Una serie de ataques incendiarios se registraron este jueves, por segunda jornada consecutiva, en el conflictivo sur de Chile, donde existe desde hace décadas un enquistado conflicto territorial entre el Estado, grandes empresas forestales y grupos de indígenas mapuche.
Una casa patronal en Tirúa y una bodega y una cabaña en Cañete, ambas en la región del Bío Bío (500 kilómetros al sur de Santiago), fueron quemadas en dos ataques distintos que no dejaron heridos ni víctimas mortales, según informaron medios locales.
Durante la tarde, se sumó en La Araucanía (también en el sur) el incendio de tres camiones en la ruta, interceptados por al menos siete personas armadas con rostro cubierto, que obligaron a descender a los transportistas antes de quemar los vehículos, informó el jefe regional de Carabineros, Manuel Cifuentes.
La ministra del Interior, Izkia Siches, informó sobre la presentación de una querella para perseguir a los responsables del incendio en Tirúa y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, encabezó un comité policial especial para abordar la situación.
“Vamos a presentar una indicación sustitutiva para dotar al Estado y, particularmente, al Ministerio Público y a las policías de la facultad de utilizar técnicas especiales en la investigación”, indicó Monsalve tras la reunión.
En el incendio de Tirúa se encontró un escrito que alude al movimiento mapuche y exige la liberación de los presos indígenas, y en el de Cañete se dejó un panfleto que adjudicaba el ataque al grupo radical Resistencia Mapuche Lafkenche, según informó una radio local.
En la víspera, se registraron al menos otros dos hechos de violencia que provocaron la destrucción de garitas, vehículos de carga y camionetas, y un supuesto enfrentamiento con disparos entre un grupo de desconocidos y personal policial en Bío Bío.
En esta y otras regiones del sur de Chile existe hace décadas el llamado “conflicto mapuche”, que enfrenta a comunidades indígenas con empresas agrícolas y forestales que explotan tierras consideradas ancestrales.
El pueblo mapuche, la etnia indígena más numerosa de Chile, reclama los terrenos que habitó durante siglos, antes de que fueran ocupados por el Estado chileno a fines del siglo XIX en un proceso conocido oficialmente como la “Pacificación de La Araucanía” y que ahora pertenecen en su mayoría a grandes grupos económicos.
En el último año, esta disputa ha experimentado una escalada de violencia con frecuentes ataques incendiarios a maquinaria y predios, tiroteos con víctimas mortales y huelgas de hambre de presos indígenas.
Desde que asumió la Presidencia el pasado marzo, el izquierdista Gabriel Boric frenó la militarización de la zona que el anterior mandatario, el conservador Sebastián Piñera, había decretado en octubre de 2021, y desplegó una estrategia de “diálogo” en la zona.
Con todo, semanas atrás Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una de las organizaciones radicales de defensa mapuche en Chile, aseguró que no dialogará con la ministra Siches.
“No la consideramos una interlocutora válida. No tenemos la más mínima intención de dialogar cuando hay discursos de este tipo”, afirmó Llaitul en la comunidad Buta Rincón, según indicaron medios locales.
El líder de la CAM, organización que se ha atribuido acciones hostiles, agregó que el Gobierno trata de hacer “un parangón artificioso” con “la violencia que ejerce la resistencia mapuche a la hora de confrontar con los intereses de los bienes capitales y contra la represión que se ejerce de manera brutal y criminal en el Wallmapu” (territorio mapuche).
(Con información de EFE)
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