Doce mil presos después, Nayib Bukele sigue protegiendo a los líderes pandilleros de la MS13

Troles cibernéticos. Él mismo con sus cuentas de Twitter y Facebook. Todos sus funcionarios. El fiscal general al que él controla. El Órgano Judicial en el que él también manda. Los medios oficialistas financiados con dineros públicos. Nayib Bukele puso a todo su aparato de propaganda a mantener la narrativa según la cual él es una especie de líder vengador que terminará de una vez por todas con las pandillas MS13 y Barrio 18, las principales organizaciones criminales de El Salvador, cuyas guerras callejeras y negocios han provocado decenas de miles de muertos en el país en las últimas décadas.

Desde el último fin de semana de marzo, cuando la violencia pandillera dejó 87 muertos en 72 horas en las calles y barrios del país, Bukele y su aparato emprendieron su autodenominada “guerra contra las maras”, la cual, además de la propaganda cíclica, ha dejado una serie de enmiendas legales y un estado de excepción que aún no termina y que ha servido al oficialismo para limitar las garantías constitucionales y para arremeter de nuevo contra periodistas y académicos críticos del presidente y sus políticas.

El 15 de abril, en plena Semana Santa, el presidente actualizó en su Twitter la cifra de detenidos contados hasta ese día. “Más de 12,000 terroristas capturados en solo 21 días. Seguimos”, escribió Bukele en un tuit con la etiqueta #GuerraContraPandilla en el que aparecen fotos de pandilleros tatuados en todo el cuerpo.

Si esa cifra es cierta -no hay forma de hacer una verificación independiente: el gobierno de El Salvador ha cerrado todas las vías al acceso de información sobre su sistema carcelario-, Bukele ha añadido 12,000 presos a un sistema en el que ya hay cerca de 40,000 reos, cifra que ya sobrepasa por 10,000 cuerpos a la capacidad real de la red de prisiones. Hoy, con los recién ingresados, la sobrepoblación es de casi 22,000 personas.

Entre los nuevos detenidos hay, sí, personas que exhiben los tatuajes característicos de las pandillas. Esos son los que suelen aparecer en las fotografías de la propaganda oficialista. Pero también hay otros detenidos que han aparecido en otras redes sociales, no las del gobierno; son jóvenes cuyas capturas sus familiares o conocidos denuncian como actos arbitrarios.

Desde la primera semana de abril, los pocos periódicos a los que el gobierno de Nayib Bukele sigue sin controlar se llenaron de denuncias sobre abusos de la PNC. El viernes 8 de abril, por ejemplo, la policía, amparada por el régimen de excepción que los diputados de Bukele aprobaron a finales de marzo, entró a Ciudad Credisa, un vecindario de clase media, y se llevó a 21 personas sin darles explicación alguna. Los familiares de los detenidos denunciaron que los policías les tomaron fotos a todos y los acusaron de terroristas, como el presidente hace en sus tuits.

“Yo preguntaba porqué se los iban a llevar, vino un soldado y me empujó con el arma y me dijo que nosotros teníamos la culpa por vivir en una zona marginal”, dijo una ciudadana al periódico La Prensa Gráfica.

La misma noche, la fuerza pública detuvo a unos jóvenes que salían de su turno de trabajo en un restaurante de la capital. Enseguida, la PNC publicó fotos de los detenidos, a quienes había quitado las camisas, y de dinero que, según la versión policial, era pago por extorsiones. Tras una fuerte denuncia en redes sociales quedó claro que los jóvenes no pertenecían a pandillas y que el dinero era la caja hecha ese día en el restaurante.

Los reclamos más fuertes llegaron desde el extranjero, lo cual parece lógico cuando, a casi tres años de gobierno, Bukele ha logrado, con persecuciones judiciales y administrativas y acoso constante, acallar a buena parte de las voces críticas del país.

El mismo 8 de abril, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA en inglés), uno de los tanques de pensamiento más influyentes en temas latinoamericanos en la capital estadounidense, publicó un comunicado en el que cuestiona sin reparos las políticas de Bukele.

“La crisis de seguridad en El Salvador requiere de una respuesta urgente y firme. Las numerosas víctimas de las pandillas más violentas del mundo tienen el derecho a la justicia y a vivir sin miedo de ser hostigadas, agredidas, extorsionadas y asesinadas. Sin embargo, suspender secciones de la Constitución del país no hará que esto suceda”, escribió WOLA.

Bukele respondió a las críticas de WOLA con ataques personales a su presidenta, Carolina Jiménez Sandoval. Atacar a quienquiera que lo critique o ponga en evidencia sus contradicciones es ya una marca propia de Nayib Bukele. Lo ha hecho con periodistas salvadoreños, con la congresista estadounidense Norma Torres o con Tamara Taraciuk Broner, directora interina de Humans Rights Watch (HRW) para las Américas.

HRW fue otra de las organizaciones que criticó las medidas recientes de Bukele. “En lugar de proteger a los salvadoreños, este amplio estado de emergencia es una receta para el desastre que pone sus derechos en riesgo”, escribió la organización en un comunicado.

Al final, sin embargo, la narrativa del presidente, todo el ruido generado alrededor de ella y todas las enmiendas legales aprobadas no han sido capaces de ocultar la falla más importante de su guerra: Nayib Bukele, por razones que ni él ni todos sus acólitos alcanzan a explicar, siguen sin extraditar a Estados Unidos a los 14 líderes de la MS13 reclamados en el país norteamericano por delitos como homicidio y terrorismo. Así, aun después de los 12,000 presos de Bukele, la cadena de mandos de la pandilla sigue intacta.

Nayib Bukele tiene pactos con las pandillas desde que fue elegido alcalde de San Salvador en 2015. Expedientes judiciales en El Salvador, investigaciones y un proceso judicial en Estados Unidos y al menos una docena de investigaciones periodísticas basadas en documentos oficiales dan cuenta de ello. El pacto siguió vigente y Bukele lo fortaleció desde la presidencia de la república.

Ya siendo presidente, según una investigación de la fiscalía salvadoreña que el fiscal nombrado por el oficialismo ha enterrado, Bukele siguió gestionando el pacto a través de Osiris Luna, su jefe de prisiones, y Carlos Marroquín, un funcionario de la presidencia. Ambos han sido nombrados por Estados Unidos como actores corruptos y antidemocráticos, entre otras cosas precisamente por administrar el pacto en nombre de su jefe, el presidente.

En virtud de ese pacto, Nayib Bukele ha maniobrado para que sus funcionarios eviten la extradición a Estados Unidos de los 14 líderes de la MS13 que forman la llamada ranfla nacional, el nombre que la jerga pandillera da a su directorio.

A esos líderes, dice el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, “se les acusa de conspiración para prestar y ocultar apoyo material a terroristas, conspiración para cometer actos de terrorismo que trascienden fronteras nacionales, conspiración para financiar el terrorismo y conspiración de narcoterrorismo.” Esos delitos, entre los que se incluyen varios homicidios, fueron cometidos en suelo estadounidense y ordenados por la ranfla nacional, según la acusación.

Las fotografías de esos líderes, la mayoría presos en El Salvador, no han aparecido en la cuenta de Twitter del presidente Bukele junto a la etiqueta de terroristas, que él y sus funcionarios no han dudado en poner junto a los retratos de otros salvadoreños que no tienen nada que ver con las pandillas.

Mientras ha durado el régimen de excepción, el fiscal general Rodolfo Delgado, peón del presidente, no ha dudado en tuitear que la mayoría de los detenidos (cerca de un 90% dice él aunque, de nuevo, esta es una cifra imposible de verificar de forma independiente) han sido arraigados por un juez de paz, el primero que actúa ante una acusación de la Fiscalía según lo contempla la legislación salvadoreña.

De lo que no habla Delgado es de tres cosas. A varios jueces que no han fallado de acuerdo con los designios establecidos por el presidente en Twitter, la Corte Suprema de Justicia -también dominada por Bukele- termina removiéndolos. Él mismo, Delgado, ha sido señalado en el pasado por utilizar la tortura para extraer confesiones falsas de supuestos pandilleros. Tampoco habla el fiscal general de que fue él quien se negó a que uno de los líderes de la MS13 fuera deportado a Estados Unidos y así lo hizo constar ante la Corte Suprema.

Una de las instancias que, en Estados Unidos, participó en la investigación de los líderes es la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano (JTFV en inglés), formada por agentes del Departamento de Justicia y del Tesoro, cuyo director, Seth D. DuCharme, fue uno de los que, en enero de 2021, anunció la acusación formal contra los 14 líderes de la MS13 que Bukele no quiere extraditar.

Las investigaciones de la JTFV también han sido esenciales en una investigación penal a Osiris Luna y Carlos Marroquín, los dos funcionarios de Bukele investigados por el pacto pandillero y contra quienes el Distrito Judicial del Sur de Nueva York está a punto de presentar una acusación formal, según han confirmado dos funcionarios federales a Infobae en días recientes.

La JFTV, de hecho, estuvo involucrada en las primeras investigaciones del pacto entre Bukele y las pandillas a partir de 2020. Buena parte de esa información fue entregada al entonces embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, quien, en lugar de profundizarla, terminó removiendo al menos a uno de los investigadores estadounidenses involucrados, según han confirmado a Infobae al menos tres oficiales de la administración Biden en Washington. Johnson, un exagente de la Central de Inteligencia (CIA), llegó a El Salvador como nombrado político del expresidente Donald Trump.

En el marco de esta crisis, Bukele, como ya lo ha hecho antes en otras coyunturas, ha vuelto a apelar con nostalgia al tipo de apoyo que recibía cuando Trump era presidente.

El 11 de abril pasado, Ned Price, portavoz del Departamento de Estado pidió a Bukele “proteger a sus ciudadanos mientras mantiene las libertades civiles, incluida la libertad de la prensa”, en referencia a restricciones legales aprobadas durante el régimen de excepción que castigan con cárcel a quien se refiera al pacto pandillero de Bukele. Anthony Blinken, el secretario de Estado de Biden, también pidió respeto a los derechos civiles de los salvadoreños y recordó algo más a Bukele: “ahora, más que nunca, es esencial extraditar a los líderes pandilleros para que enfrenten a la justicia en Estados Unidos”.

Bukele, al contestar en Twitter, no dijo una palabra sobre los líderes de la ranfla a los que su gobierno sigue protegiendo. Sí dijo esto: “tuvimos apoyo del gobierno de Estados Unidos… pero fue DURANTE LA ADMINISTRACIÓN TRUMP (así, en mayúsculas)”. Johnson, el embajador de Trump que minimizó la investigación sobre el pacto pandilleros, fue, en efecto, uno de los principales aliados del presidente salvadoreño.

Pactos como el de Bukele y otros hechos por políticos salvadoreños en el pasado han redefinido la estructura criminal y política de las pandillas y sus liderazgos. Uno de los académicos que más han estudiado esa parte del fenómeno es Juan José Martínez d’Aubuisson, un antropólogo citado en medios de todo el mundo. El año pasado, por ejemplo, Martínez explicó a Infobae que los picos de violencia homicida durante la gestión de Bukele pueden deberse a reacomodos en el pacto o a que los liderazgos pandilleros usan a los muertos para enviar mensajes políticos.

El 11 de abril, también en tuit, Bukele llamó “basura” a Martínez. Acto seguido, fieles al guion típico, los troles cibernéticos, funcionarios y propagandistas, acusaron al antropólogo de ser cómplice de las pandillas y de hablar en favor de ellas, algo que hoy en El Salvador está penado con 10 a 12 años de cárcel y que, con las enmiendas hechas bajo el régimen de excepción, el fiscal general Rodolfo Delgado puede convertir en acusación penal sin demasiado trámite.

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