La SIP denunció un aumento de la represión y censura contra la prensa en Cuba, Venezuela, Bolivia y El Salvador

Este martes la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) inició su reunión de medio año. Durante una conferencia virtual, la organización alertó que sigue en aumento la represión y censura en países como Cuba, Venezuela, Bolivia y El Salvador.

El encargado de exponer sobre la situación en la isla fue Henry Constantin, director del diario disidente La Hora de Cuba, quien fue detenido el año pasado tras las multitudinarias protestas del 11 de julio contra la dictadura de Miguel Díaz-Canel.

El comunicador sostuvo que los periodistas independientes que actualmente trabajan en su país “no exceden las 50 personas”: “Es un grupo en peligro de extinción”. Es que en los últimos años cada vez fueron más los “destierros de activistas y periodistas independientes”.

“Les dicen que si no quieren ir a la cárcel, se tienen que ir para siempre de país”, comentó.

Constantin explicó que lo que más está angustiando a los periodistas cubanos en este momento es el nuevo Código Penal, que será aprobado -sin consulta pública- en las próximas semanas o meses.

El director de La Hora de Cuba indicó que el nuevo código “repite condenas y medidas del código penal anterior, el soviético”. Además de hablar de propaganda enemiga y de aumentar la aplicación de la cadena perpetua, amplía el uso de la pena de muerte a cuatro nuevas figuras delictivas.

En su exposición citó el caso de Yoan de la Cruz, un joven que no es periodista pero que fue detenido por las fuerzas del régimen cubano por haber sido uno de los primeros en transmitir en redes sociales las protestas del 11 de julio en San Antonio de los Baños. Por haber compartido esas imágenes recibió seis años de prisión “por desorden y desacato”.

Desde las masivas protestas, todos aquellos que convocan a manifestarse pacíficamente son acusados por las autoridades de la dictadura de “incitación a delinquir”. “El ciudadano que protesta corre el riesgo de ser acusado de desorden público”, agregó.

Constantin relató que en cada fecha nacional las calles en la isla se encuentran fuertemente custodiadas por las fuerzas del régimen para evitar movilizaciones de la sociedad civil.

Más temprano la SIP indicó en su informe provisional semestral que la represión es “la epidemia que más afecta” a Cuba, y advirtió que en el último semestre “repuntó” con “severas condenas” para los manifestantes de las protestas. Para la organización, con sede en Miami, la libertad de expresión en la isla es “débil”, y se enmarca dentro de una sociedad “sin respiro” y en un ambiente “hostil”.

Otro país que desde hace años sufre una brutal represión y censura es Venezuela, donde la dictadura de Nicolás Maduro aplica estrategias muy similares a las empleadas por el régimen castrista.

Miguel Henrique Otero, presidente y director del periódico El Nacional, se refirió a la situación en Venezuela durante la conferencia virtual. Según indicó, “Venezuela es un país apagado para la libertad de expresión”. “Los venezolanos se enteran de lo que pasa a través del canal del estado, y algunos medios que restan por ahí”. Encima, la conexión a internet “es muy limitada y costosa”.

Por este motivo, las redes sociales se convirtieron en estos años en una herramienta “fundamental” para la población civil.

Respecto a las agresiones a la libertad de expresión perpetradas por el régimen chavista, Otero habló de tres tipos. En primer lugar, “las agresiones directas físicas”. Éstas, según indicó, se intensificaron a fines del año pasado en el marco de las elecciones regionales. “Cualquiera que esté filmando corre el riesgo de ser atacado por colectivos chavistas o grupos paramilitares”.

El segundo tipo de agresión que identificó es la “utilización del sistema judicial”: “Es un régimen que trata de decir que los presos políticos tienen todos los juicios, que el sistema actúa, pero en la práctica el sistema es un vil instrumento del ejecutivo. Casi el 80% está preso por medidas cautelares, sin sentencias”.

Al respecto, citó como ejemplo el caso del diario que preside, El Nacional, cuya sede en Caracas recientemente fue embargada por las autoridades chavistas a raíz de una demanda de Diosdado Cabello. “Fue muy evidente. Una demanda de difamación que obedecía a una nota que se publicó, que decía que se investigaba a Diosdado Cabello por narcotráfico. Muchos periódicos publicaron eso antes que nosotros. El juicio penal no avanza, pero sin sentencia se nos colocó una indemnización de 13 millones de dólares; sacaron a la gente que trabajaba en las instalaciones con armas largas, y tomaron el poder de las instalaciones”.

La tercera y última forma de agresión señalada por Otero responde a las “decisiones arbitrarias del régimen, que no tienen soporte judicial, pero que son acciones del Estado”. Por ejemplo, “el bloqueo de las páginas web”. De acuerdo a lo expuesto por el periodista, lo único independiente que queda en Venezuela son páginas de venezolanos en el exterior.

“El régimen ordena a las compañías telefónicas a bloquear todas esas páginas. El número de páginas bloqueadas es considerable. Lo mismo hacen con páginas que ellos consideran que no deben ver los venezolanos como Infobae, CNN… Habría que preguntarles a las compañías telefónicas, que muchas son multinacionales, por qué hacen eso, si no hay una sentencia judicial”, reflexionó.

Uno de los países que volvió a estar estrechamente vinculado a dictaduras como las de Cuba y Venezuela es Bolivia. Jorge Carrasco, vicepresidente de la Asociación Nacional de la Prensa, dijo que “la situación en el país es complicada y sigue la tendencia de la región”.

En su exposición advirtió que desde la llegada de Luis Arce al poder crecieron las restricciones y agresiones contra los periodistas y medios. Del mismo modo han ido en aumento las limitaciones de las coberturas de ciertos actos. Como ejemplo citó el caso del juicio contra la ex presidenta Jeanine Áñez, en el que se excluyó a varios medios y periodistas, “bajo el argumento de que no presentaron las acreditaciones”.

Carrasco también denunció el aumento de los discursos que buscan estigmatizar a la prensa. Según comentó, “las autoridades todo el tiempo buscan desacreditar a los medios”: “Dicen algo que no les gusta, que les incomoda, e inmediatamente empiezan a echarle la culpa a la prensa”.

Por su parte, criticó el “uso discriminatorio de la publicidad estatal que va solo a medios que son bien vistos por el gobierno”: “Medios independientes, considerados incómodos, no solo reciben ataques, estigmatización, sino que no reciben nada de la publicidad”.

Fabricio Altamirano, director de El Diario de Hoy de El Salvador, sostuvo que, si bien hay países más complicados como Nicaragua y Venezuela, El Salvador está en el mismo camino de “represión, cercos legales y peligros”.

El periodista aseguró que su país jamás vivió una situación como la actual bajo el mandato de Nayib Bukele, y advirtió que son “inminentes” aprehensiones contra periodistas por investigar diferentes casos de corrupción.

Según explicó, el actual esquema legal “hace subjetivo a quién se apresa, por qué razones, sin ninguna documentación, y bajo el anonimato de voces acusadoras”. Recordó, por su parte, que recientemente la Comisión de Derechos Humanos condenó una serie de leyes ambiguas que habilitan al ejecutivo a tomar medidas represivas contras los medios.

“En El Salvador estamos en dictadura, inequívocamente”, concluyó.

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