En 2016 el presidente boliviano Evo Morales demandó a Chile de “robar” las aguas del río Silala, aunque según la postura chilena, no existen documentos o hechos que comprueben la acusación. Por lo anterior, la entonces presidenta, Michelle Bachelet, contra demandó en la Corte Internacional de Justicia de La Haya al país altiplánico apelando a un curso internacional del río Silala, argumentos que se mantienen a la fecha.
A pesar de que, la demanda se materializó hace seis años, la controversia nace desde la Guerra del Pacífico en 1879, conflicto armado donde Chile se enfrentó a la confederación Perú-Boliviana. En ese conflicto Bolivia perdió la su salida al mar y Antofagasta, ciudad cercana al río Silala, pasó a ser de la República de Chile. En la época se demarcó que sus aguas eran internacionales.
Con el paso del tiempo, se realizaron concesiones de ambos países para el uso del agua del río. Aunque, a la fecha, solamente dos empresas -en territorio chileno- tienen derechos consuntivos constituidos sobre las aguas del Silala: la empresa Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia y la minera Codelco. En el caso boliviano, en 2013 se inauguró un criadero de truchas que se abastece del río.
Por la inexistencia de un acuerdo por el uso y la soberanía del río Silala se acudió a La Haya y hoy terminaron los alegatos orales que definirán el fallo.
Línea de tiempo del conflicto
La disputa por el río data desde la Guerra del Pacífico en 1879, donde Chile se enfrentó a Perú y Bolivia y se adjudicó la ciudad de Antofagasta, uno de los lugares por donde pasa el río Silala.
En 1906 Chile le otorgó una concesión sobre las aguas del río Silala a la empresa británica hoy conocida como Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB), la que entregaba agua potable a la ciudad de Antofagasta. Dos años más tarde, el Prefecto de Potosí le entregó a la misma empresa concesión para alimentar sus locomotoras.
En 1996 el Gobierno de Bolivia comenzó a rechazar la concesión con la base de que la empresa no habría respetado acuerdos. Un año más tarde, caducó la concesión a la empresa de ferrocarril. Actualmente, existen dos empresas en territorio chileno con derecho consuntivos constituidos en el Silala.
En 1999 el Gobierno boliviano afirma que las aguas del Silala tienen naturaleza exclusiva de su soberanía. Ante estas declaraciones se intensificó la disputa entre los países y en 2002 Bolivia protestó por el desvío del cause natural del río a beneficio de Chile.
No fue hasta 2009 en una reunión bilateral entre los presidentes de ese entonces, Evo Morales y Michelle Bachelet, que se buscó una solución al conflicto. Sin embargo, los esfuerzos fueron en vano porque el parlamento de Bolivia no aceptó el preacuerdo entre los ejecutivos.
En 2013 Bolivia inauguró un criadero de truchas que se abastece desde el río Silala. La respuesta de Chile fue que el río era una zona de aguas internacionales.
En torno a la conmemoración del día del mar en 2016, Evo Morales anunció que estaban evaluando acciones legales en contra de Chile por el uso de las aguas del Silala. Hecho que se materializó ese mismo año en La Haya.
Ante las declaraciones del presidente Morales, la mandataria chilena Michelle Bachelet presentó una contrademanda que no se ha resuelto a la fecha. Desde 2016 los países han presentado sus argumentos y estudios en la Corte con respecto a la soberanía del río Silala. Este jueves concluyeron los alegatos, lo que significa que ahora La Haya debe resolver sobre el tema y los países deberán atenerse a la conclusión sin posibilidad de seguir argumentando.
“Un curso de agua internacional singular”
Los argumentos entregados durante los alegatos se han mantenido históricamente. Bolivia acusa que se ha modificado artificialmente el curso a beneficio de Chile y desde el país fronterizo argumentan que existe un curso natural de las aguas y por ello hay un derecho de uso y que es un río internacional.
Para la presentación de los alegatos, cada país debió preparar sus razones ante la Haya y luego el país contrario presentar sus contra alegatos. Esta instancia tuvo su última sesión este jueves, donde Chile respondió ante la demanda luego de la exposición por parte de la defensa de Bolivia.
El agente de Bolivia, Roberto Calzadilla, pidió que la Corte proclame soberanía boliviana sobre los caudales del río Silala. “Bolivia solicita respetuosamente a la Corte que adjudique y declare que: a) Bolivia tiene soberanía sobre los canales artificiales y mecanismos de drenaje en el Silala que se encuentran en su territorio y tiene derecho a decidir si los mantiene y cómo”, señaló Calzadilla.
El abogado estadounidense Gabriel Eckstein también expuso ante La Haya afirmando que “al contrario de lo que sostiene Chile, el Silala no puede ser descrito puramente como un curso de agua internacional natural”. Además agregó que “el Silala es en la actualidad, y lo ha sido durante casi 100 años, un curso de agua internacional singular, con caudales superficiales aumentados artificialmente”.
Para la defensa chilena intervino la subsecretaria de relaciones exteriores Ximena Fuentes, quien sostuvo que “Bolivia nunca intentó presentar a Chile estudios científicos serios en base a los cuales las dos partes hubieran podido iniciar un diálogo fructífero”. La subsecretaria agregó que la postura boliviana “vienen a confirmar lo que Bolivia había negado durante años, en el período entre 1999 y septiembre de 2018, a saber que el Río Silala fluye de forma natural a lo largo de la pendiente topográfica de Bolivia a Chile”.
Antes de los últimos alegatos presentados por Chile, el Presidente Gabriel Boric se reunió con la canciller Antonia Urrejola para abordar el conflicto. La secretaria de Estado planteó que “tenemos un conjunto de materias que nos preocupan a ambos países y que tenemos que trabajar, como el tema migratorio, de seguridad y narcotráfico, recursos hídricos compartidos, los efectos de la crisis climática que afectan sobre todo a los países de América Latina”. “Hay una agenda muy importante en materia de energías renovables y en materia del litio”, comentó la ministra al respecto a la relación con Bolivia.
En esa misma línea expresó: “Lo que queremos como Gobierno es precisamente que pase pronto, que ya lleva varios años y estamos confiados en que nos irá muy bien, pero lo más importante es no centrar las relaciones con Bolivia en las cosas que nos dividen, sino todo lo contrario, en la agenda común que tenemos que trabajar”.
Aún no existe fecha para el fallo que determine la Corte de La Haya, que deberá evaluar las presentaciones respectivas de cada país. Esta resolución podría tardar meses o incluso años.
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