Nayib Bukele vuelve a complicarse con el Bitcoin, su pacto con las pandillas y las primeras fisuras en su gobierno

Los planes de financiar la deuda de El Salvador a punta de bonos amparados en el Bitcoin siguen sin cuadrarle al presidente Nayib Bukele. Durante la tercera semana de marzo, su gobierno tuvo que posponer la emisión de esos bonos en medio de explicaciones contradictorias.

La administración Bukele lleva varios meses preparando la emisión de bonos bitcoin por USD 1,000 millones a través de La Geo, la empresa de producción de energía en la que el Estado salvadoreño es socio mayoritario a través de la Compañía Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). El pasado febrero, el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, principal ejecutor del plan, viajó a Europa a intentar convencer a potencial inversionistas de invertir en el bono.

No hay información precisa sobre la suerte que ha tenido el gobierno en la colocación de los bonos. El ministro Zelaya dijo el martes 22 de marzo en una entrevista televisiva que calculan que la demanda rondará los USD1,500 millones, pero también adelantó, en esa conversación, que el gobierno había atrasado la emisión del bono bitcoin en espera de “el momento adecuado” para lanzarlo al mercado.

La fecha inicial para el lanzamiento era entre el 15 y el 20 de marzo, según información publicada por Reuters, pero el desplome de la criptomoneda tras la invasión rusa a Ucrania ha hecho trastabillar a los mercados y el Bitcoin bajó a la mitad de lo que valía a finales de 2021. El ministro Zelaya fijó en septiembre el plazo para la emisión, en espera de que el mercado se estabilice.

De acuerdo con Ricardo Valencia, catedrático salvadoreño basado en Estados Unidos, la invasión rusa a Ucrania no juega un papel menor en este tema. En un artículo reciente, Valencia comparó a Bukele con Vladimir Putin, el dictador ruso, y elaboró sobre cómo el cerco impuesto por Occidente a Moscú también ha afectado las narrativas grandilocuentes del salvadoreño.

“La audiencia principal de esta estrategia está conformada por extremistas anarcocapitalistas y ultraconservadores que creen en el repertorio de falsas conspiraciones que incriminan a Estados Unidos y Europa en un complot contra el gobierno salvadoreño. Bukele quiere ser el prócer del Bitcoin de esos extremistas que luchan contra la ‘tiranía’ del dólar”, razona Valencia al destacar las similitudes entre las narrativas falaces de los líderes ruso y salvadoreño.

Pero, al parecer, la narrativa de un criptomercado en declive temporal no encaja con la narrativa de Nayib Bukele. Un día después de las declaraciones del ministro Zelaya, reproducidas en varios medios salvadoreños, el presidente volvió a Twitter para decir que el atraso en la emisión del bono Bitcoin (al que la propaganda oficial bautizó como Bono Volcán porque, se supone, la criptomoneda será minada con energía geotérmica) no tenía que ver con el mercado sino con la agenda financiera del gobierno.

Según Bukele, la emisión del bono ha sufrido “un pequeño” retraso porque el gobierno mandará primero una reforma al sistema de pensiones a la Asamblea Legislativa.

Lo cierto es que Nayib Bukele no cuenta aún con una alternativa real al crédito por USD1,300 millones que tiene estancado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para financiar la deuda salvadoreña, por su insistencia en apostarle al Bitcoin y por el pleito constante con la administración Biden.

De acuerdo con al menos dos analistas de riesgo en Wall Street con los que Infobae ha consultado desde finales de 2021 sobre la situación de la deuda salvadoreña, el gobierno de Bukele ha insistido en apostarle al bono Bitcoin, que ha ofrecido a varios potenciales inversionistas en España, donde el ministro Zelaya viajó en febrero, Luxemburgo y en Estados Unidos, pero, según esas fuentes, las presentaciones han dejado “más dudas que certezas”.

Una de las dudas tiene que ver con la capacidad que tiene LaGeo, la empresa que amparará la emisión del bono Bitcoin, para sostener la deuda.

También hay dudas, muchas, en los dos pasillos de la política estadounidense. El mismo 23 de marzo por la mañana, el Comité de Exteriores del senado aprobó por unanimidad un proyecto de legislación titulado “Ley de rendición de cuentas de criptomoneda en El Salvador”, que, de ser aprobado por ambas cámaras del Congreso, obligaría a varias agencias del gobierno federal a seguir de cerca toda la inversión de los “bitcoiners” en El Salvador. Es decir, pondría a Bukele bajo una lupa más potente.

La respuesta a esta iniciativa bipartidista en Washington fue furibunda. “El gobierno de los Estados Unidos NO representa la libertad y eso es un hecho probado. Así que nosotros representaremos a la Libertad. ¡Adelante! El Bitcoin es FU Money (por Fuck you money, púdrete dinero)”, escribió Bukele en inglés en su cuenta de Twitter.

William Cassidy, un senador republicano de Luisiana, le contestó a Bukele: “Esta política (Bitcoin) no es muy popular entre los salvadoreños en Estados Unidos. Estamos respondiendo a sus preocupaciones. Quizá no confían en un presidente que se jacta de comprar Bitcoin desnudo”, escribió el legislador en referencia a otro tuit del salvadoreño en que dijo eso, precisamente, que compraba Bitcoin desnudo.

Más allá de la batalla tuitera, lo relevante de la respuesta de Cassidy es que viene de un republicano conservador, el público de la política estadounidense a la que el bukelismo sigue apelando en sus afanes de no quedar completamente aislado.

El Bitcoin affaire lleva meses siendo el más ruidoso en la gestión Bukele. Hay otros líos, más subterráneos, por los que el presidente y séquito prefieren pasar en el más absoluto silencio.

Hay uno que también ha agriado la relación con Washington, aun desde los meses en que la administración de Bukele coincidió con la de Donald Trump en Estados Unidos, el del pacto del gobierno salvadoreño con las pandillas MS13 y Barrio 18, que ha permitido al primero presumir de una baja sensible en los homicidios y los líderes de los segundos influencia política y en algunos casos evadir a la justicia.

A mediados de marzo, la prensa salvadoreña reportó que la embajada de Estados Unidos en San Salvador envió una nota diplomática al gobierno de Bukele pidiéndole explicaciones por la liberación de Élmer Canales Rivera, alias Crook, uno de los líderes de la MS13 a los que Washington ha pedido extraditar para que enfrente a la justicia estadounidense.

“Por medio de (nota diplomática) informan que han recibido información de que el requerido (Canales) fue liberado del confinamiento a pesar de la existencia de una solicitud de extradición pendiente y de una notificación roja de Interpol, por lo que solicitan se proporcione… una actualización sobre la ubicación actual de Canales Rivera”, dice un escrito enviado por la Corte Suprema de Justicia a un tribunal, según una nota publicada por El Faro de El Salvador.

La supuesta liberación de Crook, uno de los líderes pandilleros a los que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha listado como objetivos y a quienes un tribunal de Nueva York reclama para que respondan por actos de terrorismo, es solo uno de los ejemplos en que funcionarios adeptos de Bukele han favorecido a la MS13.

Tampoco hay información certera sobre la situación judicial de Eliú Melgar Díaz, alias Blue, otro líder de la MS13 encarcelado en El Salvador en 2018 y reclamado en Estados Unidos por tres homicidios y por actos de terrorismo. Desde junio de 2021 la Corte Suprema de Justicia, varios de cuyos magistrados fueron electos por diputados afines a Bukele, ha retrasado el proceso de extradición de Blue. Aunque El Salvador tiene límite hasta septiembre para decidir sobre el envío del líder pandillero a la corte neoyorquina que lo reclama, es posible que Blue ya haya salido de la cárcel amparado en beneficios que concede la ley salvadoreña.

La sombra de las pandillas ha alcanzado a varios funcionarios del régimen Bukele. Osiris Luna, su jefe de prisiones, y Carlos Marroquín, un funcionario de Casa Presidencial, están a un paso de ser acusados por fiscales estadounidenses que los señalan de haber facilitado el pacto pandillero salvadoreño en nombre del presidente Bukele.

Hace poco también salió a relucir Rolando Castro, el ministro de Trabajo de Bukele, cuyo nombre aparece mencionado en un proceso judicial que involucra a una comerciante del centro de San Salvador que negociaba con pandilleros entregas de ayudas gubernamentales durante la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con un informe de la Fiscalía General anexo a ese expediente, “previa coordinación entre integrantes de la pandilla (Barrio) 18 con ayuda de Norma (comerciante), del personal que trabaja en la alcaldía de San Salvador y el señor Rolando Castro, ministro de Trabajo y Previsión Social, realizan trámites para la ayuda económica consistente en USD 300″.

A diferencia de Luna y Marroquín, que hasta ahora siguen en sus puestos y a quienes el gobierno ha protegido de que sean investigados, la Casa Presidencial se ha distanciado del ministro Castro, según dos funcionarios del gobierno confirmaron a Infobae bajo condición de anonimato. Castro aparece nombrado en la llamada Lista Engel, en la que el Departamento de Estado en Washington ha ubicado a funcionarios centroamericanos señalados por corrupción o vínculos con el crimen organizado.

No solo de Castro parece haberse distanciado el círculo íntimo de Bukele. A mediados de marzo fue destituido Juan Pablo Durán de su puesto como director del estatal Banco de Desarrollo de El Salvador. En 2020, Bukele encomendó a Durán la creación de un fideicomiso para beneficiar a pequeñas empresas afectadas por los cierres forzados debido a la pandemia, lo cual lo convirtió, en su momento, en uno de los funcionarios más visibles del gobierno.

Antes, a finales de febrero, Casa Presidencial se deshizo también de Carla Hananía de Varela, hasta entonces ministra de Educación. Como en el caso de Durán, en el de Hananía la casa de gobierno no dio explicaciones y solo hizo breves comunicaciones públicas para nombrar a los sustitutos.

“Lo que está pasando es que se están estrechando los círculos de poder alrededor del presidente. Y está pesando cada vez el círculo más íntimo, que es el familiar, el de su esposa, sus hermanos y uno de sus tíos”, explicó a Infobae un funcionario del Ejecutivo al tanto de los movimientos y quien habló bajo condición de anonimato por riesgo a represalias.

Las purgas parecen haber llegado hasta la Asamblea Legislativa, un reino político en el que manda Ernesto Castro, exsecretario privado de la presidencia y desde mayo de 2021 presidente del Congreso. Una publicación reciente expuso un caso de corrupción atribuido a la diputada Dania González, quien es cercana a Castro y fue subdirectora del Instituto Nacional de Juventud (INJUVE). Parte de la información expuesta incluye denuncias internas presentadas por Marcela Pineda, quien fue directora del INJUVE y hoy también es diputada del bukelismo.

El gobierno de Nayib Bukele concluye así el primer trimestre de 2022, entre la agenda obsesiva marcada por el Bitcoin y los pleitos con Estados Unidos, la continuidad del pacto pandillero y el primer asomo público de serias fisuras en el gobierno y en su grupo político. El primer capítulo del siguiente cuarto será, según lo anunció el mismo presidente, una reforma del sistema de pensiones que tiene ya nerviosos a propios y extraños.

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