Los gobiernos de Guatemala y El Salvador redoblan la persecución y amenazas a los periodistas que investigan la corrupción

Juan Bautista Xol es un periodista guatemalteco de la etnia Maya Q’eqchi’ que en octubre de 2021 cubrió en primera línea el embate policial a un grupo de líderes indígenas que protestaban contra una mina rusa que contamina el lago más grande del país y los ríos en El Estor, un municipio en las montañas del noreste. A partir de entonces, el Estado de Guatemala lo ha sometido a un acoso permanente.

Xol es uno de cinco periodistas, la mayoría Q’eqchi’, que estuvieron en El Estor el fin de semana del 22 y 23 de octubre de 2021 para cubrir la arremetida policial. Él y sus otros dos colegas indígenas, Carlos Choc Chub y Baudilio Choc, han sido criminalizados desde entonces. Agentes del Estado los han seguido, les han tomado fotos que luego aparecieron en sitios web en los que se les denigra y acusa de cometer delitos, les allanaron sus casas. A uno de ellos, Carlos Choc, el Ministerio Público (MP), en alianza con la mina rusa, quiere meterlo preso.

A las 7:02 a.m. del 26 de octubre de 2021, cuando ya el gobierno de Guatemala había decretado estado de sitio en El Estor tras la violencia policial, empezó el acoso contra juan Bautista Xol: mientras un canal de televisión de tendencia oficialista transmitía imágenes en vivo, decenas de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), del MP y la inteligencia estatal rodearon la casa del periodista. A los pocos minutos la allanaron y mantuvieron incomunicados a Xol y a su familia durante dos horas. Así consta en un reporte de agresión elaborado por Prensa Comunitaria, el medio independiente para el que trabaja Xol, y la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala (PDH).

Antes de ese allanamiento, durante la arremetida policial, una página de Facebook afín a la mina rusa había subido fotos de un hombre encapuchado de quien decía era el periodista Xol, que, según esa publicación, se disponía a atacar a la PNC. Todo era mentira: Xol había estado todo el rato documentando los abusos policiales y transmitiéndolos en vivo desde su teléfono celular.

En un testimonio que dio luego, Xol explicó que durante el allanamiento los policías obligaron a su esposa a desbloquear un teléfono celular en el que el periodista guardaba las fotos de los abusos policiales del fin de semana anterior.

“La PNC y el Ministerio Público retuvieron al periodista Xol Coc y su familia aproximadamente dos horas. Hacen que la familia esté en el corredor durante el allanamiento y les impiden comunicarse vía teléfono. A las 9:30 aproximadamente finaliza el allanamiento; la PNC y MP no encontraron ningún indicio o pruebas y no capturaron al periodista, pero sí secuestraron el celular de la pareja Xol Coc diciendo que se sometería a un análisis”, dice el informe de agresión redactado por Prensa Comunitaria.

La única razón por la que Juan Bautista Xol no fue arrestado es que el periodista, antes del allanamiento, alcanzó a comunicarse con alguien que informó a sus colegas del inminente registro. Desde Ciudad de Guatemala, Prensa Comunitaria hizo una denuncia pública de inmediato, la cual levantó alarmas incluso en el extranjero.

El Comité de Protección a Periodistas (CPJ en inglés), basado en Nueva York, emitió una alerta el 28 de octubre. “Las autoridades guatemaltecas deben de detener el acoso a periodistas que cubren estas protestas y asegurar que la prensa independiente pueda cubrir de forma segura eventos de interés nacional e internacional”, escribió el comité en un comunicado.

Al mismo tiempo que los agentes del Estado entraban a la casa del periodista Xol, otro contingente de policías, estos acompañados por empleados de la mina rusa, entraron por la fuerza a la casa de Carlos Choc, otro periodista Q’eqchi’. Según testimonios de los vecinos, recogidos en el informe elaborado sobre esta agresión, los policías no encontraron a nadie en la casa. Aun así, revolvieron todas las pertenencias de Choc, destruyeron parte del mobiliario y se aseguraron de dejar a la vista una de las credenciales de periodista que ahí encontraron.

A Carlos Choc el Estado de Guatemala lo persigue desde 2017, luego de que el periodista Maya Q’eqchi’ documentó por primera vez que la mina, propiedad de la empresa ruso-suiza Solway, estaba contaminando el Lago de Izabal y de fotografiar el cadáver de un pescador al que la policía asesinó en mayo de aquel año mientras protestaba en El Estor contra las actividades de la mina.

Como represalia, el MP guatemalteco abrió un proceso penal a Choc y le decretó una orden de captura. Por aquel caso, finalmente, un juez de Puerto Barrios, la capital administrativa de Izabal, el departamento de Guatemala en que se ubican El Estor y la mina, decretó medidas alternativas al arresto y obligó a Choc a presentarse a la sede del Ministerio Público a firmar una vez al mes.

El 6 de marzo de 2022, 20 medios de todo el mundo, incluido Prensa Comunitaria, publicaron varias investigaciones, basadas en miles de documentos internos de la mina rusa y en años de cobertura en el territorio, que revelan irregularidades y violaciones a derechos humanos cometidas por los mineros en complicidad con el gobierno de Guatemala. Entre ellos que la mina hace pagos mensuales a la PNC, que ha servido como brazo armado en desalojos de comunidades indígenas, y que empresas socias de la minera sobornaron al presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei.

Después de esa investigación, el MP, aliado de Giammattei, volvió a arremeter contra el periodista Carlos Choc. Trece policías acusaron a Choc y a otras 11 personas de atacarlos durante los disturbios de octubre. La única prueba presentada es un informe médico levantado a última hora que solo da fe de que los policías tenían algunos rasguños. Lo que Choc hacía cuando según el Ministerio Público agredía a los agentes era cubrir los abusos policiales, como muestran vídeos y fotos de él publicadas.

El juez Aníbal Arteaga, de Puerto Barrios, firmó órdenes de captura contra Choc y los otros acusados. Según documentos revelados en la investigación sobre la mina rusa y el gobierno, el juez Arteaga está en una lista de funcionarios a los que la minera entregaba regalos cada año. Y de acuerdo con el mismo Ministerio Público, Arteaga ha sido cómplice de narcotraficantes, por lo que hay un proceso de antejuicio pendiente (en Guatemala los jueces gozan de fuero).

CPJ, desde Nueva York, también ha alertado por el peligro en el que el Estado de Guatemala ha puesto al periodista Carlos Choc.

Las agresiones del Estado guatemalteco al periodismo independiente no se limitan a El Estor y a la mina rusa. En 2021, el MP criminalizó y metió presa a Anastasia Mejía, una periodista comunitaria Maya Quiché a quien CPJ había reconocido con un premio a la liberta de prensa.

En pasado 4 de abril, Juan Luis Font, un reconocido periodista y presentador de televisión basado en la capital guatemalteca, anunció en su cuenta de Twitter que abandonaba temporalmente el país luego de que el MP lo sometió a persecución penal. Font también ha sido una voz crítica del gobierno de Giammattei y de la fiscal general Consuelo Porras, a quien Estados Unidos ha nombrado agente corrupta y antidemocrática en Centroamérica.

La situación de la libertad de información ha empeorado notablemente en Guatemala en los últimos meses. La PDH y el programa de libertad de expresión del medio Prensa Comunitaria documentaron 125 agresiones en 2021, un promedio de una agresión cada tres días. Entre enero y marzo de 2022 se registra, en promedio, una agresión cada dos días.

No es mejor la situación en la nación vecina, El Salvador. Ahí, el presidente Nayib Bukele abandera una cruzada para sofocar el acceso a la información pública y acallar a la prensa independiente que ha revelado, entre otras cosas, la corrupción del gobierno y el pacto que este mantiene con las pandillas MS13 y Barrio 18, responsables de la mayoría de los homicidios en el país.

El jueves 7 de abril, el periódico digital El Faro, uno de los más críticos del presidente Bukele y cuyo periodismo desveló el pacto pandillero y múltiples casos de corrupción del gobierno, hizo algo que no había hecho en 24 años de existencia: cerrar su portada para publicar un editorial en el que denuncia la persecución de Bukele y la arremetida presidencial contra el periodismo.

Un día antes, el 6 de abril, los diputados de Bukele habían aprobado en el Congreso reformas legales que permiten al oficialismo perseguir a cualquiera que hable sobre las pandillas, del control territorial que ejercen en amplias zona de El Salvador y de la incapacidad del gobierno para contener la violencia cuando el pacto que mantiene con las pandillas se distorsiona, como ocurrió el último fin de semana de marzo, cuando una de esas distorsiones dejó 87 cadáveres en 72 horas en las calles y barrios del país.

“Es una reforma arbitraria que abre la puerta a la censura. No hace falta mucha interpretación cuando se están poniendo penas de 15 y 20 años de cárcel a quien diga que las pandillas ejercen control territorial en el país”, dijo Nelson Rauda, periodista de El Faro y secretario de actas de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), en charla con Infobae.

Rauda destaca que el “espíritu del legislador” -la intención de los diputados- en este caso queda claro luego de las declaraciones públicas de algunos congresistas del partido de Bukele. Jorge Castro, de Nuevas Ideas, leal al presidente, había pedido, antes de las reformas, legislar para que hubiera “consecuencias jurídicas” para los medios que publicaran sobre el pacto de Bukele con las pandillas.

Todo está disfrazado como un intento de legislar para, según los diputados bukelistas, evitar algo que ellos llaman apología del delito. De lo que se trata, en realidad, es de esconder la relación del gobierno con las pandillas, algo que, de acuerdo con al menos dos agentes federales consultados por Infobae en Washington, está a punto de generar acusaciones penales del Departamento de Justicia a dos funcionarios de Bukele señalados de coordinar el pacto.

En diciembre de 2021, el Departamento de Justicia de Estados Unidos sancionó a Osiris Luna y a Carlos Marroquín, funcionarios cercanos a Bukele, a quienes señaló de coordinar el pacto pandillero en nombre del presidente. Poco después, la agencia Reuters reveló que el gobierno estadounidense preparaba un caso criminal por eso.

En El Salvador, con las nuevas medidas de los diputados de Bukele, hablar de este pacto y del control que las pandillas tienen en amplias zonas del país es ya un delito por el que un periodista puede ir a parar a la cárcel y quedarse ahí entre 15 y 20 años.

Todo queda ya a discreción del fiscal general, los policías y los jueces y magistrados que, en El Salvador, trabajan al servicio del presidente Nayib Bukele, a quien la prensa independiente le da alergia.

“Han juntado todas las herramientas para criminalizarnos. Esa es la intención explícita. Solo están esperando para dar el próximo paso, que es meter preso a un periodista”, dice Nelson Rauda, de El Faro y APES. Añade: “No hay ninguna institución que impida esto. Nadie lo impide. No hay una judicatura independiente. Todo está en sus manos”. Según Rauda, lo que Bukele y su gobierno quieren seguir afianzando es una narrativa según la cual en El Salvador no hay pandillas.

En general, los ataques a la prensa salvadoreña aumentaron en forma acelerada desde que Bukele llegó a la presidencia. En 2020, primer año completo de gestión bukelista, APES registró 125 agresiones, cerca de un 40% más que el año anterior. En 2021 hubo 219 agresiones e iban 30 hasta el 5 de abril.

Y así como el periodista Juan Luis Font tuvo que irse de Guatemala, ya hay periodistas salvadoreños que han tenido que salir de su país para que no los metan en cárceles controladas por los funcionarios de Bukele o por los pandilleros de los que esos funcionarios son aliados. APES registra tres casos de desplazamientos forzados de periodistas, pero Rauda advierte que pueden ser más. Un conteo independiente de Infobae pone la cifra en media docena de periodistas salvadoreños exiliados.

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