Ministro de Seguridad de Honduras: “Hay que abordar de inmediato la corrupción en las instituciones públicas”

Regresó a Honduras a finales de 2021 después de pasar cinco años exiliado, luego de que el ex presidente Juan Orlando Hernández (JOH) lo destituyó de su cargo como jefe de la Policía Nacional. El general Ramón Sabillón volvió para asumir como ministro de seguridad en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Una de sus primeras acciones públicas fue arrestar a Hernández en cumplimiento de la orden girada por un juez hondureño tras una petición de extradición hecha por el gobierno de Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

Sabillón encontró un país que había estado arrodillado por años, a cuyo Estado el crimen organizado y la corrupción habían permeado por completo. Fiscales de Nueva York que investigaron a JOH, a su hermano Juan Antonio Hernández y a otros políticos involucrados con el narcotráfico han dicho de Honduras que fue un estado mafioso. Sabillón lo calificó de algo muy cercano al estado fallido.

En una entrevista exclusiva, Infobae le preguntó a Sabillón por dónde se empieza en un país como Honduras. Por ahora, dice, la Policía ha intervenido más narcolaboratorios que en años anteriores y trata de descabezar a las organizaciones criminales herederas de los grandes clanes de narcotraficantes antes de que se fortalezcan. De esos herederos de los grandes narcos dice que son un “mix” de políticos, pandilleros, operadores judiciales, militares y empresarios.

Cree que es necesaria una depuración integral en todo el Estado y que esta debe de ocurrir “con procesos penales, de una forma pragmática” y abarcar a la fuerza pública, al sistema judicial y al Ministerio Público. Pide, también, una reforma legal que devuelva a la policía la capacidad de dirigir las investigaciones de delitos cometidos por pandillas, facultad que el gobierno de Hernández trasladó a la Fuerza Armada: “El gobierno anterior quería desaparecer a la policía o ponerla en un plano administrativo”, dice Sabillón.

Desde una reflexión más personal, el general asegura que suprimió sus emociones el 15 de febrero pasado, cuando detuvo a Juan Orlando Hernández para llevarlo a la celda en la que aún espera su extradición a Estados Unidos. Esta es parte de la conversación (editada por claridad).

- ¿Cuál es la situación actual del narcotráfico tras la caída de los grandes clanes y el encarcelamiento del expresidente Juan Orlando Hernández?

-Siempre que estas mafias criminales o carteles se desplazan hay otros que buscan posicionarse. Estamos en el punto medio de intervención para que el Estado tome el control y evitar una victimización o que el tratamiento del delito no vaya a terminar en un estallido de violencia en que vaya a haber víctimas inocentes en este conflicto. Estamos previniendo que otros carteles tomen el control, porque hay una resistencia criminal a abandonar y hay otros presionando para desplazar, pero estamos conduciendo una ejecución muy rápida de acuerdo con la ley.

- ¿Qué fuerzas están tratando de entrar: son remanentes de los viejos grupos, miembros corruptos de la fuerza pública, pandillas?

-Hay un mix de varios factores. A todos los actores involucrados, sean de orden pandilleril, policiaco, exmilitar, expolítico, o cualquier operador de justicia implicado en el tema, o del sector empresarial, que es el otro campo, le vamos a dar una respuesta de investigación y lo abordaremos; desde el punto de vista procesal buscamos la eficacia, que sean investigados y juzgados por las instancias correspondientes, y a través de esto intervenir en los otros delitos que se configuran alrededor del narcotráfico, como el lavado de activos.

- ¿Hablamos de grupos parecidos a Los Valle o Los Cachiros, con capacidades operativas grandes e importante control territorial o son grupos más pequeños?

-Son grupos más pequeños. La ventaja es que se han desconfigurado y se han desconcentrado. Con un nuevo equipo de policía y el planteamiento de una nueva dinámica operativa se ha debilitado a estos clanes y los que hay son incipientes, pero tampoco los dejamos crecer. Una de las estrategias es la erradicación, que es intervención temprana. Hemos hecho más intervenciones en la misma época que en otros años e incluso estamos superando ya años completos. Antes era invisible y hoy hemos desmontado estructuras de laboratorios, con lo que los estamos debilitando de entrada. Hay un tema que va a llevar más tiempo, que es la prevención del consumo de drogas, pero eso pasa también por otras instancias del Estado.

(Fue durante la gestión de Sabillón como jefe de la Policía Nacional, entre 2013 y 2014, que unidades de inteligencia policial descubrieron e intervinieron los primero narcolaboratorios en Honduras. Uno de ellos fue intervenido cerca de una aldea llamada La Iguala, en el departamento de Lempira, de donde es originario Juan Orlando Hernández. Investigaciones preliminares que el Ministerio Público se negó a seguir indicaban que Juan Antonio “Tony” Hernández, tenía relación con ese laboratorio. Una investigación judicial estadounidense reveló, también, que el expresidente se asoció con el narcotraficante Giovanny Fuentes para obtener ganancias de un narcolaboratorio en Choloma, al norte del país).

- ¿Es el narcotráfico el principal reto que usted encontró cuando la presidenta Xiomara Castro lo nombró ministro de seguridad?

-El narcotráfico y su influencia en el mercado interno. El segundo es la corresponsabilidad que llevamos con otros países del área en materia operativa, de planificación, y en el tema de extradiciones que tienen mucho acento sobre las estructuras criminales del país. También están las extorsiones y tercer elemento el homicidio. Son los temas en los que hay que intervenir de forma inmediata. El tema de la corrupción en todas las instituciones públicas es un tema muy delicado que también hay que abordar inmediatamente.

- Los procesos judiciales en Estados Unidos contra narcotraficantes y políticos hondureños hablan de un Estado fallido, de un narcoestado. ¿Cómo empieza a trabajar usted en un mapa de tanta penetración criminal?

-Este es un tema muy importante, un punto axial que se tiene que invertir. Es importante recuperar la institucionalidad. Si el expresidente del Ejecutivo estaba implicado, usted puede ver el tipo de involucramiento que había. En el tema judicial también es devastador. El primer tamiz o colador, el primer filtro fue el cambio político. Hay una nueva generación de políticos que nos permite perseguir a otros actores que han estado en las instituciones de forma más eficaz. Las investigaciones siguen de ese mix entre política y crimen organizado, y del narcotráfico como punto toral del crimen organizado. Hay que intervenirlo con una buena investigación científica, no desde el punto de vista teórico o de forma mediática; hay que hacerlo con una investigación que permita obtener resultados eficaces.

- ¿Es necesaria una depuración de la fuerza pública?

-Sí, en la Policía Nacional tiene que ser permanente. No descarto que deba de hacerse en la Policía. El ejército tiene sus propios mecanismos. Pero qué hace la policía sin un estamento político sano. El gobierno anterior quería desaparecerla o ponerla en un plano administrativo. Qué pasa en el Poder Judicial. Con la fiscalía. ¿Están sanos? ¿Y el sistema empresarial? Tiene que ser una política nacional integral, implementado por la señora presidenta, para depurar las instituciones con proceso penales, de una forma pragmática. No es solo la fuerza pública. Nosotros somos el primer escalón, luego viene la fiscalía, luego el poder judicial. Pero si vienen y te anulan una ley, crean impunidad te hacen difícil la aplicación del derecho positivo, y también si en el financiamiento te ahogan con un presupuesto. Pero ya indicadores de que estamos cortando con esta vieja política de una forma sana; ya hay un expresidente, un exdirector…

- La otra pata de esta mesa es el Ministerio Público, ¿cómo es su relación con el actual fiscal general?

-Esperamos que a futuro mejore. De inicio hemos tenido una o dos conversaciones en la que tratamos algunos asuntos, pero no hemos tenido el seguimiento deseado. Estamos reconfigurando la política criminal del Estado en una forma más práctica y visible. No ha habido reuniones suficientes para abordar el tratamiento del delito que todos deseamos.

(Óscar Chinchilla, el actual fiscal general de Honduras, es un funcionario cercano al expresidente Juan Orlando Hernández y al Partido Nacional. En el pasado recibió señalamientos de favorecer a diputados de ese partido y a no dejar avanzar investigaciones que afectaban a Hernández y a su entorno).

- ¿Hay más extraditables aparte del expresidente?

-Hay otras personas. He visto en las redes sociales que mencionan a fulano y sutano y hacen montajes de fotografías que no corresponden a esos nombres. Entiendo la ansiedad del pueblo hondureño de que se haga justicia. A cualquier nueva petición de extradición que venga se le dará el mismo tratamiento que se ha dado a los que ya están presos. Hemos dejado el mensaje de que se va a proceder de acuerdo con la orden que emita el órgano competente.

- ¿Cómo está la salud del expresidente ahora que ya está esperando la última etapa antes de su extradición?

-Se encuentra en un estado de salud aceptable. Digo aceptable no por las condiciones, sino por su anatomía. Sus funciones biológicas están muy buenas. Está cumpliendo con sus horas de sol con sus ejercicios por algunos problemas de lumbago. Está cubriendo sus periodos de sueño de forma aceptable. Tiene una alimentación adecuada. Tiene una medicación adecuada porque él toma algunos medicamentos que hay que suministrarle; hay médicos a la cabeza pendientes de cualquier emergencia que pudiese presentarse. Está recibiendo las visitas que según el reglamento interno se permite. Él se comunica con sus abogados, con su esposa, sus visitas en una forma coherente y muy correcta.

- ¿Tuvo algún significado personal haber sido quien capturó al expresidente Hernández? Sabemos que fue él quien lo destituyó y le quitó todas las protecciones en 2014, con lo que usted tuvo que exiliarse de Honduras.

-En este caso la persona se desprende del funcionario. En el sentido existencial, como ser humano, no priva ninguna emoción especial, las emociones se suprimen. Priva, como funcionario, el cumplimiento de la ley y de las órdenes emanadas de las autoridades competentes. Simbólicamente sí, porque este fue el final de un proceso investigativo, en virtud de la ley, en que necesitamos asegurarnos de que las más altas magistraturas no incurran en este tipo de acciones. En este caso el país requirente es Estados Unidos, pero lo que yo cumplí fue una orden emanada del juez hondureño competente, que estaba basada en la Constitución de la República. No hubo nada personal, solo se trata de un funcionario encargado de hacer cumplir la ley.

- Sobre las pandillas: en Honduras se habla sobre todo de narcotráfico, pero sabemos que el Barrio 18 y la MS tienen una presencia muy fuerte. ¿Cuál es la situación actual?

-En este caso, la Policía Nacional solo cumple una función de apoyo, porque la investigación sobre la actividad criminal de las pandillas está bajo la administración militar en la Fuerza Nacional Antimaras; son ellos los que llevan el delito de extorsión. El delito de extorsión está sobre los hombros de la Fuerza Armada.

- ¿No debería de ser una sola cabeza la que investigue esto?

-La Policía tiene control preventivo en los barrios, control en los estadios y vemos cómo podemos ir coordinando esfuerzos en las instituciones gubernamentales para enfrentar este fenómeno de pandillas y el consumo de droga para intervenir en esta problemática. Pero no tenemos la otra cara que es la investigación criminal de estos delitos relacionados a las pandillas, el golpe de ley que llamamos, y una fuerza pública que adolezca de esa herramienta legal queda con un dedo amputado y lo que pasa luego es la victimización de la población a la que los pandilleros le cobran extorsión. Esa facultad debe de corresponder a la Policía Nacional y debería de haber reformas al respecto.

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