyas primeras versiones el FMI consideró “expansivas”. En aquel momento, El Salvador incluso se mostró dispuesto a modificar el plan de gastos para llevar adelante la negociación.

También tuvieron los salvadoreños que escuchar cómo el Fondo pedía explicaciones por el uso que el gobierno había dado a US$389 millones que la multilateral había dado al país para hacer frente a los gastos generados por la atención a la pandemia de Covid-19.

Ya para entonces, las relaciones entre San Salvador y la administración de Joe Biden en Estados Unidos habían alcanzado su peor momento en décadas por los constantes enfrentamientos que el salvadoreño generó luego de que Washington le reclamara, a través de cuestionamientos públicos y el retiro de visados a funcionarios señalados de corrupción y de llevar adelante negociaciones con las pandillas MS13 y Barrio 18, por el deterioro en la situación política en el país centroamericano. En las negociaciones con el Fondo, la palabra de la Casa Blanca y del Departamento del Tesoro estadounidenses son vitales.

Todo esto enfrío las negociaciones, pero no las mató.

En enero de 2022, tras completar la llamada revisión de Artículo IV -en virtud del convenio firmado con los estados miembros que contempla la revisión periódica las condiciones económicas de los países-, el directorio del FMI dejó abierta la puerta a más pláticas, pero lanzó nuevas advertencias. Insistió el Fondo en las “vulnerabilidades fiscales relacionadas con la deuda pública” y, por primera vez, tocó en público uno de los asuntos más controversiales de la era Bukele: la adopción del Bitcoin como moneda de circulación legal, establecida en 2021.

“La adopción de una criptomoneda como moneda de curso legal implica graves riesgos para la integridad financiera y del mercado”, advirtió el FMI.

Los mercados fueron, en efecto, los primeros en reaccionar. Para inicios de 2022, la casa Moody’s había bajado la calificación de riesgo a El Salvador hasta la categoría Caa2 (calidad pobre o de muy alto riesgo), que ya es considerado como un bono basura, según explicó a Infobae un analista de Wall Street que sigue la situación salvadoreña.

El escenario del default era ya real. Un análisis de Bloomberg, por ejemplo, establecía, en enero pasado, que el precio de los seguros de la deuda salvadoreña se había triplicado desde la adopción del Bitcoin como moneda legal. Según uno de los analistas consultados en Nueva York, los inversionistas se mostraban ya preocupados porque “las malas relaciones entre El Salvador, Estados Unidos, y el FMI” dieran al traste con las proyecciones económicas del país centroamericano.

Las alarmas también se encendieron en el Congreso de Estados Unidos. En marzo, con apoyo de republicanos y demócratas, el Comité de Exteriores del Senado aprobó una ley que exige al Departamento de Estado informes regulares sobre los riesgos que podría tener, para Estados Unidos, la circulación del Bitcoin en El Salvador. Tras esa ley, explicó un asistente legislativo conocedor de las discusiones en torno a ella, hay la sospecha de que, ante la falta de controles democráticos en El Salvador, los sistemas financieros estadounidenses puedan verse permeados por dinero cuya procedencia no esté clara.

En abril se sumó otro asunto espinoso para El Salvador en Washington. En su reporte anual sobre el respeto a los Derechos Humanos en el mundo, el Departamento de Estado incluyó, en el capítulo salvadoreño, observaciones sobre el pacto pandillero de Bukele, el deterioro en la institucionalidad democrática y la tendencia a la acumulación de poder a través del control presidencial del Legislativo y el Judicial. Aunque estos informes no suelen ser definitorios en las negociaciones que atañen al FMI, un funcionario multilateral advirtió, en charla con Infobae, que esta vez, debido a los insistentes señalamientos contra Bukele, lo que dice el informe del Departamento de Estado sí puede ser un ancla para argumentar, con base en un informe oficial del gobierno de Estados Unidos, resoluciones que no favorezcan a El Salvador.

Acorralado, Bukele mandó a Zelaya, su ministro de Hacienda, a intentar vender en Europa bonos amparados en el Bitcoin, a los que el gobierno llamó Bono Volcán. Del Viejo Continente también regresó el ministro con pocas noticias.

Sin el aspaviento acostumbrado, el gobierno adelantó otras dos posibles avenidas en su búsqueda de dinero: una reforma al sistema previsional que viene anunciando desde hace meses pero del que aún no da detalles y un acuerdo con el CAF, banco de desarrollo de América Latina, con el que Bukele firmó un acuerdo en febrero. En cualquier caso, dos analistas de riesgo consultados en Wall Street han dicho a Infobae que es muy difícil adelantar si esas herramientas darán a Bukele la liquidez que necesita para afrontar el vencimiento de deuda en 2023.

La percepción de que algo no estaba funcionando crecía y Bukele parecía perder la iniciativa en la conversación. Eso hasta finales de marzo, cuando una súbita alza en la violencia pandillera permitió al presidente enfocarse de nuevo en la seguridad pública y dejar del lado, al menos por un rato, el molesto asunto de la deuda y el default.

Uno de los mares en los que Nayib Bukele ha solido navegar con viento a su favor es el de la percepción pública. Su dominio de la comunicación digital, acompañado de un poderoso aparato de propaganda tradicional y del acoso a la prensa independiente, le ha permitido controlar la narrativa política. Eso, de acuerdo con algunos análisis de contenidos hechos en El Salvador, empezó a cambiar un poco a mediados de 2021.

A partir de mayo del año pasado, y hasta entrado 2022, “el nivel de negatividad sobre el rumbo del país iba creciendo sostenidamente hasta enero de 2022… En realidad hasta la mitad de marzo, en que el tema de la inflación era predominante”, asegura un análisis de Digital Insights, una empresa que evalúa a diario la conversación digital en El Salvador.

La conversación cambió en abril, cuando el tema de la seguridad pública volvió a ser el más importante. No fue un cambio gratuito: llegó precedido, primero, por una distorsión en el pacto que Nayib Bukele mantiene con las pandillas MS13 y Barrio 18, que provocó 87 homicidios en 72 horas el último fin de semana de marzo; y, luego, del decreto de un régimen de excepción y de enmiendas legales que han limitado los derechos constitucionales de la población y han restringido la libertad de prensa en el país, algo que ha permitido al oficialismo un control más férreo de la narrativa. Con esas enmiendas, por ejemplo, un periodista que informe sobre el pacto de Bukele con las pandillas puede pasa hasta 15 años en la cárcel.

“El control de la narrativa y la puesta en escena de un gobierno que soluciona (ya sea vía régimen de excepción o control de precios) los problemas más sentidos de la población ha logrado contener la ola de enojo que golpea a otros gobiernos”, dice el análisis de Digital Insights a propósito de las medidas tomadas por el presidente tras el alza en la violencia y, antes de eso, de otras de tipo económico que Bukele anunció por el alza de los precios del petróleo que ha provocado la invasión de Rusia a Ucrania.

La violencia de las pandillas cesó por ahora. Las nuevas medidas decretadas en el régimen de excepción ya son leyes de la república. Bukele y El Salvador, sin embargo, siguen sin tener dinero para pagar sus compromisos financieros y, a juzgar por el tamaño y calidad de la delegación que ha venido a Washington a platicar con el FMI, esa sigue siendo una avenida de difícil tránsito.

A pesar de que el ejercicio fiscal de 2021 llevó a El Salvador buenas cifras de recaudación fiscal -US$300 millones más que el periodo anterior según cifras oficiales-. el gobierno sigue sin cerrar las salidas de dinero, lo cual, en la práctica, mantiene la percepción del FMI de que la vulnerabilidad fiscal sigue intacta.

Y, si se atiende a lo que los diputados de Bukele han hecho en el Congreso salvadoreño tras el alza de violencia, el gobierno de El Salvador no parará de inflar el gasto público. El miércoles 21 de marzo, en sesión plenaria, los bukelistas aprobaron una ley especial para construir nuevas cárceles sin necesidad de concursos financieros previos. Al final, en el tema de la deuda, todo sigue en cero: más gasto en un escenario de impago.

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