Condenaron a 10 años de prisión a un joven ecuatoriano por matar a un ladrón

La Fiscalía asegura el hecho no califica como legítima defensa

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La familia Morales pide justicia para el joven. (Foto: Carlos Noriega / EL COMERCIO).
La familia Morales pide justicia para el joven (Foto: Carlos Noriega / EL COMERCIO)

Un joven de 21 años fue condenado en primera instancia a 10 años de prisión por un homicidio en Quito. Se trata de Santiago Ortega Morales, cuya actuación se viralizó por protagonizar un video en el que ataca al delincuente que supuestamente agredió a su hermana. El malviviente más tarde perdió la vida por los golpes.

Todo sucedió el domingo 23 de agosto de 2020. Shantal Ortega, hermana de Santiago, en estado gestación, se hizo cargo de la tienda familiar de abarrotes. Ese día, según los familiares del sentenciado, alguien entró al negocio familiar sobre el medio día para intentar robar dinero. Shantal gritó por ayuda y llegó Santiago, su hermano menor. El joven persiguió y embistió al ladrón y luego le propinó algunos golpes con un bate de béisbol. Luego del incidente los Ortega Morales continuaron con su rutina diaria. Shantal se recuperó de sus lesiones y logró dar a luz.

Tras el hecho, Tania Morales, la madre de Santiago, contrató a un abogado, quien le dijo que, con base en las pruebas, su hijo sería sentenciado a 34 años de prisión.

Según los testimonios de los familiares de Santiago Ortega, apresado en el Centro de Detención Provisional de El Inca al norte de Quito, el sentenciado defendió a su hermana embarazada del ataque de un hombre que asaltó y asestó varios cortes con un arma blanca a la mujer mientras atendía en el negocio familiar. Ortega, quien asegura haber obrado en legítima defensa, golpeó a sus espaldas y en la cabeza al asaltante con un bate de béisbol.

El 6 de febrero de 2021, el joven fue detenido bajo la acusación de asesinato. El asaltante había muerto por una hemorragia cerebral, fractura de cráneo y trauma craneoencefálico.

La defensa de Ortega busca defender la tesis de la inocencia del imputado alegando que ejerció su derecho a defenderse, lo que, según la Fiscalía, ya fue refutado con las pruebas presentadas y resuelto por un Tribunal de Garantías Penales que consideró que un hubo plan previo para ejecutar el ataque.

Para la Fiscalía, el ahora fallecido fue atacado de forma ilegítima y a traición. Como resultado de la golpiza, el asaltante murió. Ese mismo día, la policía intentó detener a Ortega en delito flagrante, pero no pudo encontrarlo.

La audiencia de juicio se instaló el 1 de diciembre de 2021. Los abogados de la fiscalía expusieron sus argumentos y presentaron sus pruebas documentales y periciales para sustentar el cargo de homicidio agravado en contra de Santiago Ortega Morales.

El Tribunal de Garantías Penales declaró por unanimidad la culpabilidad de Ortega y la pena de 10 años de prisión, que resulta en la pena mínima prevista en la ley penal ecuatoriana para estos casos. Según la Fiscalía, los jueces no encontraron relación con el estado de legítima defensa, que alegó el abogado del sentenciado.

Para que la legitima defensa se justifique se deben cumplir tres condiciones: que la agresión sea actual e ilegítima, que exista una necesidad razonable de autoprotección y que exista falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende. El tribunal también impuso a Ortega 16 mil dólares de multa, correspondientes a 40 salarios básicos, y a una reparación de 10 mil dólares a los familiares del fallecido.

La Fiscalía alegó que en lugar del presunto robo no se encontró el arma con la que supuestamente fuera agredida la hermana de Ortega ni los 80 dólares sustraídos del negocio. También indicó que el ataque al ahora fallecido no se produjo en la tienda de abarrotes, sino a varias calles de distancia, que la embestida sucede a espaldas, a traición, sin provocación alguna y sin darle la oportunidad para defenderse, que es lo que puede verse en el video divulgado en las redes sociales del internet.

La Fiscalía pide que los jueces estimen las circunstancias agravantes y que se extienda la pena de prisión en contra del sentenciado al rango que va de los 26 a los 34 años y 8 meses de cárcel.

La audiencia de apelación de primera instancia, que fue solicitada por la Fiscalía y por la defensa del sentenciado, está prevista para este 13 de abril de 2022.

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